Termina 2013 con buenas noticias procedentes de Estados Unidos sobre avances significativos en la protección de la vida humana: retrocede la pena de muerte y cierran clínicas abortistas. Al mismo tiempo, se advierten posturas contradictorias en la opinión pública y en importantes medios de comunicación sobre el respeto del derecho a la vida.
En su editorial del pasado 29 de diciembre, The New York Times destaca que, en 2013, Maryland fue el sexto Estado en abolir la pena capital en los últimos seis años: se suma a otros dieciocho estados y al Distrito de Columbia. Aunque siga vigente, la pena de muerte no se aplica en la jurisdicción federal ni en la militar. De hecho, son ya treinta los Estados sin ninguna ejecución en los últimos cinco años. Las 80 condenas a muerte en 2013 procedían de solo el 2% de los condados del país, y las 39 ejecuciones –más de la mitad tuvieron lugar en Texas y Florida– se llevaron a cabo en el 1% de los condados, según el Death Penalty Information Center. El 85% de los condados no han tenido una sola ejecución en más de 45 años.
El apoyo popular a la pena de muerte –factor importante para las decisiones del Tribunal Supremo– está en su nivel más bajo en cuatro décadas: el 40% de los encuestados por Gallup estiman que no se administra de manera justa. Sin duda, influye la realidad de imputados exonerados gracias a las pruebas de ADN –incluyendo 18 condenados a muerte–, que revelan los errores irreparables del sistema penal estadounidense.
Esto no quiere decir que los más de tres mil reos en corredores de la muerte sean inocentes o merezcan ser puestos en libertad. Pero crece la convicción popular de que la aplicación de la pena capital depende de criterios locales y, sobre todo, del dinero que cada uno pueda gastar en su defensa. Quedan lejos las garantías constitucionales sobre el derecho a un justo juicio sin discriminaciones, así como la prohibición de la octava enmienda de castigos crueles e inusuales. Más aún cuando algunos Estados no pueden usar inyecciones letales, por la negativa de laboratorios europeos a proporcionarlas para ejecutar a condenados a muerte.
Cierran clínicas abortistas
Por otra parte, Operation Rescue confirma la clausura de clínicas abortistas: a lo largo del pasado año han bajado de 669 a 582, sin incluir otras once suspendidas provisionalmente a consecuencia de acciones procesales. El máximo se había alcanzado en 1991, cuando llegaron a funcionar 2.176 centros que practicaban abortos.
Como sucede en parte con la pena de muerte, en esa disminución influyen también escándalos notorios provocados por médicos abortistas que incumplían de modo flagrante las leyes civiles. En gran medida, esos abusos han justificado las normas restrictivas promulgadas en algunos Estados, que tienden a perfilar mejor los requisitos legales, así como a rechazar el aborto cuando la gestación está avanzada.
En conjunto, según la información de los Centers for Disease Control, el número de abortos ha disminuido el 3% en los últimos tres años. De acuerdo con Operation Rescue, en este período se habría producido el mayor descenso desde la despenalización jurídica determinada en 1973 por el Tribunal Supremo.
También en la opinión pública se han producido cambios en los últimos años a favor del respeto a la vida humana naciente. Según la encuesta Gallup de mayo de 2013 sobre valores, el 48% de los encuestados se consideran provida, frente a un 45% pro-choice.
Lo paradójico, desde la perspectiva europea, es que un Estado como Texas, número uno en ejecución de la pena de muerte, haya prohibido el aborto después de la vigésima semana, lo que ha supuesto el cierre de hasta once clínicas.