México D.F. A partir de 1997 las pensiones de jubilación en México se basarán en un sistema de capitalización, a través de fondos privados que gestionarán las cotizaciones a la Seguridad Social.
La ley aprobada el pasado diciembre en el Congreso legislativo mexicano, tras una acalorada discusión, supone una privatización parcial del sistema de pensiones. Y viene a paliar los males del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que, según el presidente Zedillo, de no renovarse, en cuatro años no podría hacer frente a sus obligaciones.
La ley -que entrará en vigor en enero de 1997- prevé que algunas instituciones privadas -denominadas Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES)- se encarguen de gestionar los recursos provenientes de las cuotas de Seguridad Social pagadas por los empresarios, trabajadores y el Estado. Se introduce un sistema basado en la capitalización, es decir, cada afiliado ahorra su futura pensión. El trabajador tendrá una cuenta individual en la compañía de seguros, banco o asociación que elija, entre las consideradas como AFORES. Y podrá retirar los fondos una vez que haya adquirido el derecho a disfrutar de alguna pensión o en ciertas situaciones de desempleo.
A pesar de dicha reforma, el IMSS seguirá siendo el órgano encargado de recaudar las cuotas obrero-patronales, que deberá invertir en las AFORES encargadas de la administración. Antes, el IMSS no sólo cobraba las cuotas, sino que también las administraba, lo cual dio lugar a irregularidades y a desvíos de fondos para fines distintos del pago de pensiones (construcción de hospitales, pero también teatros y centros de turismo social). El nuevo proyecto no toca ni el origen ni la causa principal de la quiebra del IMSS: la mala administración, la corrupción y el abuso del sindicato sobre la institución. Con la reforma se pretende eliminar la debilidad financiera de la institución, mejorar la solvencia económica de los trabajadores y aumentar el ahorro interno del país.
El Partido de la Revolución Democrática -oposición de izquierdas- ha criticado los cambios diciendo que forman parte de la estrategia neoliberal del presidente Zedillo, que trata de desligar al Estado de la obligación de brindar Seguridad Social. Sin embargo, la reforma no sólo respeta los derechos de los asegurados anteriores, sino que aumenta la aportación del Estado a la financiación de la Seguridad Social.
También se prevé la creación de un seguro de salud para la familia, así como la reforma y ampliación de los seguros existentes (enfermedad, accidentes de trabajo, desempleo, etc.). La Seguridad Social presta asistencia en México a 37 millones de personas.
En cuanto a la prestación de los servicios de Seguridad Social, en un primer momento, la propuesta de ley ofrecía a las empresas la alternativa de contratar seguros con instituciones privadas en lugar de la Seguridad Social. Pero dicho proyecto fue rechazado por las presiones del IMSS, pues le forzaba a mejorar, ante la nueva competencia privada, la calidad de sus servicios. A juicio de algunos, la reforma ha quedado incompleta al no obligar al IMSS a mejorar sus prestaciones en un régimen de libre competencia.
En el año que queda hasta que la ley entre en vigor se deberá aprobar otra ley que coordine y controle a las AFORES. Y esta ley será capital, pues podría ser que el IMSS recuperara parte del poder que pierde con la reforma ahora en curso: en ésta se menciona que la ley de coordinación de las AFORES deberá impedir el «conflicto de intereses» (sobre el manejo de los fondos) entre asociaciones sindicales empresariales y las entidades financieras. Como no se explica qué entiende por tal conflicto, cabe que la futura ley de AFORES, con el pretexto de evitar esos enfrentamientos, erija al IMSS como instancia que tenga acceso a dichos fondos o controle demasiado su destino.
En resumen, para muchas personas la nueva ley del Seguro Social implica un avance que permite una mejor protección de los trabajadores en sus pensiones de la Seguridad Social al disponer de cuentas individualizadas, y manejadas por fondos de inversión privados constituidos al efecto. Esta normativa hará posible un fortalecimiento del ahorro interno y mejorará la gestión y transparencia de los recursos destinados a las pensiones de jubilación.
Xavier Ginebra Serrabou