El gobierno británico se ha propuesto reformar su actual Estado del bienestar. El objetivo es, según el primer ministro, Tony Blair, «sacar a la mayor cantidad posible de gente del sistema de subsidios sociales y ponerla a trabajar». Lo primero es relativamente fácil: hace unas semanas el Parlamento aprobó reducir subsidios a las madres solteras (ver servicio 170/97), y en el proyecto del próximo presupuesto de la Seguridad Social se prevé recortar las ayudas sociales a los minusválidos. Pero mermar las ayudas públicas no resuelve ni asegura lo segundo y más importante: que la gente se ponga a trabajar.
Blair lleva meses hablando de la necesidad de controlar el gasto público, lo que hacía prever la revisión a la baja de los subsidios sociales. Estas ayudas costaron a los contribuyentes 23.500 millones de libras (unos 5,6 billones de ptas.) en 1997, lo que supone el 24% del presupuesto de la Seguridad Social. La intención del gobierno -que ha suscitado descontento dentro del propio partido laborista- es que sólo reciban ayuda las personas que realmente lo necesitan. Eso significa abdicar del principio de «universalidad» con el que ha funcionado tradicionalmente el Estado del bienestar. Y la razón por la que en este caso se cuestiona que todos reciban ayudas es que, según los datos del Ministerio de Seguridad Social, cerca del 40% de los subsidios por discapacidad van a familias acomodadas (de las que depende alguna persona en esas condiciones).
Por el momento, lo más claro de las reformas del welfare en Gran Bretaña son los recortes; en cambio, todavía es pronto para ver si los enganchados al welfare se pondrán a trabajar. Puede que sea cuestión de tiempo y pruebas. Por eso interesa qué ha sucedido en Estados Unidos, que en esto va por delante.
La experiencia norteamericana
En la mayor parte de Estados Unidos las ayudas sociales se dispararon con la recesión de comienzo de los años 90. Pero una reforma más radical del welfare en 1994 inició el descenso progresivo de los subsidios (cfr. servicio 123/95).
En agosto de 1996 Clinton promulgó una reforma de la asistencia pública con el fin de reducir el número de beneficiarios. En esta oleada de reformas, Wisconsin ha sido el Estado que antes y más ha logrado disminuir la cifra de personas que dependen de los subsidios (cfr. servicio 75/97); claro que a cambio, el sector público estatal se ocupa de crear nuevos empleos o de subvencionar otros. En septiembre del año pasado, 35.000 familias recibían ayudas sociales y en las primeras seis semanas del llamado plan W-2 («Wisconsin Works»), unas 7.000 han cambiado de situación: casi la mitad ha dejado por completo de recibir subsidios y el resto está haciendo trabajos subvencionados, al menos parcialmente, con fondos públicos.
Muchos de esos trabajos son pagados con el salario mínimo e incluyen horas dedicadas exclusivamente a mejorar la formación laboral con cursos que subvenciona el Estado. En el caso de las personas para las que, por sus circunstancias, no existe un posible trabajo, el Estado ha dispuesto también empleos de servicio comunitario con condiciones laborales exigentes (por ejemplo, 30 horas semanales limpiando los parques, con el complemento de 10 horas de clase).
Las reformas de Wisconsin están teniendo éxito porque en este Estado el mercado laboral funciona bien y está produciendo nuevos empleos. Además el Estado no está ahorrando fondos para financiar los cambios: el presupuesto será un 40% más caro en el primer año de la reforma que en el último año del sistema antiguo.
Pero el sistema tiene sus amables contraprestaciones. El coste de los subsidios para mantener a una familia son 15.700 dólares anuales (2.355.000 ptas.), un 60% más que antes. Todos los padres y las personas consideradas pobres -casadas o solteras- reciben para sus hijos atención médica gratuita. Wisconsin es el único Estado que permite que las madres solteras puedan conservar toda la pensión que reciben del padre de sus hijos, lo que anima a las madres a buscar al padre ausente, y a éstos a pagar.