Aunque los funcionarios tienen más seguro su empleo en tiempos de crisis, los déficits de las arcas públicas les empiezan a afectar en forma de días de descanso no remunerados y suspensión de servicios.
Los recortes de jornada o las vacaciones forzosas sin remuneración se han venido convirtiendo en la fórmula de compromiso para que las empresas puedan reducir gastos sin recurrir a los despidos masivos (cf. Aceprensa. 22-07-2009). No parece que los funcionarios, habitualmente preservados de estas variaciones en el estatus laboral, puedan permanecer a salvo de unas medidas que la crisis ha extendido al sector público ya en varias partes del mundo.
EE.UU.: suspensión de servicios
En Estados Unidos, Chicago suspendió a mediados de agosto los servicios públicos durante un día, previendo un ahorro de unos 8,3 millones de dólares. El parón, que supuso el cierre por 24 horas de las bibliotecas, de los servicios de recolección de basuras y de algunos centros de salud, se repetirá por lo menos otros dos días (el 27 de noviembre, siguiente a la fiesta de Acción de Gracias, y el 24 de diciembre, víspera de Navidad), en vista de un déficit de 300 millones de dólares en las arcas locales. “Cada dólar que ahorremos con estas medidas estará ayudando a salvar puestos de trabajo, y en el largo plazo a garantizar los servicios a los habitantes de Chicago”, ha asegurado Richard M. Daley, alcalde de la ciudad, que ha aprovechado además para agradecer el “sacrificio” que por esta causa hacen los funcionarios.
California, por su parte, que ha reconocido un déficit de 24.300 millones de dólares, declaró en julio la emergencia fiscal e impuso el cierre de tres días al mes para todas las oficinas públicas. También Michigan ha previsto un plan de ahorro de 22 millones de dólares dejando de pagar a sus empleados seis de las jornadas que se trabajen hasta finales de septiembre. Hasta doce estados acusan la crisis que les ha obligado a disminuir los gastos recortando los servicios, por lo que Ron Snell, director de servicios estatales en la Conferencia Nacional de Legislaturas locales, ha admitido que el cierre temporal “se ha convertido en una práctica común para hacer frente a la escasez de este año”.
Rumanía: descanso sin sueldo
Ya en febrero, el Eurogrupo había aconsejado a las empresas capear la caída de la producción aplicando a sus trabajadores la reducción de jornada. Los ministros de Finanzas europeos se comprometieron entonces, a partir de una propuesta de la Comisión Europea, a incentivar los “arreglos flexibles” que amortiguaran el impacto social de la crisis y permitieran a las empresas ahorrar costes de despido y de contratación futura, preservando el capital humano. Joaquín Almunia, comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, señalaba en aquella oportunidad que tales arreglos podían conseguirse “a través de la combinación de diferentes instrumentos entre los pactados en la negociación colectiva y la utilización de fórmulas como los Expedientes de Regulación de Empleo con suspensión de contrato”.
En algunos países de Europa del Este, la crisis de las finanzas públicas ha alcanzado de lleno a los funcionarios. Así, por ejemplo, en Rumanía, que se encuentra sumida en una severa recesión, con un retroceso en su PIB de al menos el 8,5 %. Los policías rumanos se han manifestado ante la sede del Ministerio del Interior, denunciado que trabajan en condiciones de tal precariedad que incluso deben proveerse de los artículos de oficina comprándolos con su sueldo de 250 euros al mes. Otro tanto reclaman los médicos de los hospitales públicos.
Pero el gobierno se atiene al compromiso hecho ante el FMI de reducir en mil millones de euros los gastos fiscales para 2009, y en otros 3 mil millones para 2010. Con miras a este ajuste, los funcionarios públicos estarán obligados a tomarse diez días de descanso no remunerado entre septiembre y noviembre. Según el ministro de Finanzas rumano, Gheorghe Pogea, esta medida procurará a la deprimida economía nacional una reducción de déficit igual al 3% del PIB.
El FMI acaba de autorizar a Bucarest para afectar al pago de salarios de los empleados públicos una parte del préstamo de 20.000 millones de dólares que el propio FMI, la Unión Europea y el Banco Mundial acordaron en marzo a Rumanía.
La coalición entre los liberales del presidente Traian Basescu y los socialistas, transformada en un conflicto interno que se agudiza con la cercanía de las elecciones (a finales de este año), ha hecho imposible la definición de una línea política coherente, y mantiene la rampante corrupción que caracteriza a la administración rumana. En su edición del 15 de agosto, Le Monde comenta que mientras tanto el acalde de Bucarest, Sorin Oprescu, con aspiraciones a la presidencia, ha dispuesto 700 mil euros para hacer dorar varias estatuas de la capital.
España: contención de sueldos
En España, diez días después de que la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, declarara a la agencia Efe que “no estaba sobre la mesa congelar el sueldo de los funcionarios en estos momentos”, el ministro de Fomento, José Blanco, se ha pronunciado a favor de fijar “niveles de contención” para el próximo año en los salarios de los trabajadores públicos, aunque ha asegurado que esta medida no supondría “una pérdida del poder adquisitivo”. Los Presupuestos Generales para 2009 habían previsto un incremento salarial de un 2% para los más de tres millones de funcionarios que hay en España, un porcentaje que en realidad sobrepasaría el 3% si se cuentan las pagas extraordinarias y otros complementos específicos. Julio Lacuerda, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores, ha respondido a la propuesta de Blanco advirtiendo que “no podremos negociar nada si no hay una previsión de IPC oficial para 2009”.
En mayo de este año, una encuesta realizada por Adecco a 1.000 parados de varias ciudades de España mostró que casi el 40% de este colectivo está considerando opositar, mientras que el 14,67% afirmaba estar ya preparando los exámenes. La opción emprendedora, por su parte, seducía únicamente al 33,6% de los desempleados.