Nunca se ha llegado a saber cómo Qatar consiguió organizar el campeonato mundial de fútbol para 2022. En la Red se pueden ver fotos espectaculares de los modernísimos estadios y hoteles diseñados para el evento. Pero la información pasa página sobre el costo en vidas humanas que ha supuesto la construcción de esos coliseos del mundo contemporáneo.
Según datos de los sindicatos de la construcción, que recoge
Concretamente, se protesta de que el emirato haya empleado a más de un millón de personas, que tienen que trabajar durante largas jornadas con temperaturas de 50 grados a la sombra. La mitad de las más de mil muertes durante las obras se debería a infartos de corazón causados por esas duras condiciones. Y se estima que, si no se hace algo antes de 2022, las víctimas podrían pasar de 4.000. Este río de sangre amenaza con convertir una fiesta del deporte en una matanza de gente inocente.
El gobierno de Qatar rechaza las acusaciones y discute las cifras de muertos. Sin embargo, en los últimos dos años, se habrían comunicado 900 defunciones a las embajadas de India, Nepal y Bangladesh: la mitad, calificadas de “repentinas”, de “naturaleza desconocida” o de “paro cardíaco”. Las Federaciones sindicales mundiales y europeas de la construcción sospechan que detrás de estas cifras se oculta la muerte por agotamiento de trabajadores explotados.
Los responsables italianos de Amnistía Internacional lamentan que no hayan sido atendidas las denuncias que hicieron en su día. La FIFA pareció mostrar cierta sensibilidad, pero han prevalecido los intereses de un Estado que combina la máxima modernidad técnica con la falta de respeto hacia derechos humanos elementales. AI no exculpa a los gobiernos de India y Nepal, de donde procede la mayor parte de las víctimas.
En el último informe de AI sobre derechos humanos, se recuerda que los trabajadores inmigrantes –más del 90% de la mano de obra de Qatar‑ sostienen la vida económica de los países del Golfo. Pese a su importancia “seguían sin recibir protección adecuada de la legislación laboral local, y sufrían explotación y abusos. La elección de Qatar como sede de la Copa Mundial de Fútbol de 2022 garantizó que se mantuvieran bajo escrutinio sus políticas oficiales y sus prácticas en relación con los trabajadores contratados para construir nuevos estadios y otras instalaciones, y el gobierno prometió reformas en respuesta a la presión”. Pero el régimen de “kafala” ha impedido cualquier avance significativo. Las decisiones de la FIFA hace ahora poco más de un año tampoco han sido eficaces.