Contrapunto
Un Estado del bienestar desarrollado debe de ser un gran riesgo para la salud, a juzgar por lo que ocurre en Holanda. Con una población activa de 6,8 millones, Holanda contaba a fines del año pasado con nada menos que 912.400 personas declaradas inválidas, de las cuales el 78% eran totalmente incapaces para el trabajo. Una persona de cada siete no trabaja por causa de invalidez, proporción que, según la OCDE, «es mucho más elevada que en cualquier otro país y no está justificada por ningún criterio objetivo».
Es cierto que, con una esperanza de vida de 77,2 años, los holandeses ocupan el quinto puesto en la escala de longevidad mundial. Pero si se tiene en cuenta que basta el dictamen de un médico para declarar la invalidez laboral -también por estrés- y que el subsidio previsto es más conveniente que el seguro de paro, hay criterios bastante objetivos que justifican la situación. Al igual que el generoso régimen de jubilación anticipada explica que sólo el 40% de los holandeses de 55 a 65 años sigan trabajando.
Este gasto es ya desorbitado incluso para un país rico. Así que una comisión de investigación parlamentaria intenta poner orden en la selva legislativa de la Seguridad Social para proceder a recortar los subsidios. Cuenta con una ventaja: si los «inválidos» se movilizan en defensa del statu quo, demostrarán que no están tan incapacitados.
Ignacio Aréchaga