Ser empleada doméstica exige, en muchos casos –y lo mismo en el norte que en el sur del planeta–, no solo saber empuñar una escoba o preparar dos platos y postre para cenar. Es también tener que lidiar con injusticias en el puesto de trabajo y con la indiferencia de quienes, desde la política, entienden que lo de ser trabajador del hogar no es lo suficientemente serio como para que el Parlamento dedique una hora de sesión a tratar de mejorarle la existencia a este colectivo.
“El principal problema del sector es la baja protección laboral y social –precisa a Aceprensa Fabio Durán Valverde, especialista senior de Protección Social de la OIT, desde Ginebra–. Nosotros clasificamos el trabajo doméstico como ‘grupo de difícil cobertura’, por una serie de razones, como que el trabajo se realiza en un hogar privado, lo que dificulta las inspecciones. Y también está la irregularidad de sus ingresos, el pago del salario en especie, que afecta la base para calcular otras prestaciones sociales, como las vacaciones; la inexistencia de un contrato de trabajo formal, y la variabilidad en la cantidad de horas laboradas”.
Hasta el momento, 22 países han ratificado el Convenio 189, de 2011
Según el experto, otras situaciones complejas son la del trabajador que vive en la misma casa donde labora, lo cual le crea una dependencia de la familia empleadora y le hace perder capacidad negociadora para exigir derechos, y la del que trabaja a tiempo parcial, al que le es más difícil obtener cobertura por parte de la seguridad social, bien porque la legislación establece barreras, bien porque el empleador no quiere asumir totalmente el costo del pago de las contribuciones sociales”.
– ¿En qué regiones es más patente esta desprotección?
– Principalmente en Asia y África. Que el trabajo doméstico sea aún más difícil allí tiene que ver con sus mayores índices de pobreza. Quien busca empleo, tiene menos posibilidad de negociación al hacer su oferta, y quienes contratan, muchas veces tienen también baja capacidad contributiva o para cumplir con los derechos del trabajador.
Está además el factor de la migración interna. Es el caso de la trabajadora doméstica que llega del campo a la ciudad, que desconoce la situación y no puede negociar. Lo que necesita es un lugar donde vivir. Esto crea unas condiciones muy desiguales en cuanto a su situación laboral. Por último, también influyen aspectos de índole cultural. En general en todo el mundo hay una discriminación hacia el trabajo doméstico y una baja valoración de este, que en algunos países ni siquiera se considera una ocupación. Ello deja huella en los marcos jurídicos, que reflejan esta concepción que tiene la sociedad.
– En el mundo desarrollado también hay carencias. En EE.UU., los empleados internos no están cubiertos al completo por la legislación laboral vigente, mientras que en España se les niega el subsidio de paro a los empleados de hogar que se quedan sin trabajo…
– Hay un estigma, una subvaloración social, que pesa mucho. Es psicología social, que lamentablemente se traduce al nivel de la configuración de las legislaciones. En ciertos países existe una discriminación jurídica en cuanto a ciertas prestaciones o derechos, claramente establecidos en el Convenio 189 [de la OIT, que regula las normas internacionales sobre el trabajo en el hogar]. Ello se origina en el pensamiento de que, al eliminarse algunos beneficios de la seguridad social, puede hacerse más accesible el financiamiento, tanto para el empleador como para el trabajador. No decimos que esto sea bueno o malo. Solo observamos que algunos países siguen esa estrategia de limitar las prestaciones, dado que hay un problema de baja capacidad contributiva en muchos hogares que emplean a trabajadores domésticos.
En algunos países, como España, existe una discriminación jurídica en cuanto a ciertas prestaciones o derechos, claramente establecidos en el Convenio 189 de la OIT
Por otra parte, tenemos países europeos muy desarrollados en términos de seguridad social, como es el caso de España, con un sistema ejemplar en la materia y que, sin embargo, presentan una alta tasa de falta de cobertura. No es un tema solo de país pobre o de país desarrollado. A todos los afecta en alguna medida.
– El acuerdo mencionado por Ud. tiene ya 5 años, pero muy pocos lo han ratificado. ¿A qué puede deberse?
– La ratificación de los convenios es un proceso que lleva tiempo. Nosotros entendemos que la de este marcha bastante rápido. Hasta ahora tenemos 22 países, en un tiempo que consideramos relativamente corto desde que se adoptó. Hay otro grupo de convenios en el que se observa una tasa de ratificación mucho menor, a pesar de que han contado con un plazo mucho más amplio. Tenemos que seguir trabajando.