En Estados Unidos y Gran Bretaña se recurre cada vez más a la empresa privada para gestionar las prestaciones sociales. En general, el resultado ha sido una gestión más eficaz y un ahorro importante del gasto público. Pero este sistema tiene también sus límites.
No es nuevo que la empresa privada preste servicios a los gobiernos, desde el abastecimiento de material hasta el cobro de multas. En muchos casos, resulta más rentable contratar a una empresa privada que aumentar el personal. Pero desde agosto de 1996, fecha en que se aprobó en Estados Unidos una reforma de la asistencia pública que ha descentralizado la protección social (ver servicio 116/96), los Estados están contratando a más empresas para gestionar los servicios sociales.
En Estados Unidos -según datos recogidos en The Economist (25-I-97)- se dedican 1,4 billones de dólares anuales a los programas asistenciales. Como, en virtud de la reforma, los Estados reciben una cantidad fija de fondos federales, necesitan sacar el mejor partido posible de ese dinero. Una forma de mejorar el rendimiento es contratar la gestión y la provisión de algunas prestaciones. En efecto, se comprueba que las empresas privadas son capaces de hacerlo por menos dinero.
Además, el sector privado asume los riesgos. Por ejemplo, algunos Estados contratan empresas para buscar trabajo a los beneficiarios de subsidios (la reforma del welfare penaliza a los Estados que no consigan sacar de la asistencia pública y meter en el mercado laboral a cierta proporción de beneficiarios). Pero el Estado sólo paga en el caso de que el desempleado encuentre colocación.
No faltan desventajas. El ánimo de lucro no es la mejor motivación para porfiar con los casos más recalcitrantes. Muchos temen que, con ese sistema, las empresas se desentiendan del 30 ó 40% de los beneficiarios más difíciles de colocar. Además, la intervención del sector privado parece tener un límite, por una cuestión de principio: si se confía a empresas tareas como evaluar las necesidades de los candidatos a subsidios o seleccionar padres adoptivos para niños huérfanos, se les atribuye funciones que corresponden a las autoridades. Esto es objeto de discusión en Estados Unidos, pero no en Gran Bretaña, donde los poderes públicos nunca delegan la valoración de necesidades y la asignación de ayudas.
También en este último país, numerosas administraciones locales están traspasando a empresas la provisión de algunos servicios sociales. El caso más frecuente es el de la atención domiciliaria a ancianos, uno de los servicios más caros, que absorbe el 22,5% del gasto social. A un municipio, enviar su propio personal para realizar esta tarea, le cuesta 12 libras por hora; recurrir a una empresa cuesta 9 libras. Por este motivo, el volumen de visitas realizado por funcionarios ha pasado del 98% en 1992 al 71% en 1995. Según un estudio, citado en The Economist, la privatización total del servicio supondría un ahorro anual de 264 millones de libras. Claro que, como señala el mismo estudio, el menor costo no se debe sólo a que las empresas privadas son más eficientes y trabajan con menos gastos administrativos; también influye que pagan salarios más bajos, cosa que los municipios no pueden hacer a causa de los convenios colectivos firmados con los sindicatos de empleados públicos.
Para fomentar estos ahorros, el gobierno británico quiere imponer por ley a las administraciones locales que saquen a concurso la provisión de los servicios sociales. Pero hay regiones que se resisten a contratar estas funciones, y el proyecto, por ahora, no es más que una idea que difícilmente se podrá aprobar antes de las elecciones de mayo.