Ludwig Minelli, fundador de la organización suiza Dignitas, promotora del “derecho a morir”, ha declarado a la BBC que el suicidio es una “maravillosa posibilidad que ha sido dada a los seres humanos”, y que resulta “muy buena” para “escapar de situaciones que no podemos cambiar”.
La organización ha dado que hablar por ayudar a suicidarse a pacientes -enfermos terminales en su mayoría- que van a Suiza porque la legislación de su país no autoriza el suicidio asistido. Minelli ha abogado nuevamente por la ley del suicidio asistido, si bien ha dejado claro que éste no tiene por qué estar condicionado al padecimiento de una enfermedad terminal.
Minelli ha dicho también que “como defensor de los derechos humanos” se muestra “opuesto a todo paternalismo”, que llevaría a distinguir entre pacientes que tienen derecho al suicidio y otros pacientes vulnerables que deberían ser protegidos. Insistiendo en que él y sus colaboradores “no toman decisiones por la gente”, el activista ha intentado definir las prácticas de Dignitas.
En tiempos recientes han debido enfrentar el cuestionamiento de una disidente de la organización, alarmada ante la forma en que se trataba a personas afectadas por desórdenes mentales o a enfermos no terminales. Particularmente polémico fue el caso del joven Daniel James, jugador de rugby que quedó paralizado por un accidente, y que el año pasado recibió ayuda de Dignitas para terminar con lo que el chico consideraba “una vida de segunda”.
Una ventaja económica para el Estado
En la misma entrevista Minelli ha exaltado también las virtudes presupuestarias del suicidio, señalando que “por cada 50 intentos solo uno consigue matarse, con lo que los demás generan graves costes al Servicio Sanitario Nacional”. Para el defensor del derecho a morir no es cuestión de festejar la supervivencia de los suicidas que no alcanzan su objetivo, sino antes bien, de lamentarla: “En muchos, muchos casos, las personas que han intentado suicidarse quedan luego con terribles scuelas, y a veces hay que internarlas en instituciones durante 50 años. Algo muy costoso”.
Sin embargo, y aunque -en plena coyuntura de desesperación ciudadana y déficit fiscal producidos por la crisis- el trabajo de Dignitas podría, según esa perspectiva, considerarse casi de interés nacional, los planes de la organización para abrir en el sur de Gales un centro donde asistir a los suicidas no han marchado como Minelli querría. Tampoco prosperó el proyecto de enmienda a la Coroners and Justice Bill propuesto por la antigua Secretaria de Salud Patricia Hewitt para impedir la imputación de amigos y familiares que acompañen a los que viajan para suicidarse en el extranjero. Por el contrario, la propia Suiza está sometiendo a revisión sus leyes sobre el suicidio asistido para poner trabas a la recepción de este tipo de visitantes.
Críticas y contradicciones
Las declaraciones de Minelli a la televisión británica han causado división aun dentro de las propias plataformas de defensores del “derecho a morir”. Así, por ejemplo, Sarah Wooton, directora ejecutiva de Dignity in Dying, ha insistido en que “la elección de una muerte asistida para enfermos terminales adultos y en uso de sus capacidades mentales sólo debe ser posible dentro de un marco de estrictas garantías legales que protejan a los más vulnerables”.
Pero, como comenta el escritor y catedrático Kevin Yuill en su reseña para Spiked, lo que las declaraciones de Minelli han puesto de relieve son sobre todo las debilidades del argumento a favor del derecho a morir y la supuesta “autonomía” en que se basa. En primer lugar porque ¿quién puede delimitar el alcance de esta voluntad autónoma entre la protección de lo “vulnerable” y el rechazo del “paternalismo”?. Luego, y puesto que el suicidio siempre existe como opción, el debate no es propiamente sobre él, sino sobre la posibilidad de ayudar a cometerlo. Algo que además apologiza Minelli intentando convencer a los desesperados de que deben resolverse por esta “maravillosa” salida.