Rio de Janeiro.— La semana pasada, tras ocho meses largos de debates, el Parlamento brasileño aprobó una reforma drástica del sistema de pensiones. La había presentado el gobierno de Jair Bolsonaro el 20 de febrero de este año, cuando habían transcurrido tan solo cincuenta días desde la toma de posesión del presidente.
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El sistema de pensiones brasileño es público y de reparto: los cotizantes aportan a un fondo del cual se sacan las pensiones de los jubilados actuales. A este sistema se lo puede llamar “pacto de generaciones”, ya que los trabajadores de hoy pagan las pensiones de los trabajadores de ayer.
En el siglo XX este sistema funcionó bien, toda vez que los cotizantes eran mucho más numerosos que los jubilados. Pero la esperanza de vida de los brasileños aumentó de 54 años en 1960 a 76 en 2018, y la tasa de fecundidad bajó de 6 a 1,7 hijos por mujer en el mismo período. Esto hizo que cada vez más jubilados dependieran de cada vez menos trabajadores activos.
La reforma fija una edad mínima para jubilarse: 62 años para las mujeres y 65 para los hombres
Además, cualquier trabajador podía jubilarse al cabo de 35 años de contribución (30 años las mujeres), con independencia de su edad. Algunas categorías tenían condiciones todavía más blandas. Profesores y policías podían jubilarse con 30 años de cotización (las mujeres, con 25). Los políticos tenían un sistema especial que les garantizaba pensiones elevadas, aunque hubiesen estado tan solo cuatro años ejerciendo un cargo público.
Al no exigirse edad mínima, había brasileños que se jubilaban a los 50 años y, por tanto, percibían la pensión durante 26 años, por término medio.
Situación insostenible
Con el paso de los años, la situación se hizo insostenible. En 2018 el sistema de pensiones brasileño registró un déficit equivalente a 64.000 millones de euros y sus gastos totales supusieron 10,5% del PIB.
El coste de las pensiones en países como Japón y Alemania también llega al 10% del PIB. Pero Brasil tiene una proporción de personas mayores tres veces más pequeña. Por lo tanto, lo normal sería que gastara en pensiones una parte mucho menor de la riqueza nacional.
Sin la reciente reforma, en pocas décadas la carga de las pensiones en Brasil representaría el 20% del PIB. Habría que detraer recursos de otras partidas importantes para la sociedad, como educación, sanidad y seguridad para sostener un sistema de pensiones cada vez más deficitario.
Aun siendo muy grave la situación, pocos brasileños eran conscientes de la magnitud de este problema. No obstante, desde 2014 una buena parte de la población empezó a cuestionar a las políticas populistas adoptadas en Brasil desde principios de siglo. Los motivos de este descontento social eran complejos, pero entre ellos estaban la frustración por promesas no cumplidas y el descubrimiento de casos de corrupción en anteriores gobiernos de izquierda.
En este contexto de fuerte crisis, apareció Jair Bolsonaro y propuso un cambio radical de las políticas económicas. Las grandes expectativas suscitadas por Bolsonaro hicieron que muchos le apoyaran en todo lo que proponía, incluso en medidas hasta entonces poco populares.
Medidas arriesgadas
La principal de estas medidas era la reforma del régimen de pensiones. De hecho, se sabía que imponer una edad mínima para jubilarse y exigir más años de cotización eran medidas arriesgadas, que podrían causar el rechazo de muchos. Sin embargo, Bolsonaro aprovechó el clímax del inicio de su mandato para proponer la reforma más difícil y, en efecto, la estrategia le salió bien.
Los brasileños podían jubilarse a los 50 años y percibir la pensión durante 26 años, por término medio
Resumidamente, la propuesta original de Bolsonaro planeaba fijar una edad mínima de jubilación de 65 años para hombres y mujeres, aumentar a 40 años el tiempo de cotización exigido para recibir la pensión completa y crear un sistema alternativo de capitalización semejante al que hay en Chile.
También incluía la eliminación de los privilegios de los políticos, aumentar las cotizaciones a los más ricos y disminuirlas a los más pobres. Así, los fondos públicos se ahorrarían en total equivalente de 224.000 millones de euros en diez años.
Durante los largos debates en el Parlamento, se fue rebajando el proyecto inicial. Entre otras cosas, se rebajó a 62 años la edad mínima de jubilación para las mujeres y no se aprobó la creación del sistema paralelo de capitalización. Al final, la reforma aprobada supondrá un ahorro del equivalente de 141.000 millones de euros en los próximos diez años.
Su tramitación fue complicada, ya que grupos sindicales hicieron presión sobre los parlamentarios, que temían la reacción de descontento de la población, pues ellos no gozaban de la misma popularidad que tenía Bolsonaro. De hecho, algunos grupos han logrado mantener parte de los privilegios de ciertos sectores, como profesores, agricultores o policías.
Apoyo popular
Sin embargo, hubo también un crucial movimiento popular en favor de la reforma. En mayo, junio y julio de 2019 hubo manifestaciones multitudinarias en las principales ciudades de Brasil para demandar al Parlamento que aprobase las reformas propuestas por Bolsonaro, de las cuales la del sistema de pensiones era la principal. Sin este apoyo, habría sido difícil que la propuesta se aprobara.
Una medida que podría ser tan impopular se ha convertido en la primera victoria de unos nuevos vientos político-económicos. El momento específico de la entrada de Bolsonaro como presidente después de años de crisis y corrupción, ha sido decisivo para que la mayor parte de la población brasileña aceptara ceder algunos de sus derechos adquiridos en favor de un mayor bien común a largo plazo.
Si la medida hubiera sido propuesta un año antes o un año después, quizás no habría sido aprobada, y Brasil seguiría abocado a una grave crisis económica en los próximos años. Afortunadamente, la propuesta fue hecha por la persona adecuada en el momento propicio.