La reforma del Código Penal español, recién propuesta al Parlamento, ha sido mal recibida por la oposición y parte de la prensa. Con el proyecto se pretende cambiar algunos artículos relativos a los delitos sexuales de los que son víctimas los menores, cosa que preocupa. La pornografía infantil, la prostitución de menores y el «turismo sexual», con todo el feo catálogo de conductas que toman a los niños por objetos de lascivia, indignan a todos. Y resulta que el vigente Código Penal no da garantías suficientes, según la opinión general, a causa de ciertas lagunas y una excesiva lenidad (ver servicio 149/96).
Hace año y medio, algunos casos muy notorios hicieron sonar la alarma. Se descubrió que las penas previstas para los productores de pornografía infantil son desproporcionadamente leves, o que no se puede perseguir a quienes difunden material de ese tipo si no lo venden a menores. Se señalaron también ciertas incongruencias en el Código: por ejemplo, que se castigue todo exhibicionismo sexual realizado ante menores de edad, pero no la pederastia si el menor ha cumplido 12 años y no se paga precio.
Por todo esto, el Parlamento pidió al Gobierno cambios legislativos para reforzar la protección de los menores contra los abusos sexuales. La respuesta es el presente proyecto.
Naturalmente, se puede discutir si las medidas que propone el Gobierno son adecuadas. Por ejemplo, cabe dudar de que convenga reinstaurar el delito de «corrupción de menores» -también a la vista de que el proyecto parece no definirlo con suficiente precisión-, debatir cuál es la edad mínima más adecuada para consentir en relaciones sexuales, o considerar que las penas propuestas son excesivas. Lo curioso es que los críticos coincidan en acusar al Gobierno de pretender «imponer una moral», la suya, y la prohibición de hacer tal cosa pasa hoy por ser el undécimo mandamiento.
Huelga decir que quienes así opinan consideran su propia propuesta libre de semejante pecado. Pero lo que en su día pidió el Parlamento, y lo que quieren quienes prefieren cambiar la ley de otro modo o dejarla como está, es que se imponga una moral. No es otra la finalidad de todo Código Penal: imponer un mínimo ético a quienes no lo respetan de buen grado. La cuestión es dónde trazar la raya: si el proyecto exige más que el mínimo, o menos. Todo lo que se opine al respecto, por fuerza supone una postura moral: no están sólo en ese caso los que discrepan de mí. La única manera de no ser «moralizante» es proponer no otra reforma del Código, sino suprimirlo entero. Cosa que sólo suscribirían los que jamás moralizan, entre ellos los pederastas.