Un artículo de The Economist reflexiona sobre el futuro de la pena de muerte en Estados Unidos. Años atrás cualquier político que aspirase a la presidencia o tuviera ambiciones políticas a escala nacional debía apoyar la pena de muerte, perdía popularidad y sus posibilidades se difuminaban. El caso más famoso fue el Michael Dukakis. En 1988, al entonces gobernador de Massachusetts, en un debate televisado con el candidato republicano, George Bush padre, si en el supuesto que violaran y asesinaran a su esposa, si aprobaría la pena capital contra el culpable. En lugar de sumarse a la postura popular (o rechazar esta pregunta como una trampa), dijo que no y dio una respuesta erudita sobre la prevención del delito. Aquella noche quedó irremediablemente descolgado de su competidor.
La tendencia va cambiando, como muestra el caso de Martin O’Malley, gobernador de Maryland. Se manifiesta en contra de la pena capital y aun así aumenta su popularidad y tiene opciones de estar en la carrera presidencial de 2016. Recientemente cinco estados han abolido la pena capital y con estos ya son diecisiete los que no la tienen. Otros pueden seguir el mismo camino.
La tendencia cambia porque el país cambia. Desde 1996, en el que la pena de muerte tuvo el máximo apoyo popular, hasta hoy, han bajado mucho los delitos violentos. Además, alternativas como la cadena perpetua sin libertad condicional, van calando en los ciudadanos que ya no ven la pena de muerte como la mejor solución.
