A finales de julio se firmó en Varsovia un nuevo Concordato entre la Santa Sede y Polonia, que sustituye al de 1925, impugnado unilateralmente por las autoridades comunistas polacas en 1945. De este modo, se reconoce bilateralmente la nueva relación entre la Iglesia y el Estado, ya instaurada en 1989, al caer el régimen comunista.
El Concordato comprende, entre otras cosas, el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia y de sus instituciones, el libre ejercicio de su misión, la enseñanza de la religión en las escuelas públicas, el derecho de fundar y dirigir centros académicos, y la atención pastoral en el seno de las fuerzas armadas.
Entre las principales novedades figuran: la afirmación clara de los principios que regulan las relaciones existentes entre la Iglesia y el Estado; el reconocimiento de los efectos civiles del matrimonio canónico, con lo que se recupera una práctica interrumpida por el anterior régimen; el compromiso, por parte de los obispos, de asegurar la atención pastoral de las minorías étnicas; la obligación, por parte del Estado, de subvencionar la Pontificia Academia Teológica de Cracovia y la Universidad Católica de Lublin, y, según sus posibilidades, de contribuir al mantenimiento de los bienes culturales pertenecientes a la Iglesia.
Otros aspectos, que exigen soluciones nuevas, se regularán mediante acuerdos posteriores. De modo particular, se completará el derecho matrimonial. Además, una comisión especial estudiará una nueva normativa acerca de las cuestiones financieras relativas a las instituciones católicas, los bienes eclesiásticos y el clero.