El Banco Mundial y la OCDE han publicado recientemente sendos estudios sobre el futuro de las pensiones. Ambos concluyen que reformar los sistemas actuales es una necesidad impuesta por los cambios demográficos y sociales.
El estudio de la OCDE examina primero el grado de cobertura que ofrecen los estados miembros. En los países de la OCDE, el trabajador medio puede esperar recibir una pensión equivalente a casi el 70% de sus ingresos anteriores a la jubilación. Esta «tasa neta de sustitución» varía mucho de un país a otro. Es la más alta en Luxemburgo, donde alcanza el 102% (allí los pensionistas ingresan más dinero que antes de jubilarse). Otros países (Austria, España, Hungría, Italia y Turquía) están también por encima de la media, con tasas superiores al 75%. En cambio, otros sistemas públicos de pensiones (Estados Unidos, Gran Bretaña, México, Nueva Zelanda) no garantizan más que el 36-39% del salario antes del retiro. La tasa más baja es la de Irlanda: 30,6%. En estos países las pensiones públicas han de ser complementadas con planes privados.
Visto el nivel de prestaciones, el informe calcula el coste futuro de las pensiones en función de la edad de jubilación y la esperanza de vida, que determinan el tiempo durante el que habrá que pagarlas. Con estas premisas, la factura para el Estado pronto será difícilmente soportable en Islandia, Japón, Noruega, Suecia y Suiza. En cambio, otros países menos envejecidos pueden permitirse un nivel de pensiones un 10% superior a los de los países de esperanza de vida media: en este caso están Eslovaquia, Hungría, México, Polonia y Turquía.
Asumiendo la longevidad media previsible de los pensionistas y una edad de jubilación de 65 años, tanto para hombres como para mujeres, la OCDE concluye que por cada año adicional de vida activa, la carga de las pensiones para el erario público se reduce un 3%. Esta es una razón «matemática» para retrasar la jubilación, medida que muchos gobiernos se plantean pero que resulta difícil de vender al electorado. Claro que no haría falta necesariamente subir la edad de jubilación obligatoria a más de 65 años, que ya es la vigente en la mayoría de los casos. Bastaría que el retiro no se anticipara al límite legal: en muchos países de Europa occidental, la edad media de jubilación efectiva está en torno a los 62 años.
Por su parte, el informe del Banco Mundial destaca los cambios sociales que han puesto en aprietos a los sistemas de pensiones. Aparte del envejecimiento de la población, destaca los cambios en los patrones de empleo: los sistemas tradicionales de pensiones están diseñados para trabajadores con empleo estable y vida laboral lineal, lo cual ya no es la norma. Las peculiaridades de la carrera de muchas mujeres, en especial la interrupción del trabajo cuando los hijos son pequeños, no están previstas en los sistemas actuales. A esto se añade la proliferación de divorcios, motivo por el que cada vez más personas viven solas cuando son mayores y corren más riesgo de caer en la pobreza, cosa que afecta sobre todo a las mujeres. Según el estudio del Banco Mundial, los países no han sabido adaptarse a estos cambios.
El Banco Mundial, que hace años recomendaba una amplia privatización de las pensiones, basada en la capitalización, ahora ya no está tan convencido. La solución que propone en el último informe es avanzar hacia un sistema mixto, con prestaciones públicas que aseguren un nivel de renta mínimo, combinadas con planes privados. El nuevo sistema tendría cinco «pilares». Habría unas pensiones públicas contributivas; una cuenta de ahorro individual obligatoria pero flexible; distintos complementos voluntarios; más un cuarto pilar social, basado en elementos no financieros, como la ayuda familiar, el acceso a la asistencia sanitaria y a la vivienda. A todo esto se sumaría un «pilar cero», no contributivo, en forma de subsidio social, si fuera necesario para garantizar una cobertura mínima durante la vejez y evitar así la pobreza.
Alejandro Huerta