Lagos. En estos últimos meses se debate mucho la denuncia de prácticas corruptas en los niveles más altos del gobierno nigeriano. El vicepresidente de la República, Abubakar Atiku, que ha declarado su intención de presentar su candidatura a la presidencia en las próximas elecciones (abril de 2007), ha sido denunciado por haber desviado cuantiosos fondos públicos, procedentes del petróleo, a una cuenta a su nombre en el banco de un amigo.
La denuncia fue hecha por el presidente de la EFCC (Economic and Finance Crime Commission), Mallam Nuhu Ribadu, un joven musulmán del norte. Ribadu, desde hace tres años, se ha tomado muy en serio su encargo de luchar contra la corrupción.
La EFCC fue creada por una ley sobre delitos económicos, propuesta por el presidente Olusegun Obasanjo, pensada para combatir la endémica corrupción y fraude en el país. Durante el primer mandato electoral de Obasanjo, la comisión estuvo inactiva, mientras que la corrupción y el fraude campeaban a sus anchas. En el segundo y último mandato empezó a reavivarse el celo del presidente por combatirlos.
Muchos creen que, como el presidente ya no podría continuar en el poder, no necesitaba el apoyo económico de sus corruptos aliados políticos. El caso es que, al verse acusado de desviar fondos, Atiku ha acusado a Obasanjo de abusos similares, pero no ha aportado pruebas.
Por otra parte, en septiembre pasado la EFCC presentó un informe a la sesión plenaria del Senado sobre su lucha contra la corrupción. El informe incluye la denuncia de prácticas corruptas por parte de 31 de los gobernadores de los 36 estados de la República.
Los gobernadores administran las asignaciones del petróleo que el gobierno central les envía según una fórmula de reparto fijada en la Constitución. Estas asignaciones son la fuente principal de ingresos de los estados. Deben destinarse, por ley, no sólo a la administración estatal sino también a las administraciones locales. Pues bien, estos gobernadores han canalizado buena parte de esas asignaciones a cuentas y negocios personales, dejando sin atender a los gobiernos locales y sus proyectos, sin pagar las dotaciones a las escuelas primarias o secundarias a su cargo, a los hospitales, etc.
Algunos comentaristas dijeron que la EFCC ha denunciado al vicepresidente por haberse opuesto al «tercer mandato electoral» de Obasanjo, quien no desea ser sucedido por Atiku. Pero con la denuncia de tantos gobernadores y del mismo jefe de la policía, Tafa Balogun, al que el presidente tuvo que destituir el año pasado, es difícil sostener ya esa opinión de una purga selectiva.
Algunos han intervenido en esta larga y trágica lucha entre el presidente y su vicepresidente auspiciando una tregua y una reconciliación en interés de la estabilidad política. Pero la mayoría ve en todo este asunto algo bastante sano para el futuro de la vida político-social del país y de todo el continente.
Es mejor que la denuncia mutua continúe para que «se abran todas las latas de gusanos» en la administración pública. De esta manera se podrá alertar a los electores sobre los políticos sin principios, para que no los voten. Además se puede esperar que los políticos que quieran ser elegidos se guarden de caer en las mismas prácticas corruptas, al menos por miedo a ser denunciados.
Jide Martins