Varias noticias han devuelto a la actualidad la vieja cuestión sobre qué actitud deben tomar los gobiernos con respecto a los negocios de la prostitución, las drogas o el juego. Lo curioso es que algunos de los que se quejan de la inhumanidad de “los mercados” pretenden en cambio legalizar y mercantilizar la prostitución o las drogas. Parece que en tiempos de crisis económica, los costes sociales se convierten en algo demasiado intangible como para rivalizar con el “viciodólar”.
Los impuestos que las administraciones podrían recaudar del juego, el comercio de drogas o la prostitución tientan a unos gobiernos acuciados por la crisis
Hace unos meses, un artículo de The Economist contaba cómo los hábitos cada vez más saludables de los ingleses están saliendo caros a la hacienda pública. La recaudación por impuestos al tabaco, el juego y el alcohol desciende cada año. El presupuesto sanitario lo agradece, pero las cuentas sufren por otros lados. Una situación que pone al gobierno entre la espada y la pared: subir los impuestos al vicio y arriesgarse a que los consumidores se trasladen al mercado negro, o mantenerlos y comprobar cómo cada año desciende lo recaudado. Pero aún queda otro elemento en la ecuación: los costes sociales, que no siempre pueden ser cuantificados económicamente, o al menos no a corto plazo.
Los vecinos de La Junquera saben muy bien a qué tipo de costes sociales te enfrentas cuando dejas que el viciodólar circule libremente. Esta localidad de Girona se ha convertido en noticia por un reportaje, publicado por el New York Times, en el que se describía el ambiente de esta pequeña localidad “tomada” por la prostitución.
La situación fronteriza de La Junquera ha contribuido al asentamiento de la prostitución. Como cuentan las autoridades y los habitantes del pueblo, gran parte de los clientes de los prostíbulos son franceses, casi todos jóvenes, que cruzan la frontera atraídos por los macro-burdeles, la permisividad (la ley es más restrictiva en Francia) y los bajos precios. “Para ellos es una forma de diversión como otra cualquiera”, comenta la alcaldesa de La Junquera.
En 2010 el ayuntamiento de La Junquera denegó la licencia a un club de alterne que quería abrir sus puertas en el pueblo. Sin embargo, los dueños del negocio llevaron su protesta hasta el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que les dio la razón. En la actualidad, este burdel es uno de los más grandes de Europa, y atrae un gran número de “turistas sexuales”. El reportaje del New York Times no recoge declaraciones de los vecinos de La Junquera: sería interesante preguntarles si consideran que el dinero que dejan estos turistas sexuales compensa la exposición diaria del pueblo al triste espectáculo de la prostitución.
El estado de Nevada, donde se encuentra Las Vegas, tiene la tasa de desempleo más alta de Estados Unidos, y la tercera de criminalidad
Ya que el vicio va a seguir…
Una de los argumentos más usuales en contra de prohibir la prostitución es que, legal o ilegal, este negocio seguirá existiendo. Un razonamiento parecido han hecho algunos de los habitantes de Rasquera, el pueblo de Tarragona que acaba de aprobar en referéndum la plantación de cannabis en sus tierras. Uno de los votantes del “sí” declaraba a El País: “No estoy de acuerdo con las drogas, pero de lo contrario las plantaciones irán a otros pueblos; para eso, que se queden aquí”.
Otro de los recursos retóricos para amparar el dinero del vicio es utilizar expresiones que soslayen la cruda realidad del negocio. Se utilizó en La Junquera cuando se hablaba de “locales de ocio nocturno” para referirse a los burdeles. También ha ocurrido en Rasquera: la pregunta para votar sí o no a los cultivos de cannabis estaba redactada en unos términos bastante más oscuros: “¿Estás de acuerdo con el desarrollo del plan anticrisis 2012, aprobado por el Ayuntamiento de Rasquera en la sesión plenaria del 29 de febrero?”. Además de opaca, la pregunta parece pensada para inclinar hacia el “sí”, con la alusión a medidas contra la crisis económica.
Eurovegas en el espejo
Otra fuente de “viciodólares” son los casinos. Últimamente, el nombre de moda es Eurovegas, el enorme complejo recreativo que el magnate Sheldon Adelson –dueño de gran parte de los casinos de Las Vegas– se ha propuesto construir en España. Madrid y Barcelona se han ofrecido como sedes ante las generosas promesas de Adelson: Eurovegas generará 164.000 empleos directos y 97.000 indirectos, según los cálculos de Boston Consulting, empresa a la que Adelson encargó una estimación. El complejo albergará, cuando se terminen todas las fases del proyecto, 36.000 plazas hoteleras, además de 5 casinos, varios campos de golf y un enorme teatro. El nombre no engaña: Eurovegas pretende convertirse en Las Vegas del Viejo Continente.
Por eso mismo, vale la pena echar un vistazo a Las Vegas originales, en el estado de Nevada, y más en general a las ciudades norteamericanas que han hecho del juego una de sus principales fuentes de ingresos.
Uno de los mayores obstáculos al analizar el impacto de los grandes casinos es la dificultad para medir los costes sociales, al menos en términos que puedan ser comparados con los beneficios económicos a corto plazo, como el turismo o los nuevos puestos de trabajo generados por estos macrocomplejos. Desde hace más de 15 años, el debate sobre el juego ha sido planteado frecuentemente en Estados Unidos. También en Canadá, el Canadian Consortium for Gambling Research ha estudiado a fondo la cuestión.
Las Vegas ya no sonríe
Quizás, la iniciativa más conocida para evaluar los beneficios y los costes del “living Las Vegas” fue la creación en 1996 de una comisión nacional (NGISC: National Gambling Impact Study Commission) por parte del entonces presidente Bill Clinton. Tres años después, la comisión publicó su informe: en él aclaraba que aún faltaba mucha investigación para poder dar un veredicto definitivo, pero aun así recomendaba que se aplazaran los proyectos de apertura de casinos que varios estados estaban considerando.
Este informe destacaba, por ejemplo, cómo la posibilidad de convertirse en un vicioso del juego (las categorías que el estudio denomina jugador con problemas y jugador patológico) aumentaba en más de un 75% si se vivía a menos de diez millas de uno de estos casinos gigantes. También señalaba que un 13% de los clientes habituales de estos casinos terminan por desarrollar ludopatía. Según la American Psychological Association, entre un 2% y un 4% de los adultos norteamericanos tienen un problema de adicción al juego; en estados volcados con la industria de los casinos como Oregón, Mississippi, Louisiana o Nevada el porcentaje dobla ampliamente a la media nacional.
La relación del juego con el comportamiento delictivo parece bastante clara según la mayoría de los estudios, aunque otros aclaran que las cifras de jugadores patológicos tienen que ver también con otros factores: por ejemplo, dicen, las ciudades del este tienen en general una tasa de criminalidad más alta. También se señala que la cantidad de delitos tiene más que ver con el turismo que con la propia actividad del juego.
Con todo, algunos datos aportados por la NGISC son muy significativos. Por ejemplo, el porcentaje de los que han sido arrestados alguna vez en su vida aumenta según su mayor relación con el juego: son el 4% de los no jugadores, el 10% de los jugadores ocasionales, el 21% de los jugadores frecuentes y más del 30% de los jugadores con problemas y de los jugadores patológicos.
Un perfil nada halagüeño
Se podría pensar que el aumento en el porcentaje de los detenidos no tiene por qué suponer que lo hayan sido por su relación con el juego. Sin embargo, otros datos confirman que, si el juego no es la causa directa, al menos sí cabe formar un perfil del jugador como un ciudadano poco ejemplar –y, desde el punto de vista económico, bastante gravoso para la sociedad–.
Un 19% de los jugadores patológicos y un 10,3% de los jugadores con problemas ha estado en bancarrota alguna vez en su vida, por solo un 3,9% de los que no juegan nunca o casi nunca; un 16,1% de los problemáticos había consumido drogas más de cinco veces en el año en que se realizó el estudio (1999), por solo un 2,4% de los no jugadores y un 5,1% de los jugadores ocasionales; los patológicos y los problemáticos también pierden con más frecuencia sus trabajos, sufren más episodios depresivos, desarrollan más trastornos maníacos y se divorcian tres veces más que los no jugadores. Además, un 20% de los adictos al juego comete suicidio, un porcentaje superior al de cualquier otra adicción.
Si se estudia el impacto de la industria de los casinos en ciudades o estados concretos, los resultados son igualmente reveladores. El estado de Nevada, donde se encuentra Las Vegas, tiene la mayor tasa de desempleo de Estados Unidos, es el estado con más ejecuciones hipotecarias por viviendas y detenta una de las tasas de criminalidad más altas. En Atlantic City (Nueva Jersey), los suicidios aumentaron abruptamente coincidiendo con la apertura de varios macrocasinos.
El informe de la NGISC no hace un cálculo global entre beneficios económicos y costes sociales de los casinos, pero lo han intentado otros investigadores. Los autores del estudio Business profitability versus social profitability, dos profesores de economía de las universidades de Illinois y Georgia, estiman que los costes sociales de la industria del casino son 1,9 veces mayores a los beneficios económicos que producen.