El aborto vuelve a ser noticia estos días en España a raíz de la próxima sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la vigente ley de 2010. Pero en la mayoría de las informaciones ni se habla de la primera víctima del aborto, que es el nasciturus, el concebido por nacer, alguien que se ha convertido en invisible para nuestra sociedad incluso cuando de lo que se discute es sobre su vida.
Este fenómeno mediático, jurídico y político pone de manifiesto hasta qué punto en la sociedad española muchos –políticos, legisladores y magistrados constitucionales– ya han borrado de su memoria al pequeño ser humano que vive en el útero materno y discuten sobre el aborto como si su vida no fuese ni siquiera un factor relevante a ponderar y tener en cuenta.
El no nacido ha pasado a ser el gran desconocido; pareciera que el aborto no tiene nada que ver con él. Este dato muestra uno de los efectos más terribles de toda ley del aborto: la banalización de la vida del nasciturus en la conciencia colectiva. Se va perdiendo la conciencia de la fuerza normativa de la realidad; en este caso, de la realidad de una vida humana cuya supresión se da por legítima a priori, aunque se discutan los detalles al respecto. Incluso hemos sido testigos de cómo la propuesta de proporcionar a la mujer la posibilidad de recibir información ecográfica sobre su bebé ha sido considerada escandalosa y coactiva, en contra de lo que el derecho humanitario en materia sanitaria exige respecto al consentimiento informado de cualquier paciente ante un tratamiento médico por inocuo que este sea.
Plano deslizante
En 1985, el TC declaró que la vida del nasciturus está protegida por la Constitución, aunque legitimó la exclusión del castigo penal en determinados casos de graves conflictos de bienes entre su vida y otros derechos de la mujer de igual rango. En 1987, se autorizaron las clínicas privadas de aborto donde este se convirtió en un mero negocio, mientras la sociedad y los poderes públicos miraban para otro lado. En 2010, se legalizó lo que era ya una realidad práctica –el aborto libre– bajo la denominación de “sistema de plazos”; es decir, la vida del no nacido quedó totalmente desprotegida y privatizada hasta las 14 semanas de la gestación, y en la práctica, hasta la 22; su única protección puramente teórica era una fría información administrativa a la embarazada y la exigencia de un plazo de reflexión de tres días; y estas tibias exigencias las suprime ahora la nueva ley que se aprobará en breve.
A la espera del fallo sobre la ley de 2010, ya ha trascendido que el TC no va a aceptar ningún obstáculo al aborto. De esta forma, sostiene que lo que la Constitución decía en 1985 según su sentencia 53/1985 –que la vida del nasciturus estaba protegida por el artículo 15– ya no lo dice ese misma Constitución, aunque no haya sido modificada. Es decir, el TC anuncia que él mismo va a provocar una mutación constitucional por y ante sí mismo sin consultar a nadie; se arroga así un poder que la ley no le otorga e incurre en lo que en otras latitudes se llama “activismo político judicial”, creando un derecho al aborto que él mismo declaró en 1985 que no existía en nuestra Constitución.
Con la reforma de 2010, la vida del no nacido quedó totalmente desprotegida y privatizada hasta las 14 semanas de la gestación, y en la práctica, hasta la 22
Una vez más el plano deslizante que generan estas leyes, tanto las del aborto como las de eutanasia, se demostró real: inicialmente se aprueban para casos extremos y progresivamente se amplían a cada vez más casos, hasta convertir la excepción en un derecho irrestricto y financiado por el poder público. Y luego, como es un derecho, se extiende a las menores (¿cómo privarlas de un derecho?), se penaliza la objeción de conciencia de los sanitarios (¿cómo permitir que se opongan a un derecho legalmente garantizado?), se rechaza la información a la madre sobre su bebé como coacción a su derecho a abortar y se suprimen los derechos de los padres de familia impidiéndoles acompañar a sus hijas menores de edad embarazadas en sus decisiones al respecto.
Visibilizar al no nacido y ayudar a las embarazadas
Para devolver este debate a su centro hay que volver a hablar del no nacido y considerar su realidad; es uno de nosotros, un miembro más de la especie humana, con la misma dignidad que los que somos de más edad. Mientras este dato evidente se obvie, los debates sobre el aborto serán fruto de una logomaquia sin sentido y –como toda discusión que no tiene en cuenta la realidad de las cosas sobre las que se habla– solo puede dar lugar a decisiones injustas.
Y hay que volver a hablar de la mujer real que se plantea abortar; que no es una mujer que, sin presiones sociales, de pareja, económicas o laborales, se decida por el aborto en frío y sin ningún condicionamiento; con frecuencia, es una mujer agobiada por un embarazo imprevisto o sola y abandonada –cuando no directamente coaccionada– por el padre de la criatura, con miedos sociales, económicos y vitales asociados al embarazo y la maternidad; y a la que la sociedad le ofrece pagar todos los gastos si aborta o dejarla sola si decide ser madre. El aborto tiene dos víctimas: el niño que no nace y la mujer que aborta; y hay que mirar a las dos víctimas a la vez y ocuparse de ellas.
Estas decisiones parlamentarias y judiciales no cierran el debate sobre la protección de la vida y del derecho de la mujer a la maternidad, sino que trasladan la responsabilidad de hacer avanzar esas causas a la sociedad civil. Para ello, resultará más necesario que nunca que cada familia eduque a sus hijos en el amor y la protección de la vida, en la valoración de la maternidad y en una visión responsable de la sexualidad; y que todos los que dicen defender la vida frente al aborto se impliquen en el apoyo a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad que estén en su entorno.
El fruto cultural de una legislación permisiva y promotora del aborto desde 1985 ha sido la banalización de la violencia contra el nascitururs en la conciencia colectiva y ha creado –como denuncia la pensadora feminista Erika Bachiochi– estructuras de violencia machista contra las embarazadas abocándolas al aborto como la única solución a los problemas derivados de un embarazo imprevisto. Esta es la responsabilidad actual de la sociedad civil, de cada uno de nosotros: revolucionar ese estado de cosas desde la base, haciendo visible al no nacido como uno de nosotros y solidarizándonos activamente con toda mujer embarazada para que nunca esté sola.