El plan de empleo juvenil del gobierno francés
En constantes reuniones e informes, los países europeos están planteándose cómo dar más empleos a su población joven, en vista de que el paro juvenil supera -y en muchos casos dobla- la tasa nacional. Francia es uno de los casos extremos, con el 28% de los jóvenes de 18 a 24 años sin trabajo. En octubre, la Asamblea Nacional aprobó una ley que pretende crear miles de puestos de trabajo para jóvenes, sobre la base del tradicionalmente crecido sector público galo. Lo que se discute es si estos empleos responden a necesidades reales.
La meta es crear 350.000 nuevos puestos de trabajo especialmente entre jóvenes de 18 a 26 años en un plazo de tres años. Los nuevos «empleos-jóvenes» se crearán a instancias de diversos ministerios, son de carácter público o semipúblico, cofinanciados por el Estado (80%) y los empleadores (20%), y dirigidos a atender necesidades nuevas en sectores como la educación, el deporte, la cultura, el medio ambiente o la seguridad (
El miedo a inflar el sector público
El temor a que el plan termine engrosando la administración pública ha sido la crítica más repetida contra la ley. No en vano Francia tiene el récord de empleos públicos: un cuarto de la población activa, frente al 14% en Gran Bretaña, el 15% en Estados Unidos y el 16% en Alemania.
A juicio de Jacques Bichot, profesor de la Universidad Lumière (Lyon II), la ley de «empleos-jóvenes» es una trama de buenos sentimientos y mala política. Bichot se muestra especialmente crítico con que el Estado tenga que subvencionar en un 80% el coste de muchos de los empleos. En su opinión, salvo en el caso de los empleos para minusválidos, «subvencionar de tal manera el empleo es pervertir los esquemas mentales de los beneficiarios, y la perversión de la juventud es la más grave».
Aunque para un joven es mejor trabajar que estar de brazos cruzados, los empleos subvencionados no le otorgan autonomía, sino que en realidad son una ocasión más para vivir de los subsidios.
De hecho, la validez del plan depende de que los nuevos empleos cubran, o generen, necesidades reales. Pero como esto es todavía una incógnita, el tener una subvención pública tan elevada da pie a algunos a opinar que, más que cubrir servicios necesarios para la sociedad, en el fondo es una medida política voluntarista con un efecto tranquilizante a corto plazo, y nocivo a la larga.
Un futuro laboral incierto
El propio Bichot, en un informe sobre empleo juvenil que redactó en 1987 para el Consejo Económico y Social, ya advirtió que las medidas en favor de los jóvenes, después de algunos éxitos efímeros, producen un efecto negativo: los empleadores se resisten a contratar sin subvención a ningún joven de formación modesta, mientras dure la posibilidad de hacerlo con una ayuda pública. Según este profesor, las subvenciones dispuestas por la nueva ley crean limitaciones a las empresas y disminuyen la productividad, por lo que «las empresas tenderán a recuperar con subvenciones una parte de lo que les cueste este dispositivo; y contratarán lo menos posible fuera de los puestos de trabajo pagados al 80% por el Estado» (Le Figaro économie, 11-IX-97).
Tampoco sabe nadie qué pasará cuando, dentro de cinco años, prescriban los contratos recién firmados. La ministra Aubry confía en que se mantendrán. Su hipótesis es que estos empleos resuelven necesidades reales no satisfechas, y que la sociedad estará dispuesta a pagarlos. Está por ver. Lo cierto es que los jóvenes que lleven varios años trabajando bajo este plan, si no han encontrado otro empleo, tratarán de llegar a ser funcionarios de pleno derecho. Y entonces el Estado se verá obligado a recaudar más dinero -quizá vía impuestos- para pagar a los nuevos funcionarios.
Cabe también que una parte de los jóvenes que se beneficien de la ley durante estos próximos años encuentren después un trabajo diferente, en el sector privado. Pero eso no forma parte de las previsiones del plan. Es más, otra de las críticas a la ley Aubry es que la mayoría de los empleos-jóvenes que propone no añaden una experiencia profesional verdaderamente valiosa para otras ocupaciones.
Según el análisis del profesor Bichot, lo más positivo del proyecto es que diez ministerios hayan tenido que indagar las carencias laborales más importantes de sus respectivas áreas. De este modo el Estado cumple un papel importante: hallar los nuevos yacimientos de empleo, expresión que puso de moda el Libro Blanco sobre el crecimiento, la competitividad y el empleo (aprobado por la Comisión europea bajo el mandato de Jacques Delors).
El planteamiento del gobierno francés está en la línea del análisis del economista estadounidense Jeremy Rifkin en su libro El fin del trabajo. Según Rifkin, la principal fuente de empleo en los próximos años no será el sector público ni el mercado, sino un «tercer sector» de servicios colectivos exigidos por nuevas tendencias sociales: el alargamiento de la vida, el interés por proteger el medio ambiente y evitar la inseguridad, el consumo de algunos productos (de comunicación o multimedia) y, en general, el deseo de mejorar la calidad de vida (transportes, ocio, cultura, sanidad, vivienda, etc.).
El problema es que los nuevos yacimientos de empleo permanecen hasta ahora inexplotados porque el solo crecimiento económico no es capaz de hacerlos emerger (en esto coinciden la ministra Aubry y el presidente del partido RPR, Philippe Séguin). Desde el punto de vista económico, poder sacar partido a las nuevas canteras se basa en transformar los subsidios de paro en los salarios mínimos de los nuevos empleos. Mientras que la condición previa necesaria es distinguir bien cuáles son útiles para la sociedad y no están cubiertos por el mercado.
Opiniones de sindicatos y patronal
La respuesta de los sindicatos a la ley se resume diciendo que han mostrado temor ante la precariedad de los nuevos empleos. Hay quien piensa que los jóvenes asumidos por el programa socialista se acabarán convirtiendo en un funcionariado de segunda categoría. Por su parte, la patronal francesa se ha quejado de competencia desleal y también ha pedido al gobierno que precise al máximo la definición de los nuevos empleos. A juicio de Georges Drouin, vicepresidente, las subvenciones destinadas a empleos públicos y parapúblicos amenazan unos 100.000 empleos privados estables (a pesar de que el gobierno ha prometido que los empleos-jóvenes no entrarían en competencia con el sector privado).
En efecto, al saber que van a recibir una subvención del 80% por cada salario, las administraciones locales podrían rescindir los contratos de servicios privados que terminan en diciembre. Por otra parte, en Francia hay 120.000 asociaciones con empleados en plantilla y que se ven beneficiadas por la ley, lo que las convierte en una competencia (¿desleal?) nada despreciable.
No obstante, como el presidente Chirac ha advertido, el más grave problema sería que las disposiciones «se traduzcan en una creación masiva de empleos públicos permanentes». Pues en tal caso, Francia tendría más difícil contener el déficit público por debajo del 3%, necesario para incorporarse a la moneda única europea.
Otro punto discutido de la ley tiene que ver con el efecto negativo que puede provocar entre los parados profesionalmente menos cualificados. La ley Aubry, dicen algunos, puede tentar a los jóvenes con contratos de cualificación -que cobran 3.000 francos mensuales- a abandonar su formación, a cambio de ganar durante cinco años el salario mínimo interprofesional, que supera ampliamente los 6.000 francos al mes.
Además, los empleos que propone el Ministerio de Educación están dirigidos en especial a jóvenes con un cierto nivel de formación: los que hayan terminado el Bachillerato o estudiado después otros dos años (bac+2). Este criterio excluye como candidatos a los 65.000 jóvenes que no tienen cualificación académica y a los 340.000 inscritos en el ANPE (la agencia nacional para el empleo) que han cursado dos o tres años de Formación Profesional (BEP o CAP), hasta cumplir 16 ó 17 años.
Algunos sostienen que el fuerte eco que ha suscitado el programa propuesto por el Ministerio de Educación no certifica tanto la validez de la ley, como que los beneficiarios, asfixiados por el desempleo, están dispuestos a agarrarse adonde sea. En parte es así, pues muchos de los que se apresuraron a pedir trabajo son estudiantes con más formación de la requerida por el Ministerio: gente con carrera universitaria técnica o superior, estudiantes que realizan trabajos esporádicos y a la vez siguen ampliando su curriculum académico.
En consecuencia, ciertos diputados, incluso socialistas, y los sindicatos, han reprochado al ministro de Educación, Claude Allègre, que el proyecto no resuelve los problemas de los jóvenes poco cualificados. No añade nada nuevo a las antiguas medidas temporales previstas para ellos (empleo solidaridad, contratos de cualificación o de adaptación), mientras que puede convertirse en un banderín de enganche que abra una nueva puerta, demasiado ancha, hacia la función pública.
En busca de los nuevos «yacimientos» de empleo
La ley ya aprobada persigue crear, en los próximos tres años, 350.000 empleos para jóvenes de 18 a 26 años, y para desempleados de hasta 30 años que no cobren subsidio de paro (porque no han trabajado el tiempo mínimo requerido). Los nuevos empleos son de carácter público, parapúblico y asociativo, en sectores como la educación, la cultura, el deporte, el medio ambiente o los servicios de proximidad (guarderías, ayudas a domicilio). Los contratos durarán cinco años; no son renovables, y serán precedidos por un periodo de prueba de un mes, o dos meses a lo sumo. Sólo bajo ciertas condiciones el contrato puede romperse al cabo de un año.
¿Empleos?, ¿qué empleos?
Se establece que los jóvenes reciban el salario mínimo de inserción (6.663 francos brutos mensuales: 168.000 pesetas) por 39 horas semanales. El Estado financia el 80% del coste y el resto lo pagan los empleadores (gobierno central, administraciones locales, servicios públicos, asociaciones), que, por descontado, pueden pagar cantidades superiores al salario mínimo. Así que está previsto que el Estado desembolse, por cada nuevo contrato, 92.000 francos anuales. Una vez que el programa esté plenamente en funcionamiento el coste será de 35.000 millones de francos anuales. Claro que el dinero hasta ahora empleado en subsidios de desempleo podrá pasar a financiar el empleo-joven de los parados que sean contratados.
Los nuevos empleos se crearán sobre todo en el sector educativo. Hasta finales de año, ese Ministerio prevé generar 30.000 puestos para jóvenes en las escuelas y otros 10.000 en los institutos públicos de secundaria. Los colegios privados concertados con el Estado también podrán beneficiarse de la ley. La cualificación que el Ministerio de Educación exige es haber terminado el bachillerato o haber estudiado hasta dos años más (bac+2).
En la policía nacional, 20.000 puestos serán para «adjuntos de seguridad». Hasta finales de 1998, la policía nacional ampliará en 8.250 sus plazas para los jóvenes de 18 a 26 años. Recibirán un curso de formación de dos meses y en algunos casos podrán estar armados. Sus contratos serán financiados por el Estado.
El Ministerio del Interior también ha asegurado que creará 15.000 puestos de «agentes locales de mediación», con contratos de derecho privado que se financiarán entre el Estado (80%) y las administraciones locales, asociaciones y los dueños de locales sociales. Su objetivo será reforzar la seguridad en transportes, barrios, escuelas, bibliotecas, etc.
En las áreas de Familia, Sanidad y Transportes, se prevén ocupaciones como asistir a personas dependientes en residencias de ancianos u hospicios; facilitar la vuelta a la vida corriente a algunas personas después de estar hospitalizadas; difundir entre las familias información de servicios de guarderías y controlar la oferta y demanda según barrios y ciudades; o acompañar, para evitar accidentes, a personas dependientes y a niños pequeños en los transportes públicos.
Otros empleos, relativos en general a la vivienda, suponen actividades de mediación social y técnica entre arrendadores y arrendatarios de pisos; realizar reparaciones pequeñas en casas o espacios verdes, en partes comunes de inmuebles; vigilar aparcamientos, centros comerciales, salidas de colegios, etc.
Con esta ley, es posible que algunos jóvenes se conviertan en mediadores penales. Cuando se trate de delitos menores, los mediadores tendrán que proponer respuestas institucionales alternativas a la cárcel (como trabajos de interés general) y vigilar su cumplimiento; otros mediarán en las familias ante diversos conflictos; y habrá quienes se mantengan en contacto con los familiares de personas detenidas, o intervengan de cerca en una reinserción social de los presos.
Para animar a los jóvenes (18 a 26 años) a crear empresas, la ley ha previsto también concederles ayudas que van desde un promedio de 30.000 francos (750.000 ptas.) hasta 50.000, con el fin de que pongan en marcha su propio negocio.
Las ayudas se prolongarían durante tres años. El fondo previsto es de 200 millones de francos, a distribuir entre 5.000 beneficiarios. Entre 35.000 millones anuales, es un aliento casi imperceptible a la iniciativa privada.
La opción británica por la formación
Como el gobierno socialista en Francia, también el gobierno laborista británico está concentrando sus esfuerzos en la lucha contra el paro de los jóvenes. Pues, aunque en Gran Bretaña la tasa de paro es baja (5%), entre los jóvenes llega al 14%.
Sin embargo, a diferencia de la ley francesa, el proyecto británico -para el que ya se ha aprobado un presupuesto de 3,5 millones de libras- no consiste en dar un trabajo inmediato a los jóvenes, sino en facilitarles la entrada en el sistema laboral a través de la formación y la experiencia profesional.
El proyecto laborista tratará de ayudar en cuatro años a 250.000 británicos menores de 25 años en la búsqueda de empleo durante seis meses. Será financiado por un impuesto sobre las sociedades recientemente privatizadas.
Cada joven parado menor de 25 años puede elegir entre cuatro opciones. Si se inhibe, el Employment Service le asignará una. Y si desprecia también ésta perderá automáticamente todo derecho a una prestación social y verá desaparecer su nombre de las listas de demandantes de empleo.
La primera opción, prevista para unos 100.000 jóvenes, es un trabajo «subvencionado» en una empresa privada. La empresa que contrate a jóvenes sin trabajo -Ford es una de las que se han interesado en el plan- recibe 15.000 pesetas semanales durante 26 semanas. Otros dos posibilidades son trabajar en el sector público para proteger el medio ambiente (65.000 puestos), o en el sector de la beneficiencia (25.000), con un día a la semana dedicado a la formación profesional. Por último, para 60.000 jóvenes sin cualificación profesional, se ha previsto que empiecen a formarse como aprendices.
El plan laborista trata de recoger la experiencia sobre creación de empleo de los años 80, según cuenta el primer ministro, Tony Blair, en una entrevista publicada por Le Monde (7-XI-97): «Queremos conservar lo que funcionó -la flexibilidad del mercado de trabajo- y corregir lo que no funciona» (la incapacidad de reformar el Estado providencia y de adaptar el sistema educativo a la demanda de empleo).
Blair no comparte la idea de que el plan sea demasiado autoritario con los jóvenes parados, puesto que se están beneficiando de la ayuda estatal: «La sociedad tiene perfecto derecho a decirles que, a cambio del servicio [dinero] que les da el Estado, tienen ciertas obligaciones».
José María Garrido