Ante el aumento de la violencia de los menores
Los informes de policías y jueces de los países desarrollados no revelan una explosión catastrófica de criminalidad; pero sí dejan ver un mayor protagonismo delictivo de adolescentes y jóvenes. Por eso algunos gobiernos promueven reformas legales y tantean métodos preventivos o de reinserción social para delincuentes menores de edad.
En el decenio 1985-1995, los crímenes violentos perpetrados por menores aumentaron al menos un 50% en diez países de Europa, entre ellos Inglaterra, Suecia, Alemania, Holanda, Austria y Suiza, según ha puesto de relieve el doctor Christian Pfeiffer, del Instituto de Estudios de Criminología de Baja Sajonia.
Francia no es una excepción. Aunque las cifras de la delincuencia global bajaron ligeramente en 1997, la parte de los menores en el total de delitos subió del 17,8% en 1996 al 19,3% en 1997 (cfr. Le Monde, 28-I-98). En Estados Unidos, anualmente se producen más de dos millones de arrestos de jóvenes (cfr. Newsweek, 8-IV-98). Y la evolución es también creciente: de 1985 a 1995 las detenciones de jóvenes por crímenes violentos subieron un 67%. En 1997 uno de cada siete asesinatos y uno de cada tres delitos contra la propiedad fueron cometidos por menores.
Derecho civil vs. derecho penal
¿Hay que aumentar las penas para combatir la delincuencia juvenil? Para el magistrado francés Michel Marcus, la vía penal no es la más adecuada (cfr. Le Monde, 27-I-98). En lugar de redoblar las penas, Marcus piensa que resultaría más eficaz buscar soluciones en el derecho civil. Lo que persigue este magistrado es civilizar el comportamiento de los jóvenes obligándoles a reparar los perjuicios causados.
Los modos de reparar se adecuarían a cada situación. Un mecanismo sería que los perjudicados por el vandalismo juvenil (los transportes, las escuelas, etc.) puedan recurrir a los jueces civiles por vía de urgencia, y que en todo momento del proceso se dé la posibilidad de intervenir en él a las personas del entorno de los jóvenes inculpados. Ese acceso rápido, o el hecho de que los padres puedan presentarse como fiadores de los hijos, reforzaría la responsabilidad del joven, de la familia o de los allegados, obligados a reparar solidariamente.
Según Marcus, la estrategia civilista es más eficaz, porque «responde también mucho mejor a la apreciación de la gravedad de los comportamientos que pueden tener los vecinos de un barrio». El supuesto del que parte este magistrado es que esta apreciación será más acertada que la de un juez que siga la rígida jerarquía de las sanciones de un código penal. Marcus opina que el derecho civil abunda en medios para promover la responsabilidad juvenil, aunque en el artículo de Le Monde (27-I-98) donde expone su tesis, no ofrece demasiados detalles.
Lo cierto es que enFrancia la cantidad de menores encarcelados está bajando (576 en 1997), como consecuencia de leyes de 1987 y de 1989, que limitan la detención provisional de los jóvenes de 13 a 18 años. Hoy la mayoría de los jueces de menores utilizan la cárcel para los casos extremos y como último recurso.
Respuestas francesas
Con nuevos aires, el pasado abril una comisión interministerial francesa formuló 135 propuestas para la prevención y el tratamiento de la delincuencia de menores. Lo que se lleve a cabo será anunciado el 2 de junio, aunque ya se han adelantado algunas pautas de acción.
Los diputados socialistas que las redactaron proponen sancionar a los padres que se desentienden de la conducta de sus hijos, hacer que las escuelas recurran menos a la expulsión de los alumnos conflictivos, crear redes de atención psiquiátrica para adolescentes, dar más asignaciones presupuestarias a los jueces de menores o instaurar programas personales socio-educativos para cada menor encarcelado (Le Monde, 17-IV-98).
Para la reinserción social de delincuentes menores funcionan en Francia, desde septiembre de 1996, las UEER, unidades de seguimiento educativo reforzado. Cada UEER tiene un proyecto educativo propio, acoge sólo a cuatro o cinco menores delincuentes -durante un máximo de tres meses-, que son objeto de un seguimiento individualizado por parte de otros tantos adultos. Ya han pasado por estas instituciones 160 jóvenes de 16 y 17 años, de los que un tercio procedían de la cárcel y el resto de otros centros especiales.
Tras su estancia en las UEER, el 10% vuelven a vivir sin problemas con su familia, pero el 13% han vuelto a ser encarcelados y la gran mayoría (70%) han sido objeto de algún seguimiento educativo especial o han tenido que ser internados nuevamente. Recientemente la ministra de Justicia, Elisabeth Guigou, ha detenido la apertura de nuevas UEER y ha mandado que se realice una auditoría sobre el funcionamiento de las decisiete que están funcionando.
En EE.UU. van surgiendo también iniciativas de tipo preventivo.Entre los numerosos programas que el gobierno federal subvenciona, están los organizados por Big Brothers/Big Sisters, que tratan de ocupar el tiempo libre de los adolescentes con competiciones deportivas y otras actividades fuera del horario escolar.
¿Cuenta la edad mínima penal?
Al mismo tiempo se está endureciendo el castigo penal para menores delincuentes. En la mayoría de los 38 Estados donde vige la pena de muerte se puede ejecutar a convictos que hayan cometido un crimen con 16 ó 17 años. Además, en 27 Estados no existe una edad mínima penal. Y en el último lustro, todos los Estados, excepto Hawai, han decidido permitir que algunos menores sean juzgados en tribunales de adultos. Cada año son procesados 12.300 menores en tribunales estatales para adultos, un 70% más que hace diez años.
Pero estas medidas no inciden decisivamente en la criminalidad juvenil. Así, Connecticut tiene la tasa más alta de transferencia de jóvenes a tribunales de adultos, y Colorado, la más baja, mientras que sus tasas de criminalidad juvenil son idénticas. Desde 1970, Nueva York trata como adultos a los jóvenes partir de los 16 años, y en estas décadas la criminalidad juvenil se ha duplicado (cfr. Time, 21-VII-1997).
Toques de queda
También en Estados Unidos ha cosechado buenos resultados la operación Night Light, de Boston, que trata de limpiar la calle de drogas y armas. En julio del año pasado se cumplieron 24 meses seguidos sin ninguna muerte de menores de 17 años por armas de fuego, récord insólito para esa y cualquier ciudad estadounidense de más de medio millón de habitantes. La explicación es que desde 1992 está vigente un toque de queda desde las 7 de la tarde a las 7 de la mañana, aplicable los siete días de la semana, por decisión de un juez, a jóvenes delincuentes concretos.
Un sistema similar, aunque más generalizado, es el que ha adoptado Radom, ciudad industrial polaca situada al sur de Varsovia. La vigilancia policial estrecha su cerco para evitar la delincuencia nocturna. Desde el mes de octubre pasado la policía puede interrogar a los jóvenes, y a sus padres, si encuentra a un menor en la calle entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. El programa se introdujo después de tres asesinatos cometidos por jóvenes. La presencia de jóvenes en las calles por la noche ha descendido sustancialmente, con lo que otras ciudades polacas se plantean imitar a Radom.
Gran Bretaña abre «reformatorios»
En Gran Bretaña se está haciendo una política cada vez más severa. Lo que piensa el gobierno es que los jóvenes delincuentes de hoy serán los criminales de mañana si no se se actúa con contundencia y se les enfrenta ahora a sus responsabilidades. Así, a pesar de la polémica, se inauguró el pasado abril en Medway (Kent), un reformatorio con medidas de alta seguridad que acogerá a 40 adolescentes de 12 a 14 años con antecedentes penales y reincidentes (casi siempre en el robo).
La iniciativa partió del anterior gobierno conservador y los laboristas han creído oportuno culminarla. El Ministerio del Interior insiste en que no es una cárcel, sino «una institución educativa donde cada adolescente contará con ayuda individualizada», en la que se les tratará de «inculcar nociones de responsabilidad». Serán empresas privadas las que gestionen el reformatorio de Medway, así como las otras cuatro instituciones semejantes que ya ha anunciado el Ministerio y con las que se llegará a una capacidad total de 200 plazas.
Pero, ¿se llenarán estos reformatorios? Por ahora no. Pues hace sólo dos meses que entró en vigor una nueva legislación para los menores entre 12 y 14 años. Conforme al nuevo tipo penal, los jueces pueden condenar a los menores que cometan tres delitos a un máximo de dos años de reclusión y a ser reeducados en centros de seguridad como el estrenado en Medway.
Hasta ahora la reeducación de menores británicos, salvo en casos de homicidio, se confiaba a las unidades municipales de seguridad, donde los jóvenes eran recluidos para seguir un programa especial. Ese sistema permite a las familias estar más cerca de los condenados, lo que no sucede -y se ha criticado- en los reformatorios.
Acabar con la cultura de la excusa
La estrategia dura contra los delincuentes jóvenes podría complementarse dando «nuevos poderes» a la policía y los tribunales para combatir el absentismo escolar. Eso ha recomendado al gobierno británico el recién creado Gabinete para la Exclusión Social. Si se llevan a la práctica sus propuestas, que no pocos consideran inviables y contraproducentes, los menores que falten alegremente a clase y se nieguen a volver, podrán ser arrestados y conducidos ante la autoridad educativa local; y algunos padres serán obligados a llevar personalmente a sus hijos al colegio o a portar un «buscapersonas» para que el colegio pueda avisarles de la ausencia de su hijo.
Stephen Byers, director de calidad educativa en el Ministerio de Educación, defiende la extremada idea de que el absentismo escolar no sólo perjudica a los niños, sino también a la sociedad, porque genera desempleo y crimen. Por eso sus recomendaciones cierran el círculo con otra medida: que los colegios demasiado propensos a expulsar a los alumnos conflictivos tengan que someterse a inspecciones y justificar cada expulsión.
El ministro británico de Interior, Jack Straw, ha presentado ante el Parlamento, a mediados de mayo, un informe que resume su filosofía acerca de la cuestión y cuyo título es elocuente: «No más excusas. Un nuevo enfoque de la delincuencia juvenil». Straw piensa que «en el nuevo sistema judicial de menores se ha desarrollado la cultura de la excusa (…) bajo el pretexto de que los jóvenes delincuentes son víctimas del ambiente social en que viven. Rara vez se les pone frente a su propio comportamiento y frente a sus responsabilidades».
Las medidas que pretende instaurar el ministro acabarían con el sistema de repetidas advertencias jamás seguidas de efectos. A la primera reincidencia anotada por la policía, los culpables y su familia irían ante los tribunales. La justicia sería rápida; y los culpables deberían responder de sus actos mediante la reparación directa a la víctima o con la realización de trabajos de interés social.
Un brote de violencia en Japón
Aunque Japón es el país desarrollado con menos criminalidad juvenil, ante el aumento reciente de la violencia se ha planteado reducir la edad mínima penal, que actualmente es de 16 años. Antes de la guerra, el Código Penal señalaba la responsabilidad penal a partir de los 14 años, pero se elevó dos años por influencia estadounidense.
Una procuradora del tribunal de Tokio, Rei Matsuki, pseudónimo con el que firma un libro sobre violencia juvenil, piensa que «no es cierto que una ley más estricta vaya a frenar el aumento de delincuencia juvenil. Pero los jóvenes delincuentes de los que me he tenido que ocupar son perfectamente conscientes de que no pueden ser considerados responsables si tienen menos de 16 años. Sólo el 3% de los menores delincuentes son enviados a reformatorios, mientras que por el mismo crimen un adulto incurriría en una pena de quince años de prisión».
Para otro especialista, Ryu Murakami, autor del libro Muerte en un país triste, la violencia de los adolescentes es consecuencia de las contradicciones que se producen entre un sistema de enseñanza fundado en competir y sacrificarse por los valores del Japón de la posguerra, y el hedonismo consumista.
En España, con el nuevo Código Penal que entró en vigor en mayo de 1996, se elevó la edad penal de los 16 a los 18 años. Pero ese cambio no está aún vigente, a la espera de una ley específica de Justicia juvenil, para cuya aprobación se establecía entonces el plazo de un año. Según el anteproyecto de ley de Justicia Juvenil, los jóvenes delincuentes de 14 y 15 años podrían ser sancionados con un máximo de 24 meses de internamiento en un centro especial, y los de 16 y 17 años, con cinco años, seguidos con otros cinco de libertad vigilada.
Buscando causas y remedios
Al abrir el baúl de la delincuencia juvenil, se descubren los trapos sucios: las dosis de droga y alcohol guardan proporción directa con los crímenes, que crecen especialmente por el consumo de los fines de semana y en las zonas de narcotráfico. Pero esas dosis no son el único detonante de la violencia, al igual que no existe un solo tipo de delincuente. En opinión de Javier Elzo Imaz, profesor de Sociología de la Universidad de Deusto, más del 90% de las manifestaciones de violencia juvenil que se producen en España pueden encuadrarse en tres apartados, que tienen sus relaciones. Una es la violencia que proviene de situaciones de marginación e injusticia social, principalmente del paro. Otra, la que deriva de cierto fundamentalismo, que pretende que sólo hay una idea o proyecto válidos a la hora de interpretar y organizar la sociedad. Por último, se encuentra la violencia de las actitudes adolescentes que reaccionan sin control ante «una frustración, una disociación entre objetivos y medios, la instauración de un sistema de valores en el que el goce de lo deseado no puede ser diferido, mucho menos cuestionado» (Educadores, oct.-dic. 1996).
Según el sociólogo, la sociedad está enseñando a los menores a exigir derechos más que a cumplir deberes. Y de ahí que la mayoría de los adolescentes no estén acostumbrados hoy a que se les nieguen sus deseos: «Han crecido en una infancia dulce, sobreprotegida, con más recursos materiales que adolescencia y juventud alguna haya tenido en la historia de este pueblo».
La terapia que Elzo propone consiste en inculcar responsabilidad y fortaleza «en la vida diaria, familiar, escolar y social de los adolescentes y jóvenes». Se trata de contrarrestar así la tendencia de «una población, en especial la más joven, que apuesta más por exigir a los demás la resolución de sus problemas que por la iniciativa personal para afrontarlos con esfuerzo».
Aunque es más fácil decirlo que hacerlo, la prevención de la violencia juvenil tiene entonces dos claves: «La eliminación de la exclusión social, por un lado, y la educación en el respeto de los derechos humanos y en la responsabilidad de lo que se hace o se dice».
No dejar las armas al alcance de los niños
Como en la película Un día de furia, protagonizada por Michael Douglas, tanto más destructivo es un tipo enervado cuanto más letal es el arma con que se desahoga. Y en Estados Unidos está demostrado lo fácil y peligroso que es dejar rifles o pistolas a mano de niños y adolescentes. En ocho meses varios menores de edad han matado a catorce personas, y herido a decenas de compañeros de escuela. La última tragedia (dos muertos y 24 heridos) ocurrió en Oregón el pasado 21 de mayo, cuando un alumno de 15 años que había sido expulsado del centro el día antes por llevar un arma de fuego, se vengó a su manera: con un tiroteo sangriento.
Por eso en EE.UU. quince Estados tienen ya leyes de «child access prevention» (CAP). Conforme a esas normas, los padres -o los representantes legales de los niños- son responsables de que un menor tenga a su alcance un arma, y se establece un vínculo directo entre los crímenes cometidos por menores con armas de fuego y la responsabilidad penal de los padres (cfr. Time, 6-IV-98). La primera ley CAP fue aprobada en Florida, en 1989. Desde entonces otros catorce Estados (entre ellos California y Tejas) han aprobado leyes similares. Actualmente cinco Estados más tramitan aprobar sendas leyes CAP.
Los asesinatos de Arkansas potenciaron este tipo de leyes, que también tienen sus detractores. Estos sostienen que las CAP dan demasiado pie a las demandas fiscales, interfieren en el modo en que los padres mantienen la autoridad en su familia, y sólo consiguen añadir más dolor a los accidentes fortuitos con armas de fuego. Pero, lo definitivo a favor de las CAP es que su factor preventivo surte efecto también para los llamados casos fortuitos: de acuerdo con un estudio publicado el pasado octubre en el Journal of the American Medical Association, las muertes accidentales de menores de 15 años cayeron un 23% en los Estados donde está vigente una ley CAP. Y es que se puede evitar que un niño tenga un arma mortífera en sus manos «por casualidad».
José María Garrido