Que por cada pensionista haya ocho personas que trabajen, podría saber a gloria en los tensos sistemas de pensiones en Europa. Pero la proporción no corresponde a esta parte del globo, sino a América Latina, y por razones bien distintas tampoco hay que tirar cohetes.
Un informe conjunto del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la OCDE acaba de lanzar la alerta sobre la insostenibilidad de los sistemas de pensiones en esa área geográfica, a menos que se acometan reformas profundas que inserten a más personas en estos esquemas contributivos. Y es que el optimismo del “ocho trabajadores por jubilado” no se justifica cuando se sabe que 45 de cada 100 trabajadores no aporta ni un céntimo al sistema.
Mujeres y ancianos enfrentarán un mayor riesgo de pobreza
La alarma se funda en que, según pronósticos, en 2050, gracias a la positiva tendencia a la elevación de la esperanza de vida (hoy de 70 años para los hombres y 76 para la mujer) y a la disminución de los índices de fertilidad en Latinoamérica (de los actuales 2,57 hijos por mujer, en 2040 se pasará a 1,91), la proporción entre activos y jubilados se reducirá a apenas 2,5 trabajadores por pensionista. El temor, pues, tiene muchos “ceros a la derecha”, toda vez que, avisan los expertos, la conjugación de todos los factores citados derivará en que, a mediados de siglo, entre 63 y 83 millones de latinoamericanos no tendrán una pensión adecuada y estarán en riesgo de pobreza.
Para evitarlo, el documento, titulado Panorama de las pensiones en América Latina y el Caribe, invita a hacer reformas urgentes: “Muchos países de la región aún carecen de los sistemas y el marco institucional que permitan una buena gestión de las pensiones, tanto contributivas como no contributivas. En ese sentido, inversiones en los sistemas y reformas en los marcos institucionales son un buen primer paso hacia lograr sistemas de mayor cobertura y sostenibilidad”.
130 millones de no contribuyentes
Según explica el estudio, en América Latina –como también en otros sitios– coexisten dos modelos de sistemas de pensiones: el de contribución-redistribución (reparto) y el de ahorro individual (capitalización). En el primer caso, el importe de la pensión de jubilación depende de los años de contribución y del nivel de ingresos que se haya tenido. En su maremágnum de variantes, se incluyen los planes focalizados, que pagan un porcentaje del sueldo mayor a los jubilados con pensiones bajas y lo contrario a los de ingresos más altos; los sistemas básicos, que toman en consideración los años trabajados y no el monto de lo cotizado, o pagan una tarifa fija para todos, y las pensiones mínimas, que también constituyen una red de seguridad social para los trabajadores de bajos ingresos.
En el caso de las contribuciones a planes de pensiones privados —obligatorias en seis países—, lo acumulado en esas cuentas y los rendimientos de inversión constituyen la pensión del trabajador en el momento de su jubilación. Esta dinámica, introducida desde los años 90, ha pretendido hacer sostenible el sistema, pero apenas ha aumentado la proporción de trabajadores que participan con sus contribuciones, y la de los beneficiarios. Desde hace más de 20 años, el número de cotizantes apenas ha variado.
Las reformas de los años 90 han sido insuficientes para ampliar la cobertura
A pesar de ello, la presión creciente de las pensiones no contributivas, que le “salvan la vida” a los que no cotizaron durante su etapa laboral, viene a complicar las cuentas y es, en opinión de los autores del informe, un verdadero desafío. En números, son 130 millones de trabajadores latinoamericanos los que no contribuyen, una situación que es particularmente crítica en varios países andinos y centroamericanos –Bolivia, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Paraguay y Perú–, donde apenas el 20% de los trabajadores lo hace. Pero incluso en Chile, Argentina, Brasil, etc., donde cotiza entre un 50 y un 70% de ellos, las cifras siguen siendo muy bajas para los estándares mundiales.
Si tan pocos aportan algo a la hucha, la voluntad de los Estados de compensar a quienes no reciben nada puede quedarse en solo eso: intenciones.
“Aprovechemos el bono demográfico”
El horizonte no es demasiado esperanzador. Según el informe, la amenaza de pobreza en la vejez puede alcanzar incluso a la emergente clase media, toda vez que quienes han experimentado los recientes procesos de movilidad social probablemente no hayan hecho las contribuciones suficientes para, llegada la hora de la jubilación, obtener una pensión más holgada.
Por otra parte, y ante la incertidumbre sobre la perdurabilidad de las pensiones no contributivas, los expertos señalan que a mediados de este siglo una gran parte de los adultos mayores latinoamericanos tendrá que continuar trabajando para poder mantenerse, o vender sus propiedades, o depender del apoyo de sus familias, como sucede en este mismo instante en la región con los ancianos en situación de pobreza, quienes residen, en su gran mayoría, en hogares multigeneracionales. Una interrogante es si, de continuar mermando la natalidad –como se prevé–, habrá entonces suficientes “hogares multigeneracionales” en los que hallar acogida y respaldo económico.
Otro segmento social, el de las mujeres, puede resultar muy afectado por la pobreza en la vejez. De las latinoamericanas, apenas el 56% está inserta en el mundo laboral, frente a un 83% de los hombres (en el promedio de la OCDE, son el 62 y el 80%). En Guatemala, Honduras y México la brecha porcentual entre trabajadores y trabajadoras sobrepasa incluso el 40 por ciento.
De cada 100 trabajadores latinoamericanos, 45 no cotizan
Si se conoce además que los períodos laborales de las mujeres son más cortos que los de hombres en razón del tiempo que desvían hacia la crianza de los hijos y otras necesidades; que algunas políticas en materia de jubilación las invitan a retirarse más tempranamente, y que tienen una mayor esperanza de vida —por lo que serán más años con una pensión baja—, los expertos advierten de un incremento en los índices de pobreza femenina.
Se impone, pues, corregir el tiro en América Latina. La fuerza de trabajo existe, y sería lo suficientemente extensa tanto para cubrir las pensiones de los jubilados actuales como para potenciar un superávit contra las incertidumbres del porvenir. “Estamos disfrutando de un bono demográfico que no podemos desaprovechar. Si logramos que más personas contribuyan a los sistemas de pensiones, y si ajustamos los sistemas al aumento de la esperanza de vida, podremos dotar a generaciones futuras de una cobertura adecuada”, asegura el presidente del BID, Luis Alberto Moreno.
Pero se necesita la voluntad política e institucional de establecer y hacer respetar los mecanismos de control; de explicar eficazmente —a una población con mayor nivel educativo que décadas atrás— los beneficios de integrarse en el sistema, y hacer de la gestión de los recursos públicos un asunto transparente, que según la ciudadanía va tomando nota, más se persuade de tomar el camino de la ley o de saltárselo a la torera.