Viena. A partir del 1 de enero de 1994, la ley austriaca cambia para muchos extranjeros. Ese día entra en vigor el acuerdo entre la Unión Europea y los países de la EFTA -menos Suiza-, que permite la libre circulación de personas. Así, los extranjeros nacidos en cualquier país de la Unión Europea tendrán derecho a residir en Austria si lo desean y no estarán sometidos a las leyes de extranjería. De este modo se creará una situación de extranjeros de primera (procedentes de la Europa occidental) y de segunda (del resto del mundo).
Este cambio legal llega a Austria en un momento de máxima tensión, después de que en diciembre diez cartas-bomba estallaran o fueran desactivadas por la policía. Las personas a las que iban dirigidas eran muy diferentes entre sí: el alcalde de Viena, Helmut Zilk; el presidente de Cáritas en Austria, la secretaria general y una parlamentaria del grupo de Los Verdes, la Ministra de Mujeres, una presentadora de televisión, un párroco de la Estiria… Sólo tenían un punto en común: su actitud favorable hacia los extranjeros que llegan a Austria para intentar encontrar mejor suerte que en sus países de origen.
Las bombas han traído consigo una nueva discusión sobre el problema de los extranjeros en Austria. Desde el 1 de julio de 1993 está en vigor una nueva Ley de Residencia de Extranjeros, que ha endurecido mucho las condiciones de entrada en el país. Así, el gobierno austriaco establece el número anual de visados que va a conceder -20.000 para 1993-. Los solicitantes deben hacerlo desde su país de origen, también cuando por un descuido caduque el visado anterior y deban renovarlo. Además, tienen que presentar un permiso de trabajo o una garantía con los medios económicos para mantenerse. Esto podría provocar el resultado absurdo de que, por ejemplo, un universitario debe venir a Austria, conseguir ser admitido en la universidad y volver a su país de origen para presentar todos los papeles y esperar el visado.
También se han establecido una serie de medidas para impedir abusos, pero que llevan también a situaciones extremas. Así, para que el matrimonio con un ciudadano austriaco dé derecho automático de concesión de visado, la boda debe haberse celebrado un año antes de la solicitud. Por otro lado, se establece que los extranjeros deben demostrar que disponen de una vivienda digna -10 m2 por miembro de la familia-; si no pueden hacerlo, serán expulsados del país.
La ley y su aplicación han sido muy criticadas por gran parte de Cáritas en Austria y por diversos grupos de activistas por los derechos humanos. El problema de los extranjeros se está agudizando poco a poco. En el censo de 1991, estaban registrados 517.690 extranjeros. A ellos hay que añadir unos 70.000 refugiados de Bosnia-Herzegovina y un número indefinido de extranjeros ilegales que, según el Ministerio del Interior, se acerca a las 200.000 personas. Esto supone que en un país de siete millones y medio de habitantes, alrededor de un 10% de la población total es extranjera.
El problema fundamental es que algunos políticos de corte populista -como el líder del Partido Liberal, Jörg Haider- están dispuestos a explotar el problema de los extranjeros para obtener provecho político.
José María López-Barajas