Ante hechos violentos, protagonizados por personas cada vez más jóvenes, fiscales, jueces y políticos se plantean periódicamente la conveniencia de rebajar el límite de edad para la responsabilidad penal de los menores. Causan excesiva alarma social los casos de delitos graves en los que existe violencia e intimidación de las personas. El carácter proteccionista que tuvo siempre la legislación sobre menores choca cada vez más con esa inquietud general que producen los actos antijurídicos cometidos por chicos de edades que no dejan de reducirse año tras año.
El problema suele atribuirse en gran parte a un fenómeno de anomia, por el crecimiento de la permisividad entre los jóvenes, que no aceptan constricciones familiares ni sociales, con un alto grado de indisciplina escolar. Se llegan a producir casos límite en que los padres -sobre todo en familias monoparentales- se ven forzados a trasladar su patria potestad a instituciones públicas, ante la imposibilidad de evitar el comportamiento violento y agresivo de sus hijos.
Esto choca con planteamientos proteccionistas que privarían a los padres de recursos más o menos clásicos para imponer su autoridad. El Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, junto con la ONG Save the Children, llegó a proponer en 2005 una modificación del Código Civil español para prohibir todo castigo físico de los padres a sus hijos dentro del propio hogar. El actual artículo 154 les faculta para corregirles razonada y moderadamente. Pero se han dictado ya sentencias contra padres excesivamente violentos.
La protección de los menores está hoy en el centro de la preocupación internacional, en sus diversos aspectos. No puede separarse del incremento de manifestaciones violentas demasiado precoces.
El diario Le Monde publicó el pasado 4 de julio un amplio reportaje sobre la justicia de menores en Europa, que ofrece, como denominador común, la tendencia a una mayor severidad. Porque algunos datos son escalofriantes, como el porcentaje de menores dentro del conjunto de la criminalidad: está entre el 15% y el 20% o más en Reino Unido, Alemania y Francia; entre el 10% y el 15%, en Austria, República checa, Polonia, Dinamarca y Suecia. Sólo Finlandia y Noruega están por debajo del 5%.
No parece influir en esas cifras la edad de la responsabilidad penal, que es igual o inferior a la edad mínima para una posible privación de la libertad. Respectivamente, son 10 y 10 en Reino Unido; 14 y 14 en Alemania; 10 y 13 en Francia. Los tres países nórdicos coinciden en 15 y 15.
Aumenta la delincuencia juvenil en todos los países occidentales, según afirma el investigador Sebastian Roché: “Se puede hablar de un fenómeno global, pues aparecen las mismas causas en todos los países: desestructuración familiar, abandono escolar, frustración económica. Los estudios ligados al consumo de imágenes violentas en los países occidentales muestran también convergencia: una socialización de los jóvenes a través de esas imágenes de violencia. Son modelos de roles con los que se identifican”.
En cambio, el magistrado italiano Luigi Fadiga se refería a la excepción trasalpina en un coloquio celebrado en 2006: “Una de las explicaciones es el peso de la familia, que sigue siendo fuerte y es el lugar donde se resuelven los problemas, mientras que la falta de un punto de referencia familiar es una de las causas de la delincuencia”.
Lógicamente, un gobierno que comprueba el crecimiento de la criminalidad, no puede por menos de ser más represivo. Así Tony Blair en Gran Bretaña o José Luis R. Zapatero en España. Ahora, en el Senado francés va adelante un proyecto de ley sobre reincidencia, tanto de adultos como de menores, que trata de frenar la reiteración de conductas delictivas menos graves pero muy frecuentes. Y en otros países se repiten iniciativas para disminuir progresivamente la edad de la responsabilidad penal.