El anuncio de que los países del G-8 van a cancelar la deuda que 18 países pobres mantienen con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Africano de Desarrollo, supone un alivio para las naciones beneficiarias. Sin embargo, la condonación solo producirá un modesto incremento de los recursos de estos países, que van a seguir necesitando la ayuda exterior.
La decisión anunciada por los ministros de finanzas del G-8 reunidos en Londres supone un cambio, porque es la primera vez que se cancela el 100% de la deuda con instituciones multilaterales (hasta ahora solo se había dado la condonación de deudas bilaterales, en las que un país perdona lo que le debe otro).
Los beneficiarios son 14 países africanos y cuatro latinoamericanos (Guyana, Bolivia, Honduras y Nicaragua). Otros 9 países podrán beneficiarse de una condonación similar dentro de un año o año y medio, y más adelante otros 11 cuando tengan gobiernos menos ineptos y corruptos.
Los países beneficiarios formaban ya parte del programa de alivio de la deuda para «Países pobres muy endeudados», lanzado en 1996 por el BM y el FMI. Dentro de esta categoría se consideraba a países con una deuda cuyo valor actual fuera superior al 150% de sus exportaciones o al 250% de sus ingresos fiscales. Hasta ahora se habían beneficiado ya de la condonación de parte de su deuda 27 países de los 38 potencialmente elegibles.
¿La supresión de la deuda supone un cambio decisivo para estos países? No es como para echar las campanas al vuelo. Los países beneficiarios dispondrán de más recursos para invertir en sanidad, educación y lucha contra la pobreza. Al menos, los gobiernos de estos países se comprometen a utilizar así el ahorro obtenido por la cancelación, y para vigilarlo serán sometidos a controles de transparencia.
De todos modos, el incremento de recursos es modesto. El servicio anual de la deuda correspondiente a los 40.000 millones de dólares anulados asciende a unos 1.500 millones. Y, según el economista Jeffrey Sachs, autor de «El fin de la pobreza», África necesita una ayuda extra de 25.000 millones al año.
La cancelación de la deuda exterior de los países pobres no es como cuando una persona perdona la deuda a otra, y cada una sigue su camino. Los países pobres beneficiarios siguen necesitando nuevos créditos, pues tienen escasa capacidad de financiación propia. Y los tendrán que pedir a las mismas instituciones que incurrieron en el coste del impago. No es extraño, pues, que el perdón de la deuda se condicione a la puesta en práctica de políticas que aseguren la solvencia financiera futura. Alcanzar un nivel de endeudamiento sostenible depende de un crecimiento sólido y de políticas económicas sensatas.
Reponer los fondos
La supresión de la deuda con los organismos multilaterales plantea también cómo se refinanciará a estas instituciones para que puedan mantener su equilibrio financiero. Para que el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo Africano puedan seguir cumpliendo su función de financiar proyectos, los países ricos, que son sus principales accionistas, deben reponer los fondos que pierden estas instituciones por el impago de la deuda.
Si para reponer estos fondos los países ricos recortan en la misma medida su ayuda pública al desarrollo, no cambiará mucho la situación.
En el caso del FMI, Washington ha puesto el veto a la propuesta británica de vender parte de las reservas de oro del Fondo para compensar lo que va a dejar de ingresar por la cancelación de la deuda. EE.UU. teme que la venta provoque una caída brusca del precio internacional del oro. Así que la compensación al FMI por la anulación de estas deudas se tomará de sus propias reservas de emergencia.
En definitiva, el coste de la anulación de la deuda deberá cubrirse sobre todo con recursos presupuestarios, es decir, trasladándolo al contribuyente.
Tony Blair, que preside este año el G-8 y que ha dado prioridad a la ayuda a África, considera que la cancelación de la deuda es un primer paso en el aumento de los recursos para luchar contra la pobreza. En la cumbre del G-8, prevista para julio en Escocia, se tratará de alcanzar un acuerdo para aumentar la ayuda pública al desarrollo. Blair ha hablado de duplicar la ayuda, que actualmente es de unos 50.000 millones de dólares al año. Pero las dificultades presupuestarias de países importantes, como Francia, Alemania y EE.UU., no facilitan la generosidad. Más decisivo sería el fin de las subvenciones agrícolas, que perjudican las exportaciones de los países pobres en productos en los que son competitivos.