La sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que niega la existencia de un derecho constitucional al aborto ha generado una cascada de críticas entre los llamados pro-choice. Algunas plantean escenarios poco menos que apocalípticos, al estilo del que pinta El cuento de la criada. Otros acusan al movimiento provida de desentenderse de la suerte de las mujeres. Pero muchas iniciativas en el país muestran una realidad bien distinta.
En concreto, algunos artículos señalan que muchos de los que ahora se congratulan por la sentencia no se han implicado o incluso se han opuesto a algunas políticas para mejorar la vida de las mujeres más vulnerables, que son mayoría entre quienes abortan. Por eso, consideran que los pro-life en realidad son solo pro-birth: pasado el nacimiento, tanto el niño como la madre vuelven a ser irrelevantes.
La acusación escuece entre las filas provida. En parte, porque la postura favorable al Estado mínimo, que abraza una buena parte de los votantes republicanos, no casa fácilmente con la idea de que para reducir el número de abortos hay que mejorar las condiciones económicas y sociales que empujan a muchas mujeres a abortar.
En este sentido, la reciente sentencia puede servir como piedra de toque para que el movimiento provida examine la coherencia de sus planteamientos, y sus consecuencias políticas.
Una propuesta federal: Providing for Life Act
Marco Rubio, senador republicano por Florida, se ha destacado dentro del partido por lo que él mismo ha llamado el “capitalismo del bien común”, un sistema de libre empresa que busca reforzar los derechos de los trabajadores y las políticas familiares impulsadas por el Estado.
La Providing Life Act propone una gran variedad de ayudas concretas a mujeres embarazadas, sobre todo las más vulnerables
El mismo día que el Tribunal Supremo publicó su sentencia, Rubio dio a conocer el boceto de una propuesta de ley que quiere impulsar a nivel federal, llamada Providing for Life Act. La iniciativa, que incorpora elementos de otra norma presentada el año pasado (New Parents Act), ofrece una serie de ayudas a las familias, y especialmente a las mujeres embarazadas. Por ejemplo, propone una expansión del Child Tax Credit (un sistema de incentivos fiscales para familias con hijos), del que ahora también podrán empezar a beneficiarse durante el embarazo. También se extenderá (de uno a dos años) el periodo de elegibilidad para un programa federal de nutrición suplementaria para mujeres, bebés y niños en situación precaria.
El proyecto de ley introduce otras medidas que pueden evitar abortos, pero no en clave de prohibición, sino de ayuda: “Incentivar a los estados a exigir que el padre biológico de un niño pague al menos la mitad de los gastos médicos razonables de la madre incurridos durante el embarazo, incluyendo la prima del seguro de salud y los gastos médicos”; aumentar la financiación de los centros provida que atienden, asesoran y acompañan a embarazadas que se encuentran en situaciones difíciles; crear un portal que integre la información de todas las prestaciones y recursos disponibles para las embarazadas (el texto señala que la dificultad para obtener esta información empuja a algunas mujeres a abortar); establecer un programa de subvenciones para servicios de asesoramiento integral para madres con pocos ingresos; u obligar a las universidades a garantizar las ayudas previstas a las estudiantes que esperan un hijo.
Medidas en estados provida
La iniciativa de Marco Rubio puede suponer un salto cualitativo de las políticas familiares, pero desde hace tiempo las mujeres embarazadas, particularmente las más vulnerables, han sido atendidas y acompañadas por numerosas iniciativas públicas y privadas a nivel estatal. Especial interés tienen las desarrolladas en estados con legislaciones más restrictivas con el aborto, porque muestran que el cuidado del niño es compatible con el apoyo a toda su red familiar.
Un programa estatal en Texas, que ahora replica Iowa, ofrece ayuda a embarazadas en forma de talleres, asistencia sanitaria o material
En 2005, Texas aprobó un programa llamado Alternatives to Abortion que ofrece asistencia a futuros padres y madres, tanto biológicos como adoptivos: talleres sobre embarazo, salud postparto, adopción o empleabilidad; acompañamiento psicológico tras un aborto; asistencia material (ropa, pañales, sillitas de bebé, etc.); o casas para madres o familias con menos recursos. En total, hasta 2021 se habían beneficiado de él más de 220.000 personas. El presupuesto público dedicado a esta iniciativa ha ido aumentando según lo hacía el número de solicitantes, aunque la popularidad se ha visto empañada por algunas denuncias de malversación de los fondos.
No obstante, el éxito del programa ha llevado a Iowa, otro estado donde el poder legislativo y ejecutivo son favorables a las políticas provida, a crear una réplica: el More Options for Maternal Support (MOMS). Además del millón de dólares que se destina a financiar centros de apoyo a las embarazadas, la iniciativa incluye otra partida –bastante más abultada– para aumentar la cobertura postparto del programa Medicaid, un seguro de salud público para personas de pocos recursos.
La iniciativa privada, fuente de asistencia provida
Más allá de las políticas públicas, la iniciativa privada lleva tiempo ofreciendo asistencia a las mujeres embarazadas. Una de las organizaciones más activas en este campo es Susan B. Anthony Pro-Life America, antes llamada Susan B. Anthony List. Además de su actividad como think tank provida, esta institución ha desarrollado recientemente algunos programas de ayuda práctica a madres en apuros.
Uno de ellos es Her PLAN (Pregnancy and Life Assitance Network), un portal que pone en contacto a proveedores de asistencia maternal con las mujeres que lo necesiten. Actualmente desarrolla su actividad en cuatro estados: Misisipi, Georgia, Virginia y Virginia Occidental, que también es probable que aprueben políticas más restrictivas con el aborto tras la sentencia del Supremo. Los servicios ofrecidos se agrupan en siete categorías: mentorías; salud y bienestar; asistencia financiera, profesional y económica; asesoramiento legal; salud mental (que incluye acompañamiento tras un aborto); diagnóstico prenatal y cuidado de los niños (incluidos servicios de adopción y acogida temporal).
Varias iniciativas privadas se centran en procurar vivienda y apoyo a mujeres que vienen de entornos abusivos
Otras iniciativas se han especializado en un tipo de ayuda. Por ejemplo, ofrecer a las mujeres embarazadas una casa donde poder criar al futuro hijo sin la incertidumbre a la que le abocaría su falta de recursos económicos. Es el caso de Blue Haven Ranch, un proyecto diseñado y dirigido por un matrimonio de Texas. Se trata de un rancho donde se alojan temporalmente madres solteras, muchas provenientes de entornos abusivos, que se han quedado nuevamente embarazadas. Además de la vivienda, el rancho funciona como una “comunidad de apoyo”, donde también se enseñan a las mujeres habilidades relacionadas con la vida rural.
Un servicio similar, aunque a mayor escala, ofrecen las Good Counsel Homes, un conjunto de viviendas para embarazadas y madres recientes de Nueva York y Nueva Jersey, algunas de ellas sin hogar y todas en una situación económica precaria. Como señalan en su página web, pretenden que cada una de las alojadas encuentre “no solo un refugio, sino un hogar”. El programa, que lleva funcionando desde 1985, pone un énfasis especial en capacitar a las madres para un futuro estable, proporcionando educación en temas económicos, laborales, legales o de nutrición.
Hay más opciones
Recientemente, Christopher Bell, uno de los cofundadores de la iniciativa, contestaba en un artículo del Wall Street Journal a unas palabras de Elisabeth Warren, con las que la destacada senadora demócrata pedía el cierre de los centros de apoyo a las embarazadas y las casas de acogida como Good Counsels Home porque “engañan a las mujeres para tener bebés que no desean”.
En su respuesta, Bell escribía: “¿Quieres hablar de engaño? A muchas de las mujeres que acuden a nosotros les han dicho –médicos, consejeros de instituto y organizaciones de servicios sociales– que el aborto es su única opción. Les dicen que tener un bebé significa que nunca terminarán la escuela y que no tendrán una carrera. Nada de esto es cierto”. Para refrendarlo, basta con observar los resultados de su iniciativa: de las más de 8.000 mujeres que han pasado por alguna de estas casas, el 55% ha conseguido empleo y un porcentaje similar ha conseguido algún título educativo durante su estancia.
Muchas de las iniciativas de ayuda a las embarazadas, como Blue Haven Ranch o Good Counsel Homes, no esconden la perspectiva religiosa con que afrontan su servicio. Otras instituciones enfatizan su enfoque aconfesional. Tal es el caso de Birthright, una organización de Misuri que ofrece “alternativas positivas al aborto” a mujeres con embarazos no previstos, no deseados o que suponen un reto económico. Para garantizar su intimidad y su libertad de elección, todos los servicios son anónimos, además de gratuitos. “Nosotros te escuchamos, hablamos y te ofrecemos una asistencia al embarazo personalizada. Lo que ocurra después está en tus manos”. En el apartado “lo que no hacemos” se puede leer: “juzgar, humillar, engañar; involucrarnos en religión o política; pretender ser una clínica; recibir financiación pública”.
Todas estas iniciativas, tanto políticas como asistenciales, públicas y privadas, y con distintos enfoques, muestran el rostro real del movimiento provida, muy diferente de la caricatura de fanatismo y misoginia que pintan muchos de sus detractores. La verdadera política provida es esencialmente compasiva, y ni empieza solo con el embarazo, ni termina con el nacimiento.