Minorías religiosas hostigadas, de Argelia a Irán

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Los cristianos y otras minorías religiosas en distintos países musulmanes del norte de África y del Oriente Medio sufren un acoso habitual que se ha recrudecido en los últimos meses. Por eso la sección francesa de la organización católica Pax Christi International ha promovido una red de solidaridad llamada “Pluralismo de culturas y religiones”, que a principios de junio se presentó al público con un manifiesto a favor de la libertad religiosa en esa amplia región. La iniciativa ha recibido el respaldo de personalidades como Jacques Delors o Jean D’Ormesson.

Conversos perseguidos en Argelia

En Argelia se ha abierto un nuevo frente contra los cristianos. La mayoría de las víctimas son protestantes evangélicos, el objetivo principal de una ley aprobada en febrero de 2006. A fin de controlarlos y frenar su activo proselitismo, desde entonces los lugares de culto y los predicadores están sometidos a autorización gubernativa. Además, se pena con 2 a 5 años de prisión a quien “incite, fuerce o seduzca por distintos medios a un musulmán para que se convierta a otra religión”; o bien “produzca, almacene o distribuya documentos impresos o en cualquier otro soporte o medio pensados para debilitar la fe de un musulmán”.

Ciertamente, los evangélicos han llamado la atención en Argelia con sus métodos proselitistas, que incluso otros cristianos no aprueban; pero en torno a ellos el gobierno ha creado una especie de histeria, ayudado por la prensa de lengua árabe, que exagera el número de conversiones, según el corresponsal de Le Monde (28-05-2008). El ministro de Asuntos Religiosos ha llegado a lanzar contra los evangélicos la inverosímil acusación de ser vehículos de la injerencia extranjera en la vida interna del país. En todo caso, la presencia cristiana en Argelia es mínima: de 11.000 a 30.000 -según las distintas fuentes-, entre católicos y protestantes, en una población total de 32,5 millones.

La aplicación de la ley de 2006 ha estrechando el cerco. Varias comunidades protestantes de Cabilia han sido forzadas a cesar sus actividades. En marzo fue expulsado el pastor metodista Hugh Johnson, ex presidente de su Iglesia en Argelia, donde residía desde 1963. A principios de junio fueron condenados a prisión cuatro cristianos conversos por difundir literatura religiosa. Otros dos fueron sentenciados meses antes por el mismo motivo, lograron una revisión de su caso y están pendientes de nuevo juicio. Otro caso célebre es el de la conversa Habiba Kouider, detenida a finales de marzo en un autobús cuando simplemente transportaba algunas biblias; el fiscal pide 3 años de cárcel.

Este hostigamiento ha provocado protestas de la Liga de Derechos Humanos de Argelia y de un grupo de intelectuales que en marzo pasado firmaron un manifiesto en defensa de la libertad de conciencia y de religión. Por su parte, las Iglesias cristianas reclaman el cese de los procesos contra conversos, la reapertura de los lugares de culto clausurados y que se aplique el principio de reciprocidad, o sea, que en Argelia los no musulmanes tengan la misma libertad religiosa que se reconoce a los musulmanes argelinos en Francia y otros países europeos.

Ataques a coptos en Egipto

En Egipto, donde los coptos sufren agresiones con cierta frecuencia, la jerarquía de esta Iglesia se ha dirigido públicamente al presidente Hosni Mubarak para exigir que impida “nuevos ataques armados” y no permita que “la cruz sea insultada”. El comunicado, fechado el 15 de junio, está motivado por el asalto, a finales de mayo, a un monasterio situado en Malaui, unos 300 kilómetros al sur de El Cairo. En el momento del incidente se trabajaba en la construcción de un muro para proteger el edificio. Cuatro cristianos, dos de ellos monjes, resultaron heridos de bala; tres más fueron secuestrados y liberados al día siguiente, y un asaltante musulmán murió por disparos que la policía atribuye al contratista copto que dirigía las obras: él y un hermano suyo fueron detenidos.

El gobierno egipcio siempre niega que los ataques a los coptos estén motivados por la religión y los trata como si fueran disputas vecinales, que pretende resolver con mediadores entre unos y otros. La comunidad copta, por su parte, culpa al gobierno de consentirlos y, como dice un editorial del diario copto Watani (15-06-2008), de igualar víctimas y culpables, para sustituir la justicia con “simulacros de reconciliación”.

Los coptos son la minoría cristiana más numerosa de la región, el 6-10% de los 80 millones de egipcios, presente en el país varios siglos antes de la llegada de los musulmanes.

Represión contra los bahaíes en Irán

Los bahaíes casi nunca han tenido plena libertad en Irán, donde surgieron en el siglo XIX como una escisión del chiísmo. El acoso se hizo más duro con la instauración de la república islámica en 1979, que disolvió su órgano de gobierno, la Asamblea Espiritual, y se ha intensificado bajo la presidencia de Mahmud Ahmadineyad. En Irán (65,8 millones de habitantes) se cuentan unos 350.000 bahaíes, que son unos 7 millones en todo el mundo.

La iraní Shirin Ebadi, premio Nobel de la Paz en 2003, acaba de elaborar un informe sobre violaciones de derechos humanos en su país. Uno de los capítulos se refiere a la discriminación contra los bahaíes, a los que se niega el acceso a la universidad y a menudo el empleo. En las escuelas, es frecuente que los niños bahaíes sean forzados a renegar de su fe delante de sus compañeros. En los últimos cuatro años han sido detenidos unos 200 bahaíes; cinco de ellos han sido condenados a dos años de prisión.

Desde el mes pasado, la comunidad bahaí de Irán está descabezada. Seis de sus dirigentes clandestinos fueron detenidos el 14 de mayo. Otro miembro de la dirigencia, una mujer, está en la cárcel desde marzo pasado, y el 23 de mayo hubo tres detenciones más. Todos están acusados por el gobierno de actuar “contra los intereses nacionales”. Los bahaíes de Irán son a menudo tachados de espías de Israel.

La red promovida por Pax Christi pide a los gobiernos europeos que presionen a los países donde tienen lugar hechos como los referidos, para que “respeten y hagan respetar en sus territorios la libertad de creencia y de culto”. Para ello, propone que se condicionen las ayudas oficiales al respeto de ese derecho humano.

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