La necesidad de poner coto al déficit de las finanzas públicas está obligando a dar marcha atrás en la largueza del Estado de Bienestar en Europa. Suecia y Austria, dos países que siempre se han distinguido por su amplia protección social, van a emprender una poda drástica de estos gastos.
Los socialdemócratas van a ser los encargados de aplicar una cura radical de austeridad al modelo sueco de bienestar, edificado fundamentalmente por su partido. La situación de las finanzas públicas no les deja elección. El déficit público supone el 13,5% del Producto Interior Bruto (frente al 4,2% como media en la OCDE). Y la deuda pública alcanza ya el 90% del PIB. Ya en 1993, una comisión de estudio formada por economistas independientes había recomendado una reforma radical del Estado de Bienestar (cfr. servicio 43/93). Y, tras la entrada en la Unión Europea a principios de año, es indispensable poner orden en las finanzas públicas para poder participar en la unión monetaria en 1997.
Los presupuestos presentados en el Parlamento por el gobierno suponen un severo recorte del gasto público. A partir del año próximo, pretende reducir un 15% los subsidios familiares, que ascienden a unas 9.000 coronas (180.000 pesetas) por hijo y año. En 1998 se pondrá un techo del 75% en los gastos reembolsados por la Seguridad Social. Los permisos a los padres para el cuidado de niños pequeños, los subsidios para vivienda de las personas mayores, las ayudas a inmigrantes y jóvenes sin empleo…; todo se revisará a la baja.
El gobierno, minoritario en el Parlamento, puede contar con el apoyo de alguno de los partidos de centro-derecha para aprobar estas medidas. «Bienvenidos al club de los realistas», ha saludado con ironía al gobierno el antiguo primer ministro conservador, Carl Bildt.
La hora de la austeridad ha sonado también en Austria, otro país recién ingresado en la Unión Europea. La incorporación del chelín al sistema monetario europeo hace inaplazable una política de rigor, necesaria, por otra parte, para rectificar los excesos del Estado Providencia. El importe de la deuda pública, que representa el 63% del PIB, es preocupante y su servicio absorbe el 19% del presupuesto anual. Y el déficit público, que supone casi el 5% del PIB, crecerá en 1995 por la contribución neta que deberá hacer el país a la Unión Europea.
En estas condiciones, el gobierno de coalición entre socialistas y democristianos se ha propuesto un plan de austeridad que exige recortar los gastos sociales, reducir los efectivos del sector público y suprimir algunos privilegios concedidos a los funcionarios. El desbordamiento de los gastos sociales se debe a medidas que han demostrado ser costosas (segundo año de permiso por maternidad, subsidios más elevados para las madres solteras y las personas que necesitan cuidados médicos a domicilio, etc). También influye el régimen de jubilaciones anticipadas, que ha hecho que la edad media de jubilación esté en los 58 años. El sector público adelgazará también con la aceleración del programa de privatizaciones, especialmente necesario en un país con abundantes empresas públicas deficitarias.