Que al ciudadano de la calle el PIB no le da la felicidad, es un viejo debate que vuelve a estar en primer plano. La idea de que este indicador estadístico sea la estrella para guiar a un país hacia el progreso social no funciona, y la crisis financiera actual urge a economistas, políticos y científicos sociales a establecer nuevos parámetros que permitan orientar el rumbo hacia el auténtico bienestar de la sociedad.
El pasado 30 de octubre tenía lugar en la ciudad surcoreana de Busan el Foro Mundial organizado por la OCDE sobre “Statistics, Knowledge and Policy” para tratar sobre el informe elaborado por la llamada Comisión Stiglitz acerca de “La Medición del Desempeño Económico y el Progreso Social”. Esta Comisión está liderada por dos premios Nobel de Economía, Joseph Stiglitz y Amartya Sen, con el coordinador Jean Paul Fitoussi.
El eje del debate abierto por esta Comisión, cuya creación fue promovida por el presidente francés Nicolas Sarkozy en febrero de 2008, se centró en la vieja y no resuelta polémica, sobre la práctica actual de utilizar el PIB (Producto Interior Bruto) como el indicador estadístico por excelencia para medir la riqueza y el progreso de un país.
¿De qué progreso hablamos?
En el informe discutido en Busan, la Comisión propuso el estudio de mejoras para la elaboración del PIB, pero sobre todo destacó la necesidad de llegar a un consenso sobre el significado de progreso social. Según señaló en el informe, llegar a un acuerdo acerca de lo que significa este concepto será la base para establecer qué otros indicadores se deben tener en cuenta para valorar el bienestar; y no sólo eso, sino también la medición de la sostenibilidad, es decir, si los recursos que generan esta riqueza permanecerán en el futuro.
Lo destacable de este evento no es la novedad del tema. Ya en 1934, Simon Kuznets, creador de la contabilidad nacional que dio lugar al uso del PIB como indicador económico, criticó el uso de esta magnitud como única medida de progreso y bienestar. Sin embargo, por sí solo es esperanzador que políticos, economistas, científicos sociales y comunicadores hayan dedicado tiempo y esfuerzo a reflexionar y abrir vías de diálogo y consenso para generar nuevos indicadores del progreso.
Aunque el origen de esta Comisión en la OCDE fue previo al estallido de la crisis actual, en estos momentos, el tema, como señala las conclusiones del citado informe de la Comisión, cobra un interés mucho mayor ya que la experiencia está demostrando que la brújula -el PIB- que se está utilizando para pilotar el avión de la economía mundial, no es “confiable”.
Las limitaciones del PIB
El PIB es el valor monetario total de la producción corriente de bienes y servicios de un país durante un período (normalmente es un trimestre o un año).
¿Qué no mide? Lo que no sale al mercado. Por ejemplo, si una familia tiene una huerta y se autoabastece, esa producción no engrosa la cifra del PIB. Asimismo el valor de las actividades de voluntariado se calcula realizando un coste estimado del valor añadido, pero tomando para ello como base fundamental los costes de personal, los cuales son insignificantes en las actividades benéficas. Las horas de trabajo doméstico no remunerado, así como las destinadas al cuidado de los hijos, ni suman ni restan. El coste del impacto medioambiental que tiene un atasco de tráfico, no resta, y en cambio el mayor consumo de gasolina suma. Sin necesidad de citar más ejemplos, parece bastante obvio que al PIB se le escapan bastantes cosas que influyen enormemente en la calidad de vida y el bienestar social.
Por el contrario, tomando como referencia uno de los países con el PIB más alto, Estados Unidos, no deja de ser paradójico observar cómo en las últimas décadas, el incremento en el consumo de antidepresivos, o el auge de sectores como la fabricación de armas, los negocios del juego, la comida rápida, la industria de las dietas adelgazantes, etcétera, han contribuido notablemente al incremento del PIB, sin que los ciudadanos hayan percibido por ello un aumento en su calidad de vida, su felicidad o su bienestar.
La felicidad per cápita
Para establecer unos indicadores que permitan realmente medir el bienestar real, hay que partir de la base de que no todo lo que genera un beneficio económico o material reporta felicidad, gozo o bienestar. Las políticas económicas y sociales deben estar orientadas al enriquecimiento del ser humano como tal en su totalidad.
Relacionar los cambios de la felicidad de una sociedad con los cambios de su poder adquisitivo, no ayuda a generar un mayor bienestar. Basta echar una mirada a las estadísticas sociales de los países que tienen un PIB más alto, para observar que resulta muy difícil asegurar que la mayor parte de sus ciudadanos son más felices. La tendencia al alza en estos países de los indicadores que reflejan la evolución de enfermedades mentales como la depresión, el exceso de horas de trabajo no remuneradas, los desequilibrios entre la vida laboral y personal, la falta de tiempo, el índice de suicidios, la inestabilidad matrimonial, la anorexia, el consumo de drogas y la contaminación medioambiental, entre otros, reflejan que la renta per capita no es lo mismo que la felicidad per cápita.
Para hallar los indicadores económicos y sociales que ayuden a los gobiernos a establecer políticas acertadas en orden a lograr el bienestar, habría que preguntar al ciudadano qué es lo que le ayudaría a tener una vida mejor. Con toda seguridad, a pesar de las diferencias, se encontraría un terreno común sobre el que poder trabajar. Sería extraño y marginal encontrar personas que no desearan una estabilidad laboral y familiar, un equilibrio de tiempo entre el trabajo y su vida personal (familia, ocio, amigos), un medio ambiente limpio, un entorno donde haya seguridad y civismo, un buen nivel de educación que les permita un desarrollo personal y profesional, un sistema sanitario de calidad, etc.
Nuevos indicadores
El informe de la Comisión Stiglitz señala que los organismos oficiales de estadística deberían crear indicadores que reflejen no sólo la riqueza material, sino también su distribución. Asimismo señala que la familia, el ocio, el uso del tiempo y otros conceptos como la seguridad, deben ser analizados y medidos como parte del desarrollo social de un país.
Los intentos por elaborar nuevos indicadores que midan el bienestar han aumentado en los últimos años. Desde 1990 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) utiliza el Índice de Desarrollo Humano (IDH), promovido a raíz del trabajo de investigación del economista pakistaní Mahbub ul Haq. Este índice es un indicador estadístico social compuesto por tres parámetros: esperanza de vida; educación -tasa de alfabetización de adultos y tasa bruta combinada de educación primaria, secundaria y superior, así como la duración de la educación obligatoria- y lo que ellos denominan un nivel de vida digno -medido por el PIB per cápita en valores de paridad de poder adquisitivo (PPA) en dólares.
Otro ejemplo en esta línea es el Índice del Progreso Género (IPG) que mide el nivel de oportunidades de las mujeres, también elaborado por el PNUD, o el IPH-1 que mide la pobreza humana en países en desarrollo. La realidad es que ninguno de ellos, hasta la fecha, ha resuelto el problema.
Junto a los intentos macroeconómicos, en el ámbito de la microeconomía también se perciben algunas tendencias orientadas a lograr un mayor bienestar social. Las políticas de conciliación entre vida personal y laboral, las campañas de marketing con causa, la potenciación del teletrabajo, los departamentos de responsabilidad social corporativa, las encuestas de clima entre los empleados… son prácticas encaminadas a transformar las empresas en organizaciones más “humanas”. Sin embargo, muchas de las empresas que ponen en marcha estas políticas y las publicitan no obtienen los resultados esperados, porque a la hora de la verdad en sus estrategias prima más el beneficio material a corto plazo.
En definitiva, se podría decir que la propuesta y el debate planteados por la Comisión de la OCDE en Busan son oportunos y positivos. Pero la situación actual exige a los ciudadanos y a los gobiernos una reflexión antropológica, con el fin de establecer una base y un concepto social que determine los valores que deben primar en la sociedad para lograr el verdadero bienestar, que va más allá del PIB y de la riqueza material.