Ante los intentos de intimidación de algunos grupos, unos 150 líderes religiosos de tres confesiones cristianas de EE.UU. (ortodoxos, católicos y evangélicos) han firmado la Declaración de Manhattan. Se trata de un llamamiento a los cristianos para que no abdiquen de sus convicciones en los debates públicos sobre la vida, el matrimonio, la libertad religiosa y la objeción de conciencia.
El origen del manifiesto se encuentra en la polémica que ha suscitado la reforma sanitaria de Barack Obama, donde la financiación del aborto se ha convertido en un tema conflictivo (cfr. Aceprensa, 9-11-2009).
La Conferencia episcopal estadounidense hizo campaña a favor de la enmienda impulsada por el congresista demócrata Robert Stupak, que excluía la financiación federal al aborto en el seguro público y en los seguros privados subsidiados con dinero público.
La enmienda salió adelante en la Cámara de Representantes por una mayoría de 240 contra 194. Pese al amplio apoyo que recibió en las filas de los dos partidos (con 176 republicanos y 64 demócratas a favor), algunos analistas calificaron de injerencia la intervención de los obispos.
En un blog del Washington Post (17-11-2009), la escritora Susan Jacoby escribe: “La Iglesia tiene derecho a promover sus creencias y a utilizar a una minoría de legisladores para bloquear la voluntad de la mayoría. Y aquellos de nosotros que discrepamos, tenemos el derecho y el deber de plantar cara al chantaje religioso que se quiere hacer a un gobierno laico”.
Otros muchos analistas -sin ir más lejos, dentro del blog citado- proclaman el derecho de los obispos a intervenir en la vida pública, del mismo modo que lo hacen los demás ciudadanos del país. Galen Carey da un paso más y afirma que “ante las presiones de los lobbistas pagados por ricos y poderosos grupos de interés” era necesaria una voz “que defendiera a los inmigrantes, a los pobres, a los enfermos, a los ancianos y a los no nacidos en el debate sobre la reforma sanitaria”.
Verdades innegociables
En este contexto, varios obispos católicos de Estados Unidos no han dudado en adherirse a la Declaración de Manhattan que defiende la libertad de expresión de todos los cristianos. Entre ellos están Donald Wuerl, arzobispo de Washington; el arzobispo de Nueva York, Timothy Dolan; el arzobispo de Philadelpia, Justin Rigalli; y el obispo de Denver, Charles Chaput, conocido por impulsar el compromiso de los católicos en la vida pública (cfr. Aceprensa, 13-04-2009).
Los firmantes se presentan como “cristianos que nos hemos unido por encima de nuestras diferencias históricas, para reafirmar nuestro derecho -y, lo que es más importante, nuestra obligación- de hablar y actuar en defensa de estas verdades”.
El manifiesto proclama como “verdades innegociables” -no solo como convicciones de los creyentes- la sacralidad de la vida humana; la dignidad del matrimonio que consagra la unión conyugal entre hombre y mujer; y los derechos de conciencia y de libertad religiosa.
La declaración denuncia la ceguera del gobierno hacia el cambio de opinión que se ha producido sobre el aborto en la sociedad estadounidense (cfr. Aceprensa, 13-10-2009): “Pese a que la opinión pública se está moviendo a favor de la postura pro vida, observamos con tristeza que la ideología abortista prevalece en nuestro gobierno”.
Ante el auge de algunos fenómenos sociales como la cohabitación, el divorcio o los intentos de legalizar las bodas gays, el manifiesto recuerda que “cuando se erosiona el matrimonio surgen las patologías sociales. (…) El impulso de redefinir el matrimonio es un síntoma, más que la causa, de la erosión de la cultura del matrimonio”.
Advierte, asimismo, del peligro de sustituir la riqueza de esa cultura por “la falsa y destructiva creencia de que el matrimonio es sólo una aventura sentimental o una satisfacción para adultos”.
Dos amenazas a la libertad religiosa
La declaración es particularmente firme en la defensa de la libertad de expresión frente a “los que atropellan la libertad de los demás para expresar sus compromisos morales y religiosos con la santidad de la vida y la dignidad del matrimonio”.
El manifiesto denuncia dos amenazas actuales a la libertad religiosa. De un lado, los intentos legislativos de eliminar la objeción de conciencia en las profesiones sanitarias. De otro, el uso de medidas antidiscriminación para imponer los criterios del Estado a las organizaciones religiosas que desarrollan actividades de utilidad social, a través de hospitales, escuelas o agencias de adopción.
El mensaje final es claro: “No daremos nuestro consentimiento a ninguna ley que nos obligue a nosotros o a las instituciones que dirigimos a practicar abortos, investigar con embriones humanos, participar en suicidios asistidos o en la eutanasia, o cualquier otro acto que viole el principio de la profunda, inherente e igual dignidad de todos y cada uno de los miembros de la familia humana”.
“Nos comprometemos ante nosotros y ante los demás creyentes a no dejarnos intimidar por ningún poder terreno, ya sea político o cultural (…). Con mucho gusto, daremos al César lo que es del César. Pero bajo ninguna circunstancia daremos al César lo que es de Dios”.
El manifiesto se publicó en Internet el pasado 20 de noviembre. En menos de dos semanas se han adherido más de 240.000 firmantes. Entre los más conocidos figuran: Robert P. George, profesor de la Universidad de Princeton; James Dobson, presidente y fundador de Focus on the Family; Leith Anderson, presidente de la National Association of Evangelicals; Timothy George, editor de la revista Christianity Today; Tony Perkins, presidente de Family Research Council; y Robert Sirico, fundador del Acton Institute.