Una propuesta francesa de despenalización de la homosexualidad, que se espera sea presentada ante la Asamblea General de la ONU, es motivo de una polémica que algunos han querido utilizar contra la Iglesia católica.
La propuesta está siendo aún negociada en el seno de la actual sesión de la Asamblea General de la ONU, y por lo tanto no existe texto oficial. El provisional consta de 13 artículos. El más decisivo respecto a la despenalización es el art. 11, que urge a los Estados a “tomar todas las medidas necesarias, administrativas y legislativas, para asegurar que la orientación sexual y la identidad de género no sean bajo ninguna circunstancia causa de sanción penal, en particular de ejecución, arresto o detención”. En casi 90 países han leyes que castigan las relaciones homosexuales, y en ocho Estados islámicos la pena puede ser de muerte.
Pero la propuesta de declaración va más allá de la despenalización. El art. 3 reafirma “el principio de no discriminación que requiere que los derechos humanos se reconozcan a cada persona independientemente de su orientación sexual o su identidad de género”. En el art. 5 rechaza también la “discriminación o exclusión” por los mismos motivos.
Lo que despierta reservas en no pocos países, incluida la Santa Sede, no es la despenalización, sino que la declaración se utilice después como instrumento político para equiparar las relaciones homosexuales con el matrimonio, aunque el texto no se refiera explícitamente al matrimonio.
La polémica comenzó a principios de diciembre cuando Mons. Celestino Migliore, representante de la Santa Sede ante la ONU, comentó la propuesta en una entrevista. Advirtió que la declaración podía convertirse “en un instrumento de presión o discriminación” contra aquellos que sólo aceptan como válido el matrimonio entre hombre y mujer. No obstante, Migliore coincidía con la declaración en que había que liberar a los homosexuales de cualquier sanción o discriminación injusta.
A raíz de las palabras de Migliore, algunos medios de comunicación lanzaron una dura campaña en contra de la Santa Sede. En Italia, varios grupos de activistas gay acusaron al Vaticano de alinearse con los países islámicos que condenan a muerte o encarcelan a los homosexuales.
Ante preguntas de los periodistas, el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Federico Lombardi, aclaró que la Iglesia católica se opone “no sólo a la pena de muerte, sino a todas las legislaciones penales violentas o discriminatorias contra los homosexuales”. Coincide con Migliore en que la propuesta francesa pretende “introducir una declaración de valor político que puede derivar en sistemas de control, según los cuales, toda norma (no sólo legal, sino también relativa a la vida de grupos sociales o religiosos) que no ponga exactamente en el mismo nivel toda orientación sexual podría ser considerada como contraria al respeto de los derechos del hombre”.
A lo que se opone la Santa Sede, dijo Lombardi, es a que “se añadan otras cláusulas que lleven a decir que todas las orientaciones sexuales deben ponerse al mismo nivel en todas las situaciones y en relación con todas las normas”.
Las declaraciones de la Asamblea General no son jurídicamente vinculantes, pero tienen valor político. La iniciativa de esta propuesta surgió de Francia, pero ahora es apoyada por los 27 países de la Unión Europea. Su peso dependerá del número de países firmantes. Una propuesta similar de Noruega recogió el año pasado el apoyo de 54 países sobre 192. Así que, como ha recordado Lombardi, la Santa Sede no es la única que se opone a una declaración de este tenor. Por ahora tampoco Estados Unidos ha ofrecido su apoyo a la declaración, ya que el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo es rechazado en la mayor parte del país. Solo lo admiten cinco países en el mundo (Bélgica, Holanda, Canadá, España y Sudáfrica).