Preocupados por fenómenos que ponen en cuestión el principio de la laicidad, dos diputados franceses de la mayoría gubernamental han presentado en la Asamblea Nacional un proyecto de resolución para reforzar la aplicación de ese principio.
El texto de los diputados Jean-François Copé –secretario general de UMP, el partido de Sarkozy– y Christian Jacob, sobre la adhesión al respeto de los principios de laicidad y de libertad religiosa, es más doctrinal que práctico.
Reitera muchas cosas obvias. Ciertamente, la laicidad es fundamento del pacto republicano, de la identidad de Francia, definida en el artículo primero de su Constitución, de 4 de octubre 1958, como “una república indivisible, laica, democrática y social”. Entre los fundamentos evocados por UMP, no falta la cita a la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, de 26 de agosto de 1789, que establece en su artículo 10: “nadie podrá ser molestado por sus opiniones, incluso religiosas, siempre que su manifestación no perturbe el orden público”.
Como tampoco la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea de 2009, que estipula en su artículo 10: “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, a través del culto, la enseñanza, las prácticas y la observación de los ritos”.
Con la casi mítica ley de 9 de diciembre de 1905, se estableció en Francia formalmente la neutralidad del Estado en materia de religión, con la distinción de las esferas política y religiosa, y la consiguiente separación de Iglesia y Estado. Aunque en su momento la inspiración era más bien laicista y de lucha contra la Iglesia católica, hoy se puede decir, como recuerda la exposición de motivos de esta propuesta de UMP, que el principio de laicidad “no es la negación de las religiones o el combate contra ellas”. El Estado laico garantiza la libertad de las conciencias y la libertad de culto, respetando las creencias de cada ciudadano.
Se trataría, como ha repetido el presidente de la República, Nicolas Sarkozy, de una “laicidad positiva”, aunque –en determinados aspectos– se tiene la impresión de que el actual debate desemboca en limitaciones para la práctica externa de la religión musulmana, la segunda en Francia como consecuencia de la fuerte inmigración de países del norte de África.
A la comunidad islámica se refiere implícitamente el documento cuando menciona que, en los últimos años, han surgido problemas que niegan valores esenciales de la República desde motivos religiosos. En el fondo, se pretendería que las reglas de una religión o de una comunidad prevaleciesen sobre las leyes del Estado. Especialmente, cuando la protesta contra el principio de laicidad procede de extremistas, que instrumentalizan la religión con fines políticos, en detrimento de los creyentes, que serían las primeras víctimas de esas maniobras.
Un código de la laicidad
Pero el proyecto de resolución apenas aporta medidas prácticas. Como de costumbre, estima necesario que la pedagogía de la laicidad se tenga más en cuenta en el ámbito de la educación nacional. Pero, en lo estrictamente jurídico, apenas concreta que se desarrolle un “código de la laicidad y de la libertad religiosa”, para asegurar la vigencia de los principios. Porque algunos comportamientos, amparados en la libertad y en el pluralismo, condicionarían la pervivencia del específico modelo republicano francés y fragilizarían el conjunto de la comunidad nacional. Aceptar excepciones por razones comunitarias –se afirma– afectaría negativamente al funcionamiento de los servicios públicos.
No está claro si la mente de UMP –aparte de la motivación política de fondo, tras la fuerte apuesta de Marine Le Pen, la candidata del Frente Nacional para las presidenciales de 2012– es la redacción de un texto refundido de las muchas disposiciones vigentes, convenientemente actualizadas cuando sea necesario.
En ese sentido, se alude a la necesidad de clarificar las normas sobre la financiación de la construcción y mantenimiento de lugares de culto, de acuerdo con los principios de la ley de 1905. Reitera que, fuera de eventos tradicionales, no se pueden admitir actos de culto en la calle que alteren el orden público. Debería mejorar, en cambio, el cumplimiento de la última voluntad de todos, para que los difuntos sean enterrados de acuerdo con sus deseos. También se podrían revisar las disposiciones relativas al sacrificio ritual de animales destinados al consumo.
De acuerdo con alguna sentencia reciente, el deber de neutralidad de los funcionarios se ampliaría a personas asociadas a una misión de servicio público, por ejemplo, en la enseñanza y la sanidad. También habría que precisar las obligaciones de servicio público de radiodifusión, que contribuye a la libertad religiosa al permitir a personas inválidas o dependientes practicar su culto.
Dentro de ese planteamiento global, considera deseable que, en las empresas, se pueda imponer cierta neutralidad en materia religiosa, y, cuando sea necesario, una regulación de las prácticas y modos de vestir que podrían poner en peligro una convivencia armónica. Pero no parece que esto sea compatible con la libertad de empresa, y otros derechos amparados por la Constitución.
Nada se aporta, en cambio, sobre otros temas debatidos, como el trabajo dominical, o la presencia pública de conmemoraciones religiosas distintas de las católicas (el informe de la Comisión Stasi en 2003 se manifestó a favor de hacer festivos el Yom Kippur y el Aid-El-Kebir). Como tampoco sobre la representación de las diversas confesiones religiones ante las autoridades civiles.
Según La Croix, del 29 de mayo, los diputados socialistas son críticos sobre esta propuesta de UMP. Consideran que se debe poner mayor énfasis en la libertad de conciencia –”la libertad de creer o no creer”, según Jean Glavany. Por otra parte, no ven clara la necesidad del “código de la laicidad y la libertad religiosa”, que podría cuestionar la ley de 1905. Si no se aceptan sus enmiendas, votarán en contra. El problema técnico radica en que al parecer, según el reglamento de la Cámara, “una resolución no puede ser enmendada una vez que se deposita”.