Si un estado norteamericano es percibido como la antorcha del progresismo es California, y si una ciudad de ese territorio ha sido el non plus ultra de esta corriente, esa es San Francisco, donde la política permisiva frente al delito y al consumo de drogas ha resultado ser, al final, particularmente perniciosa.
Según describía la situación Bret Stephens en el New York Times en 2021, en la urbe se estaban cerrando cada vez más tiendas, cada vez más negocios sufrían saqueos, las calles estaban a tope de desperdicios humanos y proliferaban los campamentos de drogadictos sin techo. De una tasa de muertes por sobredosis de 19 por cada 100.000 habitantes en 2014 se había pasado a 81 decesos en 2020. San Francisco: por qué los progresistas arruinan las ciudades era precisamente el título de un libro muy vendido cuando Stephens firmó su artículo. Algunos titulares de prensa, como el de la cadena ABC el 24 de de junio de 2023, podían ser aun más ilustrativos: “Tráfico de drogas, defecación, escombros: las calles de SF son un caos para los propietarios y los negocios”.
Los San Franciscans, sin embargo, se han hartado de que el laissez faire imperante atente contra la tranquilidad, la salud y la seguridad públicas, por lo que en marzo pasado votaron a favor de una iniciativa de la alcaldesa London Breed: la Proposition F. Cuando entre en vigor en 2025, la norma condicionará las ayudas monetarias a personas drogodependientes a que adopten una actitud verificable de abandono del consumo y de reinserción social, que se concrete en la entrada del afectado en un programa de desintoxicación. Si el beneficiario diera positivo en algún test de drogas, la administración le retendría los pagos hasta tanto retomara la senda de recuperación con un especialista, que le prepararía un plan adaptado a sus circunstancias concretas.
El modelo “Housing First” no ha funcionado en la ciudad: entre 2020 y 2023 murieron 451 personas alojadas en habitaciones privadas y sin supervisión especializada
La medida supone un cambio de óptica respecto a la concepción de que no debe haber condición alguna para dar beneficios monetarios o de vivienda a los narcodependientes y de que hay que sentarse a esperar que, como retribución automática, estos cambien de actitud. Para algunos observadores, esto equivalía a comenzar la casa por el tejado. Según explica Erika Sandberg en el City Journal, la ciudad adoptó el modelo Housing First –dar casa antes que todo, sin contrapartidas–, pero al menos allí este no ha desplegado su potencial.
“Colocar a personas con graves problemas de adicción entre cuatro paredes, solas y sin la atención y el apoyo adecuados ha tenido consecuencias trágicas –dice la periodista–. Según las últimas cifras, entre 2020 y 2023 han muerto 451 personas en la red de hoteles de habitaciones individuales de la ciudad. Mientras tanto, la miseria y los campamentos han continuado afuera, y el tráfico de drogas ha seguido prosperando”.
Por ello, la corporación municipal tomó nota del algoritmo que han seguido iniciativas privadas como The Way Out –creada por la iglesia evangélica Ejército de Salvación–, que ha ido a la inversa: primero te comprometes en serio, te esfuerzas, vemos los resultados, y luego ya hablamos de dólares y de un piso.
Y parece que funciona.
La necesidad de rendir cuentas
“San Francisco ha permitido que los consumidores de drogas actúen durante demasiado tiempo. Es hora de mostrar compasión y responsabilidad”.
Lo escribía en junio pasado en el San Francisco Standard (junto a otro colaborador) un señor llamado Steve Adami. No lo hacía desde la aséptica distancia de la teoría: Adami estuvo tirado en las calles durante dos décadas, inyectándose y esnifando todo lo que le pasara por al lado, y entrando y saliendo de la cárcel con la asiduidad propia del miembro de un club. En 2010, tras salir de prisión de modo definitivo, obtuvo un máster en temas de políticas públicas y justicia penal, y gracias a su afán de superarse y servir –“mi recuperación y transformación comenzaron con un par de esposas”, narra en su web– fue ascendido a director de la División de Reinserción del Departamento de Libertad Condicional del ayuntamiento. En mayo de 2023 pasó a ser director ejecutivo de The Way Out.
Adami aplaude el cambio de postura de la alcaldía frente a la drogadicción. “No podemos –dice– seguir permitiendo que individuos con una dependencia del uso de sustancias reciban fondos de la ciudad sin necesidad de rendir cuentas. Hay vidas en juego y tenemos que dar un paso al frente para salvarlas”.
De los 851 participantes en el programa en el curso 2023-2024, el 76% no volvió a vivir en la calle ni recayó en el consumo de drogas
Para muestra de que el fenómeno se puede gestionar de modo diferente están los resultados de la iniciativa que él dirige. Opera de este modo: en primer lugar, los que aceptan participar comienzan a recibir inmediatamente terapias contra la adicción a los narcóticos y al alcohol en el Centro Harbor Light –perteneciente a la citada denominación evangélica–, donde permanecen seis meses. A los que perseveran, se les pasa al Centro Joseph McFee, donde ya se les ubica en viviendas de “transición” y siguen recibiendo terapia antiadicciones, así como formación en otras áreas (cómo conducirse en sociedad y relacionarse de modo constructivo con los demás) y se potencia la reunificación con las familias de origen, si procede.
A medida que avanza el proceso, se trabaja con los participantes en su reorientación al mundo laboral, para que puedan llegar a tener independencia financiera y una vivienda independiente. Otros servicios que incluye la iniciativa son la ayuda con alimentos y ropa, el alojamiento y cuidado de personas de la tercera edad que no puedan cuidar bien de sí mismas, y una escuela culinaria.
En esta, configurada como un curso de 10 semanas, los reinsertados aprenden recetas, habilidades con el instrumental del oficio, estándares de seguridad, y reciben un apoyo decisivo para su futura colocación, además de que se les entrega ropa de trabajo y un juego de cuchillos profesional. Varios dueños de restaurantes de la ciudad suelen contactar con el proyecto en busca de talento entre los egresados.
Como balance general, las cifras de The Way Out son buenas: según su informe del período 2023-2024, atendieron a 851 participantes, con un 76% de éxito. De los que llegaron hasta el final, la totalidad se mantenía sobrio, tenía empleo y hogar, y había ahorrado más de 14.000 dólares per cápita (como promedio).
Replicar las buenas experiencias
Si un programa contra las adicciones y el sinhogarismo va razonablemente bien, lo más lógico es que se replique. Campo no va a faltar, pues en las calles de la ciudad californiana viven más de 4.000 personas y los albergues tradicionales no dan abasto ni conectan de modo continuo ni en el mismo sitio a los afectados con los equipos especializados de tratamiento de adicciones, ni los libran de la tentación de volver a plantarse en una acera: si en 2020 volvía a las calles el 57% de los albergados, en 2023 se fue casi el 80%.
Por ello, el proyecto de Adami busca expandirse y crear un gran centro de estabilización, con 75 habitaciones privadas y áreas comunes de recreación y reunión, que acogerá a 900 personas cada año. Según explica en el San Francisco Chronicle, los beneficiarios descansarán allí durante aproximadamente un mes y se les ayudará a estabilizarse, así como a explorar sus posibilidades de reunificación familiar. En casos que demanden una atención aun más intensiva en razón de su estado de salud mental o de sus adicciones, el centro podrá derivarlos oportunamente a esos servicios.
¿Le sale caro esto a la ciudad? El director ha hecho las cuentas: el precio será ligeramente mayor (casi 6.140 dólares al mes por persona, frente a los 6.000 dólares en el actual sistema de refugios), si bien –apunta– será rentable, pues el costo incluirá alojamiento, comidas y servicios de apoyo.
“La hipótesis del programa piloto –dice Adami– es que un gasto algo mayor por persona en el centro producirá efectos a largo plazo. Comparado con [lo que sucede con] el volumen de población que se mueve actualmente a través de la red de refugios de la ciudad, se espera que los del grupo seleccionado se inserten en más programas de salud conductual, reciban terapias durante más tiempo en viviendas de transición, y pasen de modo exitoso a residir en una vivienda permanente en mayores porcentajes”.
Si el proyecto avanza y, como en The Way Out, empieza a implicar activamente a esos miles de personas desahuciadas en su propio proceso de recuperación; si se desecha de una vez la práctica buenista de darles jeringuillas esterilizadas, un espacio cómodo donde puedan seguir envenenándose y encima dinero para que vayan a por más, quizás los titulares sobre San Francisco pasen en poco tiempo a ser algo más amables.