Aceptar las consecuencias de las propias elecciones ha sido siempre una prueba de responsabilidad. Pero no hay que darlo por descontado en una sociedad donde la libre elección del estilo de vida se considera compatible con cualquier derecho, y en la que toda diferencia de trato se denuncia como discriminación injusta. Así resulta que algunas lesbianas están indignadas porque al menos tres comunidades autónomas (Asturias, Cataluña y Murcia) se niegan a pagarles la fecundación artificial para garantizarles su “derecho a ser madres”.
La verdad es que la ley no obliga a hacerlo. La Ley de Reproducción Asistida de 2006 permite que cualquier mujer, “con independencia de su estado civil y orientación sexual”, recurra a estas técnicas. Así que una mujer sola puede hacerlo, cosa que no ocurre en otros países, como Francia o Italia. Pero la ley no dice que haya que pagarlo con el dinero de todos. De hecho, el decreto que fija la cartera mínima de prestaciones del Sistema Nacional de Salud reserva la financiación pública para las parejas en las que uno de los miembros sea estéril, es decir, que haya una enfermedad. Y por eso en Asturias no quieren pagar este servicio a las lesbianas, por el mero hecho de serlo.
“Violación emocional”
Pero Silvia García, vocal de Xente Gay Astur (Xega), se considera víctima de una injusticia: “Me están diciendo de forma indirecta que me vaya a reproducir con un hombre. Es una violación emocional hacia mi persona” (El País, 26-04-2011). En realidad, lo que le están diciendo es que si quiere darse ese gusto, que vaya a una clínica privada y se lo pague. Lo contrario sería una violación financiera de los recursos públicos, que bastante indefensos están.
Como ha respondido el portavoz del Ministerio de Sanidad, “el Sistema Nacional de Salud está para solucionar problemas de salud, no para garantizar el derecho a ser madre, que es algo mucho más amplio”. Pero, dentro de la concepción de la “medicina del deseo”, la sanidad está al servicio de las apetencias del cliente. Porque, claro, tampoco una lesbiana va a considerar su estado una enfermedad.
Pero, si la medicina pública debe estar al servicio del estilo de vida elegido, no solo habría que pagar la fecundación artificial a las lesbianas. También habría que sufragar con fondos públicos el irresistible deseo de paternidad del gay que, para no ser menos que Miguel Bosé, quiere recurrir a un vientre de alquiler. Y si una persona desea disfrutar de su derecho a estar bronceada, pero no quiere ponerse al sol (no vaya a sufrir un cáncer de piel), el Sistema Nacional de Salud tendría que pagarle las sesiones de rayos UVA. Y si alguien piensa que la alimentación normal está llena de riesgos (aditivos, contaminantes, transgénicos) y prefiere la alimentación por vía parenteral a cargo de la sanidad pública, no habría modo de negárselo.
Pero, según el razonamiento de estas lesbianas, la fecundación artificial se presenta como una especie de medida preventiva contra la enfermedad. Mané Fernández, presidenta de Xega, declara que “es inconcebible que se obligue a una lesbiana a mantener relaciones sexuales” con un hombre, máxime cuando en ellas hay “riesgo de transmitir enfermedades genéticas al feto, hemofilia, síndrome de Down o el VIH”. En fin, parece que un hombre es una bomba ambulante, y resulta sorprendente que nazcan tantos niños sanos.
Lo verdaderamente asombroso no es que haya tres comunidades que se nieguen a financiar el “derecho a ser madre” de las lesbianas, sino que todas las otras, cuyas finanzas están tan maltrechas, no pongan ningún reparo. Ahora que la crisis está obligando al sector público a apretarse el cinturón en los gastos sanitarios, sería oportuno poner límites a gastos como este que la ley no exige. La pretensión de que mi estilo de vida lo elijo yo, pero las consecuencias las pagamos entre todos, no parece justo ni económicamente viable.