Piden a las compañías extranjeras que den a pérdida, con el eufemismo de que deben invertir más en Argentina, so pena de nacionalización y expulsión
Montevideo. Ante la desaceleración de la economía, la pérdida del apoyo de la poderosa central sindical, el trágico accidente ferroviario –en el que murieron 51 personas– con notorios efectos políticos, las acusaciones de corrupción contra el vicepresidente Amado Boudou, el gobierno argentino de Cristina Fernández insiste con un proteccionismo cargado de chovinismo y absurdidad, que se deja ver con claridad en las trabas a la importación de libros y en las quejas de decenas de países ante la Organización Mundial de Comercio (OMC). Y ni hablemos de la reivindicación por las islas Malvinas que suele traerse a colación en cada crisis o cualquier mal momento.
América Latina se mantiene estable económicamente hablando, pero no escapa a la coyuntura mundial. Argentina, en particular, no podrá lograr un crecimiento económico en torno al 7% como en los últimos años; los analistas aseveran que solo podrá alcanzar el 4% en 2012. La inflación, supuestamente, se encuentra en el 9,7%, pero consultoras privadas la ubican entre el 22% y 25%.
El frenazo se ha sentido en los problemas que enfrenta el gobierno para cumplir con los cuantiosos subsidios a la luz, el agua y el gas, subsidios que han dado votos a Cristina Fernández para ser reelecta en octubre pasado pero no para mantener tranquilos a los sindicatos: la presidenta perdió hace rato a la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal gremial del país, e incluso a los maestros, siempre tan dispuestos a apoyarla y que hace algunas semanas realizaron su primera huelga en ocho años.
Para frenar las importaciones de libros, el gobierno argentino dicta una norma sobre el grado de plomo de la tinta de los libros
El conflicto por YPF
Frente a la evidente falta de dominio de la balanza de pagos y a esa mala gestión de las fuentes de energía, que se tradujo en mayor demanda, menor producción y alza de precios, la presidenta y su administración optaron por un proteccionismo exacerbado que apunta a que las empresas foráneas importen gas y lo vendan en este país a precios irrisorios. Piden a las compañías extranjeras que den a pérdida –con el eufemismo de que deben invertir más en Argentina– so pena de nacionalización y expulsión. Cero seguridad jurídica, cero respeto a los contratos y concesiones. Peronismo puro y duro.
Es el caso de la petrolera YPF, donde la española Repsol cuenta hoy en día con el 57,43% del paquete accionarial. La compañía ya perdió concesiones en 11 áreas ubicadas en seis provincias argentinas: Neuquén, Mendoza, Chubut, Santa Cruz –tierra de los Kirchner–, Salta y Río Negro. Todos estos gobiernos regionales conminan a la petrolera a aumentar las inversiones bajo amenaza de cancelarle también los permisos de explotación. Estas acciones y los rumores de nacionalización por parte del gobierno de Cristina Fernández derivaron en una estrepitosa caída de las acciones de YPF.
En esa línea, el gobierno está exigiendo a grandes importadores, tales como los fabricantes de automóviles, que igualen el precio de sus importaciones con bienes que deben exportar. Como resultado, Porsche está exportando vino Malbec y Mitsubishi ahora vende maní. Y por lo mismo sufren las empresas que apuntan al comercio local pero que necesitan insumos del exterior.
En este empeño por aplicar una política sustitutiva de importaciones –en la que, dicen, los argentinos están capacitados para fabricar todo aquello que viene de fuera–, Argentina está generando grandes pérdidas a los países de la región, especialmente a los del Mercosur, tanto a los grandes como Brasil –Petrobras podría correr la misma suerte que YPF– o a los chicos como Uruguay. No puede haber mejor ejemplo para escenificar el fracaso de este conglomerado económico. Para peor, Buenos Aires también recolecta indignación más allá de América del Sur.
Días atrás, más de 40 miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), entre ellos los 27 países de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y México, alzaron la voz para presentar una protesta conjunta contra el proteccionismo aplicado por el gobierno argentino, si bien varias de estas naciones no le van a la zaga respecto a desalentar la compra de productos extranjeros. Argentina, integrante del G-20, dijo que solo está ejerciendo su soberanía, que nunca incumplió un mandato de la OMC y que le llama la atención que se quejen países que aumentaron sus exportaciones a la nación sudamericana en un 25% el año pasado.
[Cansado de la estrategia argentina, EE.UU. anunció a finales de marzo que excluía a Buenos Aires de los beneficios arancelarios conocidos como Sistema Generalizado de Preferencias. Como razón, la Administración Obama señaló que Argentina “no ha actuado de buena fe en el cumplimiento de los fallos arbitrales a favor de compañías estadounidenses”. Son fallos del tribunal de arbitraje del Banco Mundial relativos a empresas norteamericanas a las que el gobierno de Buenos Aires rescindió sus contratos.]
Libros extranjeros, un riesgo para la salud
Por si fuera poco el proteccionismo argentino, los libros foráneos también integran la lista de los productos que deben ser mirados con lupa. La razón brindada por el gobierno no ha sido comercial, sino que ha alegado un motivo de… salud.
“Uno manosea el libro y posiblemente ponga el dedito en la lengua para cambiar la hoja. Es una medida seria”, explicó, con rostro grave, el vicepresidente tercero de la Unión Industrial (UIA) y de la Federación Argentina de la Industria Gráfica, Juan Carlos Sacco, quien advirtió que puede ser peligroso un ejemplar que venga con una tinta con más del 0,06% de plomo.
La norma, establecida por el irascible secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, comenzó a regir a principios de marzo y por ella decenas de títulos importados se encuentran demorados en la Aduana argentina, a la espera de una inspección por el grado de plomo que puedan contener. Las autoridades niegan que esto suponga una prohibición de comprar libros extranjeros, pero a la vez aseveran que la normativa apunta a promover la producción editorial en el país.
Sacco señaló que en los últimos cinco años se importaron 140.000 toneladas de libros por el valor 550 millones de dólares. “En 2011 tuvimos un desbalance de 78%, unos 125 millones de dólares en contra”, agregó. Unos 76 millones de libros se consumen al año en Argentina, de ellos un 78% se importan y son impresos en Uruguay, Chile, China y otros países.
La Cámara de Publicaciones rechazó la medida del gobierno y aseguró que en ningún lado del mundo existe tal grado de plomo en la tinta de los libros. De acuerdo al diario Clarín, que mantiene una guerra abierta con la administración de Cristina Fernández, una persona que recibe un libro por correo debe abonar 10 dólares por su ingreso y otros dos por día de almacenamiento. Lo que, con la nueva realidad, puede llegar a pagar una fortuna por 200 o 300 páginas de una publicación.
Evitar la salida de dólares
Esta, como las otras, es una forma del gobierno argentino de detener la salida de dólares. Los ciudadanos tienen cada vez más complicaciones para cambiar pesos por dólares o para retirarlos en cajeros nacionales o en el extranjero. La fuga de capitales en 2011 llegó hasta los 21.500 millones de dólares. Muchos argentinos creen que, detrás de las presiones fiscales y de las nacionalizaciones de los fondos privados de pensión, existe un deseo de la Casa Rosada para quedarse con sus ahorros bancarios.
En la obsesión del gobierno por evitar que una persona saque más de 10.000 dólares sin declararlo, se ha ordenado la distribución de perros adiestrados en aeropuertos y puestos fronterizos, capaces de detectar la tinta de los billetes estadounidenses. Uno llega a preguntarse si no colocarán ahora canes con la habilidad de notificar que la tinta de los libros contiene más plomo que el debido.