Cerca del 70% de los dependientes reciben ayuda a domicilio, pero el gasto de los internados suponen el 62% del total
La OCDE acaba de publicar un informe que concreta lo que supondrá la atención a las personas dependientes, como consecuencia del hoy por hoy imparable envejecimiento de los países más desarrollados. El gasto público podría duplicarse e, incluso, triplicarse de aquí al año 2050. Esto exigirá a los gobiernos ajustar sus políticas presupuestarias.
Sin entrar en tecnicismos y definiciones legales, se consideran dependientes aquellas personas que necesitan una ayuda externa para acciones vitales cotidianas. Requieren la prestación de un conjunto de cuidados permanentes, por falta de capacidad física, cognoscitiva o funcional. Puede incluir ayuda para el cuidado de la casa o para la atención de las obligaciones administrativas, crecientes también en el mundo contemporáneo.
En países europeos, uno de cada dos cuidadores de personas dependientes son inmigrantes
Según el informe, titulado Help Wanted? Providing and paying for long-term care, actualmente la mitad de las personas dependientes tiene más de 80 años (el 4% de la población). Pero se aproximará al 10% de la población en 2050. Las proporciones más altas se alcanzarán en Japón (17%) y Alemania (15%). Y seguirá creciendo el gasto, que actualmente es en los países de la OCDE el 1,5% del PIB, aunque hay notorias diferencias de unos países a otros, desde el 3,6% de Holanda al 0,1% de Portugal.
Servicios de apoyo a cuidadores familiares
Aparte del problema económico –también el relativo a quienes abandonan su ocupación profesional para cuidar a personas próximas–, el informe señala la necesidad de formar personal especializado en el tratamiento de las personas dependientes. Durante mucho tiempo, especialmente en los países latinos, esa tarea se circunscribió al ámbito familiar. En la zona de la OCDE, más de un adulto de 50 años, de entre diez, ayuda a una persona funcionalmente limitada, habitualmente sin remuneración. Casi dos tercios son mujeres. La ayuda que reciben es casi sólo simbólica: el reconocimiento de su utilidad social y de la dificultad de su papel.
Aparte de ayudas concretas, sería preciso establecer servicios de apoyo, para la propia formación y el acompañamiento psicológico (es alta la incidencia de problemas de salud mental), así como la posibilidad de acudir periódicamente a centros de cuidados. Los expertos consideran que es posible diseñar estas soluciones a costes relativamente bajos, con el apoyo también frecuente del voluntariado. Todo esto tiene grandes ventajas para los beneficiarios de los cuidados, que prefieren ser atendidos por parientes y amigos. Y, desde luego, supone un gran ahorro al Estado.
De ahí la conveniencia de fomentar esas medidas intermedias, como las prestaciones familiares y la facilitación del trabajo a tiempo parcial, que reservan el ingreso en establecimientos residenciales para casos extremos. Como recuerda el informe, éstos suponen el 62% de los gastos, aunque el 70% de las personas dependientes son atendidas en su casa. Pero no será fácil mantener esta posibilidad –tan normal durante mucho tiempo– ante las dificultades derivadas de la crisis de la familia en tantos países occidentales.
Contratar seguros
En tiempos más recientes, los puestos de trabajo desempeñados por personas ajenas a la familia, están sometidos a una amplia rotación, ocupados con frecuencia por inmigrantes sin cualificación: uno de cada cuatro, en Australia, el Reino Unido y los Estados Unidos, y uno de cada dos en Alemania, Austria, Grecia, Israel e Italia.
Se habla ya de un sector de la dependencia, que emplearía entre el 1 y el 2% de la población activa. En muchos países esta proporción se doblará a mediados del siglo XXI. No será fácil, a juicio de la OCDE, reclutar nuevos trabajadores y asegurar su permanencia en el sector. Tendrán que mejorar mucho sus condiciones de trabajo.
Según el informe, los gobiernos deben encontrar un equilibrio entre la oferta de una atención de calidad –que exigen cada vez más los ciudadanos en el ámbito de la sanidad pública y en el conjunto de la seguridad social– y su viabilidad económica.
Por otra parte, será preciso favorecer la adecuada utilización de las diversas estructuras de cuidados de salud y de atención de larga duración, coordinando actividades dentro y fuera de los centros hospitalarios. En ese contexto, resulta esencial la información a los dependientes y a sus familias.
Se plantea también la oportunidad de contratar seguros para cubrir la dependencia futura. De momento, en Estados Unidos y Francia, un 5% y un 15% respectivamente de los mayores de 40 años de edad han suscrito pólizas para asegurar el riesgo de la futura dependencia personal.