El caso de Troy Davis, ejecutado la semana pasada, ha vuelto a abrir el debate sobre la pena de muerte en EE.UU. Un editorial del New York Times aboga por suprimirla, mientras un comentarista del mismo periódico teme que la campaña abolicionista impida ver defectos importantes del sistema judicial.
Davis llevaba más de 19 años encarcelado y su condena no se había revisado a pesar de que algunos de los testigos decisivos se habían retractado de sus declaraciones. Con la muerte de Davis al fondo, en un editorial el New York Times propone la abolición de la pena capital ante la arbitrariedad con que se aplica y el riesgo de condenar a inocentes.
En efecto, según los datos manejados por el periódico norteamericano, desde que se reintrodujo la pena de muerte, hace 35 años, 129 personas que habían sido condenadas a la pena capital han sido puestas en libertad tras probar su inocencia por diversos medios. Y aunque se han intentado fijar criterios con el fin de evitar errores y resultar más equitativos, el periódico sostiene que la reforma del sistema es casi imposible.
Por otro lado, el historial de ejecuciones demuestra que en los casos de pena de muerte todavía permanecen vigentes ciertos prejuicios raciales, clasistas o políticos, lo que hace aún más inmoral este recurso. Por ejemplo, dos tercios de las sentencias de muerte han sido dictadas en estados del sur, donde persisten trazas de discriminación y racismo. Asimismo, la mayoría de los condenados no pueden pagar un abogado, por lo que tienen que recurrir a uno de oficio, en general peor preparado. Y los casos con pena capital son más caros y más largos.
Además, en la aplicación de la pena de muerte entran en juego circunstancias políticas. Los fiscales, generalmente elegidos por votación popular, son los que deciden si se pide o no la pena capital para un acusado. Esta discrecionalidad lleva a fuertes contrastes en el recurso a la pena de muerte según los lugares, incluso entre distritos de un mismo estado.
Más que abolir la pena de muerte, reformar el sistema
El editorial es contestado en las páginas del mismo diario por el comentarista habitual Ross Douthat, que admite los fallos de la justicia norteamericana, pero insiste en que no se limitan a los casos de pena capital. A su juicio, si algún día se suprime la pena de muerte en EE.UU., no será porque electores y políticos “no quieran matar a culpables, sino más bien porque tengan miedo de ejecutar a inocentes”. Por ello, la abolición puede emitir un mensaje equivocado: que el sistema norteamericano es incapaz de impartir justicia y no tiene arreglo.
¿Qué hubiera ocurrido con Davis si en EE.UU. no hubiera pena de muerte?, se pregunta Douthat. “Probablemente, se habría pasado el resto de su vida en prisión (…) y muchas menos personas se habrían preocupado por su suerte”. Su condena a muerte le facilitó recibir “asistencia jurídica, atención mediática y el apoyo de los activistas”. Además, su caso ha puesto de relieve “el exceso de celo de policías y fiscales, los límites de los procesos de apelación y las miserables condiciones a las que se enfrentan muchos de los más de dos millones de personas encarceladas en EE.UU.”
Los partidarios de la pena de muerte la defienden para los casos de asesinato porque, dicen, el castigo tiene que ser proporcional al delito. En vez de contradecirles para criticar la pena capital, dice Douthat, habría que tomar en serio su argumento y aplicarlo a otros casos en que el castigo es desproporcionado, como en los delitos de droga.
Para Douthat, la cadena perpetua resulta en ocasiones más dura que la ejecución, si se tienen en cuenta las condiciones de muchas de las cárceles del país, y como alternativa puede resultar engañosa: “Una sociedad que supuestamente valora la libertad tanto o más que la vida no tiene por qué ser necesariamente más civilizada si preserva la vida de los condenados al tiempo que viola sus derechos y su dignidad”.
Antes que abolir de la pena de muerte, lo que hay que hacer, según Douthat, es reformar el sistema para que se pueda imponer en menos situaciones y se haga con mayores garantías.