Paidós. Barcelona (1997). 383 págs. 3.400 ptas. Edición original: Polity Press. Cambridge (1995). Traducción: Sebastián Mazzuca.
Casi nadie duda actualmente de que el llamado Estado-nación debe ser revisado si ha de responder a los grandes obstáculos con los que se enfrenta: las inestabilidades y problemas originados por la economía global; el rápido crecimiento de lazos transnacionales y las nuevas estructuras de toma de decisiones entre Estados, organizaciones intergubernamentales y grupos de presión; la expansión de los sistemas de comunicación transnacionales; y, por último, el desarrollo de nuevos problemas como los medioambientales, que no conocen fronteras ni aduanas.
Sí resulta, en cambio, más original ampliar la crisis de los Estados al sistema político que con ellos se ha desarrollado y hoy en día impera, en mayor o menor medida, en su seno: la democracia. El autor de este libro, profesor de Ciencias Políticas en la Open University británica, constata que «las condiciones particulares que impulsaron el establecimiento del Estado-nación liberal democrático están siendo transformadas y, por tanto, la democracia debe ser profundamente modificada si se quiere mantener su relevancia en las próximas décadas». Para ello plantea la llamada democracia global o cosmopolita, que se definirá por sus objetivos.
A corto plazo establece, entre otros: reformar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para dotar de mayor y más efectivo poder de decisión a los países en vías de desarrollo; intensificar la regionalización política, al estilo de la Unión Europea; utilizar referendos transnacionales; profundizar en la jurisdicción contenciosa del Tribunal Internacional de Justicia de las Naciones Unidas y crear un nuevo Tribunal Internacional de derechos humanos; fundar una nueva agencia o instituto de coordinación económica en niveles regionales y globales; y, por último, establecer una fuerza militar internacional efectiva y responsable.
A largo plazo, y con un carácter más genérico y de más difícil consecución, se sugiere el reforzamiento del «derecho democrático cosmopolita», por medio de una nueva Carta de derechos y obligaciones; la creación de un «Parlamento global»; la separación de intereses políticos y económicos; la interconexión del sistema legal mundial, abarcando elementos de Derecho civil y penal, y el establecimiento de un Tribunal Penal Internacional; la adopción de mecanismos de control de las agencias económicas internacionales y transnacionales; y el relevo permanente de los Estados con alta capacidad coercitiva en las instituciones regionales y globales de seguridad y defensa, con la pretensión última de alcanzar la desmilitarización y la superación del sistema tradicional basado en la guerra.
Enrique Abad