Las nuevas reglas fiscales con las que la Unión Europea quiere volver a cuadrar las cuentas públicas de los Estados son más flexibles que las anteriores a la pandemia. En esta ocasión se trata de evitar que la posible austeridad ahogue el gasto en tres partidas muy necesarias: transformación digital, economía verde y defensa.
El año 2024 marca un punto de inflexión en la política económica de la UE. La crisis del covid-19 obligó a olvidar todas las medidas de control del gasto de los países para estimular cuanto antes la demanda. Así, se olvidaron todos los criterios de estabilidad presupuestaria que regían desde el Tratado de Maastricht, que básicamente eran mantener el déficit público por debajo del 3% del PIB y que la deuda no superara el 60% del PIB. La plasmación de esta política económica expansiva fueron los denominados fondos NextGenerationEU, a través de los cuales, y por primera vez en la historia, la Comisión Europea puso en manos de los países miembros 830.000 millones de euros en ayudas para la recuperación.
Pero la etapa del gasto ha terminado y hay que volver a la sostenibilidad de las cuentas. Así, el pasado mes de diciembre, la Comisión y los países miembros alcanzaron un acuerdo para establecer unas nuevas reglas fiscales a fin de evitar un descontrol de las finanzas públicas. Y, con el recuerdo de la crisis de 2008 y sus consecuencias, vuelve el temor a que la austeridad presupuestaria reduzca la inversión e incremente el paro; en definitiva, que ahogue de nuevo el crecimiento económico en aras del saneamiento de las cuentas públicas.
Deuda y déficit
En realidad, las nuevas reglas fiscales son las que había antes; lo que cambia a partir de ahora es la forma que tendrán los países de cumplirlas. Así, se contempla que los Estados miembros deben reducir su deuda pública a un nivel inferior al 60% del PIB en un plazo de diez años. Los países con una deuda superior al 90% del PIB tendrán que reducirla a un ritmo más rápido. También se especifica que el déficit público anual no debe superar el 3% del PIB, pero se prevén excepciones en caso de circunstancias especiales, como una crisis económica. Por último, se establece un límite al crecimiento del gasto público ligado al crecimiento del PIB potencial.
Se restablecen los límites al déficit público (3% del PIB) y a la deuda pública (60% el PIB), pero el ajuste se podrá hacer en más tiempo y adaptándose a las condiciones de cada país
Ahora bien, la forma de exigir estos compromisos a los Gobiernos es muy distinta a la que imperaba en la época de la crisis financiera. Comisión y Gobiernos han negociado un modelo más flexible para evitar un posible estrangulamiento económico, como decíamos antes, y afrontar las billonarias inversiones que necesita la UE.
En esta flexibilidad está la clave para que la vuelta a la sostenibilidad no termine en un retorno de la austeridad. El Real Instituto Elcano explica los cambios en su informe “Las nuevas reglas fiscales europeas: valoración e implicaciones para España”. En el caso de que alguno de los dos objetivos (de déficit o de deuda) no se cumpla, “se establecerá una senda de ajuste fiscal hacia el equilibrio denominada ‘trayectoria técnica’, que se plasmará en unos ‘planes nacionales fiscales estructurales a medio plazo’ con una duración de cuatro años, extensibles hasta siete si se realizan determinadas reformas o inversiones”.
La principal novedad es que esa senda de ajuste no será homogénea, sino que se adaptará a las características de cada país, en una negociación entre la Comisión y cada Estado miembro que deberá ser refrendada por el Consejo de la UE. El plan fiscal estructural de cada Estado deberá así establecer unos compromisos de ajuste fiscal, reformas e inversiones públicas en un período de cuatro años, que podrá alargarse siempre que “esté respaldado por un conjunto de reformas prioritarias y compromisos de inversión” que serán evaluadas por la Comisión.
A la hora de fijar estas reformas y compromisos de inversión se “tendrán en cuenta” las aprobadas en el marco de los Planes de Recuperación y Resiliencia y, en general, las necesidades de promover la transición verde y digital, así como el refuerzo de las capacidades de defensa (un objetivo que se ha hecho particularmente importante desde la invasión rusa de Ucrania).
A la espera de resultados
En definitiva, como decía el profesor Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, en un reciente artículo en El País: “El objetivo debe ser la sostenibilidad de la deuda, y no necesariamente su reducción como tal, ya que el mix de medidas es vital”. Para Torres, “las nuevas reglas fiscales otorgan flexibilidad a este respecto, al tiempo que permiten modular los objetivos en función del esfuerzo inversor y reformista durante un periodo de hasta siete años”. Ahora bien, todo esto exige, “a partir de este mismo ejercicio, una senda de corrección con resultados tangibles”. El comentario está escrito para España, pero el concepto es trasladable al resto de los miembros de la UE.
Precisamente la necesidad de esa vuelta a la “senda de corrección” es la principal crítica que hacen algunos expertos al proceso que se acaba de abrir: “Las reglas actuales, al centrarse exclusivamente en garantizar la sostenibilidad de las finanzas de los Estados miembros, ponen en peligro el crecimiento de la UE en su conjunto”, afirman en el Instituto Elcano, porque el contexto geopolítico y económico actual exige que Europa no se quede atrás en la transformación digital y en la transición hacia un modelo económico más sostenible.
¿Cuáles son las necesidades de Europa en estos momentos? En primer lugar, precisa de inversiones millonarias para financiar la transición digital y los objetivos comprometidos para luchar contra el cambio climático. Además, urge hacer la economía del continente mucho más competitiva frente a Estados Unidos, que lleva con mucho la delantera en todo lo que se refiere a la economía digital, y a China, con un nivel de producción industrial que supera al europeo, como se demuestra con el imparable aumento de las ventas de coches eléctricos chinos en el continente.
Y ahora existe otro componente clave, que es la necesidad de aumentar el gasto en defensa ante la creciente incertidumbre geopolítica en el mundo. Los países de la OTAN han acordado elevar el gasto militar hasta el 2% del PIB, y la Comisión Europea ha animado a los Estados miembros cumplir ese compromiso, lo que va a suponer también un mayor gasto público. Más, si se tiene en cuenta que Donald Trump, que puede ganar las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos, ha amenazado con dejar sola a Europa ante los conflictos planteados actualmente.
Más impuestos en España
Como no puede ser de otro modo, las nuevas reglas van a obligar a España a reducir su deuda pública y su déficit estructural a un ritmo acelerado, aunque menor que con las normas anteriores. En condiciones normales, pues, el ajuste no será tan duro como el de los años 2010-2013, que supuso tantos sacrificios para los españoles y que, a la postre, llevó el desempleo por encima del 26% de la población activa.
Ahora bien, el compromiso del Gobierno español es seguir reduciendo el déficit público hasta el 3% y, sobre todo, colocar en el 1,5% el déficit estructural –el que procede del desequilibrio orgánico de las cuentas públicas, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos sin tener en cuenta situaciones de auge económico o recesión–. Según el Instituto Elcano, esto “no será fácil, y por eso España necesita urgentemente aprobar una reforma fiscal integral que aumente los ingresos públicos (reducir gastos se antoja en este momento políticamente difícil)”.
Esa reforma ya está planteada y comprometida con Bruselas y se basará fundamentalmente en la creación de nuevos impuestos ambientales. Para los expertos del Instituto Elcano, “demorar la reforma fiscal creando impuestos puntuales que funcionan como parches, o manteniendo niveles reducidos del IVA o deducciones en el IRPF que nos alejan de las mejores prácticas internacionales, se antoja peligroso, sobre todo ahora que sabemos que los tipos de interés (y por tanto el coste de la deuda), serán estructuralmente mayores”. No habrá austeridad como la de antes, pues, pero la etapa que se abre será distinta a la que acabamos de vivir desde 2020, en la que ha habido dinero nacional y europeo casi para todo.