En la prensa internacional ha tenido amplio eco la absolución de Rimsha Masih, una cristiana paquistaní discapacitada, de unos 14 años, acusada falsamente de violar la ley contra la blasfemia (habría quemado hojas de papel en la que estaban escritos versos del Corán), con el consiguiente riesgo de ser condenada a muerte. El ministro de la Armonía Nacional, el católico Paul Bhatti –hermano del ministro federal para las Minorías, Shahbaz Bhatti, asesinado en 2011 (ver Aceprensa, 2-03-2011)–, confirmó el sobreseimiento de la causa.
Pero esta decisión judicial no puede hacer olvidar, como recuerda la agencia Fides, muchos otros casos en los que víctimas inocentes sufren en prisión, sometidas a un largo calvario legal. Dos artículos del Código Penal, el 295b y 295c, castigan con cadena perpetua o pena de muerte el desprecio del Corán o del profeta Mahoma.
De hecho, en las cárceles de Pakistán hay en estos momentos 16 personas en espera de ejecución por blasfemia; 20 reos están condenados a cadena perpetua, y otros siguen pendientes de juicio o de apelación contra la condena en primera instancia. “En el 95% de los casos, las acusaciones son falsas”, reconoce a Fides un abogado musulmán. Un abogado católico que defiende a muchas víctimas, Naeem Shakir, señala que “la ley es tan vaga que puede ser fácilmente instrumentalizada para ajustar cuentas personales. El abuso de esta ley amenaza a las minorías religiosas, y les obliga a abandonar el país porque no se sienten seguros”.
Graves casos pendientes: Asia Bibi y Younis Masih
Según Wilson Chaudhry, líder de la British Pakistan Christian Association, “la sentencia a favor de Rimsha no traerá un cambio inmediato. La volatilidad y la inestabilidad en la sociedad paquistaní no permiten la derogación de la ley sobre la blasfemia, que se utiliza como un instrumento para discriminar a las minorías y para la persecución”. Recuerda que la norma es apoyada por la mayoría de los musulmanes, y víctimas notorias, como Asia Bibi y Younis Masih, siguen en prisión por cargos falsos, a causa también de un deficiente sistema judicial.
El caso de Asia Bibi, una sencilla mujer cristiana condenada a muerte por falsa acusación de blasfemia, está pasando al olvido, en espera de que los jueces resuelvan el recurso de apelación. Entretanto, se impone recordar que dos grandes figuras públicas fueron asesinadas impunemente por defenderla: el entonces gobernador de Punjab, Salman Taseer, musulmán, y el mencionado ministro federal, Shahbaz Bhatti.
Younis Masih es un cristiano, padre de familia con cuatro hijos menores de edad, condenado a muerte en 2007 por supuesta blasfemia contra Mahoma: tenía 26 años cuando fue arrestado, y se ha celebrado ahora el juicio en apelación en el Tribunal Superior de Lahore. Fue detenido un día después de que se presentase la denuncia contra él en 2005. Desde entonces está en la cárcel. Aunque todo indica que el denunciante era un musulmán que frecuentaba la zona donde vivía Younis, para acosar a las chicas cristianas.
Las normas penales antiblasfemia
El caso Rimsha muestra la necesidad de reformar o derogar la ley sobre la blasfemia, que amenaza la libertad religiosa, derecho humano básico. Además, como señala la ONG Christian Solidarity Worldwide, la sentencia “no garantiza la seguridad personal de Rimsha y su familia”, aparte de no ser firme, al haber sido recurrida ante el Tribunal Supremo. Sólo una condena de la persona acusada de fabricar las pruebas contra Rimsha, el imán Khalid Jadoon Chishti, confirmaría los “progresos realizados por Pakistán”: este imán fue detenido por la policía, acusado de introducir él mismo las páginas del Corán entre las hojas quemadas, a fin de expulsar a los cristianos de una barriada de Islamabad.
De la intolerancia no se libran ni las propias minorías musulmanas que osan oponerse a los talibán, como se comprobó en el no lejano caso de Malala Yousafzai, la chica que sufrió un atentado en el valle de Swat y tuvo que ser trasladada a un hospital especializado del Reino Unido. La Constitución de Pakistán es de las más liberales del mundo islámico. Pero es letra muerta. Los extremismos imponen su propia voluntad, apoyados en un código penal que exige una reforma urgente.
Diversas ONG siguen lamentando que “las discriminaciones y la violencia contra las minorías religiosas están ampliamente difundidas, mientras que los autores gozan de impunidad”. El pasado mes de octubre, tras los saqueos e incendios de templos de diversas confesiones cristianas, un comunicado conjunto de Minority Rights Group International, International Dalit Solidarity Network, Franciscans International y Pakistan Dalit Solidarity Network, exigía la derogación de las leyes discriminatorias y la protección de los más vulnerables y marginados. La ley sobre la blasfemia –concluía el texto– constituye la base de la discriminación religiosa institucionalizada, así como de violencia y opresión perpetrada por el Estado y algunos grupos.