El clientelismo, el escaso control de la financiación de los partidos y el incumplimiento impune de las leyes están detrás de los escándalos recientes de corrupción en España. Así lo mantienen los integrantes del comité de dirección de Transparencia Internacional España, en un artículo publicado en El País (11-11-2009).
Los autores detectan tres variables que favorecen la corrupción en España. “En primer lugar, un clientelismo y una falta de transparencia en las instituciones públicas”. “El clientelismo, sobre todo en el nivel local y en la administración instrumental de todos los niveles de gobierno (empresas públicas, fundaciones, gerencias, etc.) es muy elevado. Nuestros municipios y empresas públicas están plagados de empleados públicos que están allí por ser del partido o amigos de la persona oportuna (…) Como consecuencia la carrera está demasiadas veces vinculada a las fidelidades personales y no a la valía y profesionalidad”.
En segundo lugar, destacan los fallos de “los mecanismos de control sobre la actividad de los partidos políticos y sobre su financiación”. “Los españoles financiamos generosamente a los partidos, que cada vez ingresan más de los presupuestos públicos del Estado, de las Comunidades Autónomas y de los municipios; sin embargo, las cuentas que nos ofrecen son opacas, dejan fuera a sus empresas y fundaciones, no incorporan la contabilidad desagregada al nivel local y, desde luego, no explican las razones de las condonaciones de sus deudas”.
En tercer lugar, señalan que hay demasiadas normas innecesarias, mientras que muchas leyes necesarias no se cumplen y no ocurre nada. “Las leyes de incompatibilidades son sistemáticamente violadas; en numerosas Comunidades Autónomas no se regulan los conflictos de interés; se crean empresas mixtas público-privadas para otorgar contratos sin concurrencia a las empresas que se unen a la pública, y tiene que ser la Unión Europea la que nos lleve ante el Tribunal de Justicia Europeo”.
Frente a esta situación, los autores del artículo hacen diez propuestas para reforzar los mecanismos anticorrupción.