La justicia ordinaria se ve sobrepasada a veces por situaciones de delito a gran escala. Ocurre en los conflictos de carácter nacional, donde es mayor el número de víctimas y donde los victimarios van mucho más allá del hurto o de la agresión puntual.
Así sucedió con el asesinato de más de un millón de personas durante la ola de violencia étnica desatada en Ruanda en 1994, que fue azuzada por la élite gobernante hutu contra la población tutsi. Los políticos instigaron, sí, pero fueron miles –decenas de miles– los brazos civiles que empuñaron machetes y despedazaron a sus vecinos, seres humanos inocentes pero de la etnia “equivocada”.
En un contexto de este tipo, además de poner tras las rejas a los responsables, se precisa hacer un verdade…
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