La ley de Arizona que convierte en delito la inmigración ilegal se ha convertido en símbolo de intolerancia. Pero en buena parte es el reflejo de la frustración de un estado que está en la primera línea del problema, frente a la falta de una política federal. Tras la batalla de la reforma sanitaria, la regulación de la inmigración se presenta como el otro gran asunto polémico, con la vista puesta en las elecciones legislativas de noviembre.
Detroit. Quizá el presidente Barack Obama haya dicho una verdad de Perogrullo cuando, en un discurso conmemorativo del Cinco de Mayo -una fiesta oficial mexicana celebrada por muchos en los Estados Unidos-, ha afirmado que el “sistema de inmigración de los EE.UU. está hecho añicos y, después de tantos años de dejación de responsabilidades por parte de Washington, los estadounidenses tienen razón al sentirse frustrados; en especial, los habitantes de los estados fronterizos”. Obama exhortó al Congreso a esforzarse para reformar la ley de inmigración, algo que no pudo conseguir su predecesor, George W. Bush. Sin embargo, aseguró Obama, “no podemos empezar a señalar a la gente dependiendo del aspecto que tengan, ni de su forma de hablar ni de su manera de vestir”.
Las razones de Arizona
Por su parte, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, ha escrito que por culpa de un “gobierno federal que durante un sinfín de años no se ha mostrado dispuesto a proteger nuestras fronteras, a Arizona no le ha quedado más opción” que aprobar la nueva ley. Además, ha exteriorizado la frustración de muchos por la falta de soluciones federales para el tráfico transfronterizo de personas: “Como estado fronterizo, Arizona ya ha pagado un elevado precio por el fracaso del gobierno federal -cientos, si no son miles, de millones de dólares en concepto de costes no reembolsados-, y sus habitantes no deben sufrir mayor castigo”.
Igualmente denunció el tráfico de drogas a través de Arizona, al tiempo que tomaba nota de la batalla que actualmente libra México contra los cárteles de la droga. “Debido a que Washington no ha protegido nuestra frontera meridional, Arizona se ha convertido en una superautopista para el contrabando de drogas ilegales y el tráfico de seres humanos”. Además de delitos como el secuestro, otros costes sociales mencionados por Brewer son los derivados de la detención en prisiones de Arizona de seis mil extranjeros -un gasto que, aseguró, asciende a ciento cincuenta millones de dólares anuales. En la actualidad, alrededor de la mitad de los inmigrantes ilegales que entran en los EE.UU. lo hacen por Arizona.
Lo que dice la ley
La ley de “Apoyo a la Fuerza Pública y en pro de Barrios Seguros” convierte en delito menor estatal que un extranjero permanezca en Arizona sin estar en posesión de documentos legales; facilita el cumplimiento en los ámbitos estatal y local de las leyes federales sobre inmigración, y sanciona el albergue, la contratación y el transporte de inmigrantes ilegales.
La ley en cuestión ordena que en Arizona los inmigrantes lleven consigo documentos que confirmen su condición de tales. Esta disposición hace hincapié en legislación federal ya existente, que exige que todos los extranjeros lleven consigo documentos que acrediten su identidad y su situación como inmigrantes. La nueva ley exige que los policías interroguen a una persona acerca de su condición migratoria si tienen un motivo legal para pararla y existe “sospecha razonable” de que está ilegalmente en el país. Por consiguiente, según la gobernadora Brewer, la policía puede preguntar acerca de la condición migratoria sólo si, en primer lugar, existe sospecha razonable de que alguna otra ley no relacionada con la inmigración haya sido violada, como en el caso de las infracciones de tráfico. La ley también prohíbe expresamente lo que se conoce como “criba socio-criminológica”; es decir, parar o detener a una persona basándose exclusivamente en el color de su piel, su raza o su origen nacional.
A fin de responder a las inquietudes de los ciudadanos que ponen en duda la capacidad, o incluso la disposición, del gobierno federal de ocuparse de la inmigración ilegal, la ley contiene una disposición que permite a los ciudadanos entablar pleito en un tribunal superior contra funcionarios u organismos estatales “que adopten o pongan en práctica una política que limite o restrinja el cumplimiento de las leyes federales de inmigración”.
Algunos grupos religiosos se oponen con vehemencia a ciertas disposiciones de la ley que, en su opinión, supondrían un obstáculo para el cumplimiento del mandamiento que les obliga, como cristianos, a ayudar y acoger a los pobres. Por ejemplo, la ley estipula que es ilegal que una persona transporte a un extranjero “si dicha persona sabe o ignora temerariamente que el extranjero se encuentra en Arizona de forma ilegal”. Las sanciones incluyen multas e incluso la confiscación de vehículos.
Arizona, frontera conflictiva
Las estimaciones del número de inmigrantes ilegales que viven actualmente en los EE.UU. se elevan hasta los doce millones. La mayoría proviene de América Latina, sobre todo de México, aunque los hay de países de todo el mundo. El suroeste de los EE.UU. es diferente del resto del país, no sólo por su cercanía a México, sino porque allí vivían pueblos hispanohablantes desde antes de la creación de los Estados Unidos.
A partir de los años sesenta, los EE.UU. experimentaron la segunda oleada más importante de inmigración desde mediados del siglo XIX, cuando los inmigrantes europeos cruzaron el Atlántico para establecerse en el país. La nueva oleada de inmigrantes hispanohablantes halló en el suroeste una lengua y una cultura conocidas, además de una economía floreciente en ciudades como Phoenix, Atlanta o Albuquerque, que han seguido creciendo y prosperando.
Arizona es la puerta de entrada de inmigrantes ilegales provenientes de México y de países situados más al sur, aun cuando inmigrantes ilegales de Asia y África también hayan sido detenidos allí. Hay también nada menos que cinco millones y medio de inmigrantes ilegales que entraron en el país de forma legal, provistos de visados temporales, pero nunca lo abandonaron.
El sector de Tucson (en la parte sur de Arizona, en la zona del Desierto de Sonora) es donde la Patrulla Federal de Fronteras tiene mayor actividad en todo el país. Allí entre octubre de 2008 y septiembre de 2009 realizó 112.488 detenciones de personas que intentaban cruzar la frontera. En cambio, los agentes federales solo localizaron y arrestaron en Arizona a veintisiete personas que habían rebasado el tiempo de estancia concedido con el visado. Arizona es el hogar de más de dos millones de hispanos -alrededor del treinta por ciento de su población- y de un número de inmigrantes ilegales que se calcula en el medio millón, según el Pew Hispanic Center. Casi el veinte por ciento de su población activa ha nacido en el extranjero, según el Estudio Norteamericano de Comunidades de 2007, incluidos uno de cada cuatro ocupados en actividades relacionadas con el turismo.
La oleada migratoria del sur
Desde los años cuarenta, en plena segunda guerra mundial, cuando había escasez de mano de obra, fueron contratados mexicanos como “braceros” en el marco del programa estadounidense de trabajadores extranjeros. Los braceros eran en su mayoría trabajadores agrícolas, aunque algunos también trabajaban en la industria alimentaria y en otras durante el auge económico de la posguerra que duró hasta principios de los sesenta. Por consiguiente, quedó arraigada una pauta de mexicanos que buscan trabajo al norte de la frontera, a la vez que las explotaciones agrícolas dependían de la mano de obra inmigrante, en gran parte ilegal.
Esos mismos grandes empresarios agroalimentarios eran a menudo los defensores y financiadores de legislación destinada a invitar a trabajadores extranjeros a los EE.UU. Incluso César Chávez, el dirigente sindical mexicano-norteamericano que imitó las tácticas de Martin Luther King Jr. y que fue un campeón de los derechos de los trabajadores, se oponía firmemente a la entrada de inmigrantes ilegales, pues reconocía que éstos efectivamente rebajaban los salarios de los ciudadanos estadounidenses y de los inmigrantes legales.
En las décadas de los setenta y los ochenta llegaron inmigrantes de Centroamérica huyendo de sangrientos conflictos y se afincaron en centros urbanos como Chicago, Atlanta, Nueva York y Los Ángeles, donde surgieron las tristemente célebres bandas conocidas como “maras”. El clamor contra la inmigración comenzó en esta época y siguió creciendo durante las presidencias de Clinton y Bush.
Oposición a la legislación de Arizona
En 1994, los hispanos se asustaron por una propuesta de referéndum, conocida como Propuesta 187, que había sido concebida para poner freno a la inmigración ilegal en California. En virtud de la propuesta, a los inmigrantes ilegales se les podría denegar la asistencia social, la atención sanitaria, salvo casos de urgencia, y plazas para sus hijos en las escuelas públicas. Aun cuando acabó siendo derrotada en las urnas, la medida estimuló a miles de hispanos de California y de otros lugares a convertirse en ciudadanos estadounidenses. Logró, por consiguiente, que muchos hispanos, que de otra forma no habrían podido votar, se incorporaran al proceso político.
La desilusión provocada por el fracaso de Bush en la aprobación de una reforma global de la inmigración, se agudizó a lo largo del resto de su periodo presidencial. En la elección presidencial de 2008, el 63% de los hispanos votó a Obama, frente al 95% de los negros y el 43% de los blancos. Los partidarios de Obama, como el Consejo Nacional de La Raza, diversos sindicatos, el partido demócrata y grupos cívicos, han organizado concentraciones y marchas en Arizona y en otras partes del país para mostrar su rechazo de la nueva ley, impulsada por los republicanos.
La importancia del debate sobre Arizona
Una reciente encuesta de la CBS muestra que el 51% de los norteamericanos aprueba la gestión del presidente Obama, después de varios meses de descenso. El debate sobre la reforma de la atención sanitaria ha quedado atrás y ahora se enfrenta a la posibilidad de un debate igualmente duro acerca de la inmigración. Los izquierdistas y los defensores de la inmigración ponen en entredicho al gobierno Obama a propósito del cumplimiento de la ley. En 2009 la cifra de deportados fue la más elevada de la historia: 387.790, superior a los 116.782 de 2001 y a los 349.041 de 2008. Hasta la fecha, en 2010, 185.887 personas han sido deportadas, un ritmo récord que, de mantenerse, casi duplicará el número de deportaciones, hasta superar las 600.000.
Algunos hispanos, en especial quienes profesan el cristianismo evangélico, están advirtiendo a los republicanos que no apoyen la legislación de Arizona de forma demasiado llamativa. Los evangélicos, en general, respaldan al partido republicano en aspectos tales como la defensa nacional, el aborto y el matrimonio homosexual, y toda deserción de sus filas perjudicaría a las posibilidades de los republicanos de lograr avances en las próximas elecciones al Congreso del mes de noviembre.
Los republicanos, presionados de un lado por los partidarios de controles fronterizos más estrictos, pertenecientes al Tea Party, y de otro por los hispanos que les advierten contra una reacción excesiva, son los que más tienen que perder. Los republicanos que actualmente ocupan escaños en el Congreso tienen mucho que temer del Tea Party, que, a pesar de las exhortaciones de republicanos como Sarah Palin, mantiene un rumbo agitado e independiente.
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