Probablemente el budismo será declarado la religión oficial del Estado en la próxima Constitución tailandesa. Los monjes han organizado una campaña pública para reclamarlo, y el gobierno militar, que de hecho tiene la decisión en sus manos, no quiere problemas y ha cedido a las presiones.
La Constitución en ciernes será la 18.ª desde 1932. La inestable historia política del Estado moderno de Tailandia, fundado entonces, registra numerosos golpes dados por militares, que en muchos casos abrogaban la Constitución vigente y elaboraban otra nueva. La junta que en septiembre pasado depuso al primer ministro Thaksin Shinawatra ha seguido esta costumbre. Aunque el presidente de la comisión encargada de redactar el nuevo texto, Prasong Soonsiri, se declaró firmemente en contra de la petición de los monjes, su postura no es determinante. Él y sus colegas han sido nombrados por los militares, que han decidido otra cosa.
El budismo, en concreto de la escuela Theravada, es la fe del 95% de los tailandeses. Llegó al país ya en los primeros siglos de nuestra era y está estrechamente ligado a la identidad nacional desde el siglo XIII. La Constitución -al menos en las últimas versiones- establece que el rey ha de ser budista (aunque también lo titula “Defensor de las religiones”). La de 1997, abolida por el actual régimen militar, que la sustituyó por una provisional en espera de la próxima, introdujo la siguiente declaración: “El Estado favorecerá y protegerá el budismo y las otras religiones”. Esto fue lo más que consiguieron los monjes, que también entonces pidieron la confesionalidad del Estado.
La jerarquía religiosa justifica la demanda diciendo que hoy el budismo está amenazado. A título de prueba señala sobre todo la violencia contra correligionarios en el extremo sur del país, donde se concentra la minoría musulmana (4,6% de la población). Este es el argumento que esgrime en su campaña, a veces ruidosa, que incluyó una marcha por la capital hasta el Parlamento, sede de la comisión constitucional.
La junta militar no quiere enfrentarse con los monjes ahora que ve disminuir su popularidad y todavía tiene pendiente la parte más importante de la tarea que se ha impuesto. Dentro de este año tiene previsto que se apruebe la nueva Constitución y se celebren elecciones para restaurar el gobierno civil. Tras la manifestación de los monjes, a finales de abril, el jefe de las fuerzas armadas y el primer ministro, también general, dijeron claramente que los militares no estorbarían la pretensión. “Si una cláusula constitucional de ese estilo contribuye a la paz del país, lo mejor sería incluirla”, dijo el primero, general Sonthi Boonyaratglin.
El temor de otros es que ese cambio tenga justo el efecto contrario, pues podría inflamar el separatismo musulmán del sur. La violencia en esa región ha causado unos dos mil muertos, budistas y musulmanes, en los últimos tres años. Los meses pasados ha habido ataques a mezquitas, en aparente represalia por asesinatos de budistas. En esta situación, aunque la declaración de confesionalidad budista sería más simbólica que otra cosa, no serviría para apaciguar a los musulmanes.
Algunos opuestos a ese cambio constitucional ven semejanzas preocupantes con el caso de Sri Lanka, donde también es mayoritario el budismo Theravada. Según la Constitución cingalesa, el Estado otorga al budismo “el lugar preeminente” y se obliga a “proteger y favorecer el budismo”, aunque sin menoscabo de los otros credos y de la libertad religiosa de los ciudadanos. El caso es que el país se desangra en una prolongada guerra civil con los tamiles, la minoría que profesa una variedad del hinduismo. Y allí, advierte entre otros tailandeses el ex senador Kraisak Choonhavan, la intransigencia de una jerarquía budista politizada atiza el fuego del conflicto (cfr. International Herald Tribune, 25-05-2007).