Ministros de casi sesenta gobiernos africanos y europeos, reunidos en Rabat el 10 y el 11 de julio, concluyeron un acuerdo para controlar la emigración del primer continente al segundo. Habrá más cooperación para vigilar las fronteras, sobre todo marítimas, y acelerar el retorno de los inmigrantes clandestinos. Pero los europeos, que acudieron a la capital marroquí con un planteamiento principalmente policial, finalmente hicieron concesiones a la necesidad de ayudar al desarrollo de África, donde la pobreza y la falta de oportunidades incitan a emigrar.
La conferencia ministerial fue promovida por España, desbordada por la reciente llegada masiva de clandestinos a las costas canarias. Ya en el último otoño las fronteras españolas fueron «asaltadas» por gran número de subsaharianos que intentaban entrar sin permiso en Ceuta y Melilla, los enclaves norteafricanos que limitan con Marruecos. La presión se alivió cuando el gobierno español obtuvo la cooperación del marroquí, en cuyo territorio esperaban los clandestinos la oportunidad para saltar la valla. Pero esto solo sirvió para desplazar el problema a las islas Canarias, adonde en lo que va de año han arribado unos 11.000 inmigrantes ilegales tras arriesgada singladura en pequeñas embarcaciones, generalmente desde Senegal o Mauritania (Marruecos está mucho más próximo, pero la vigilancia impide zarpar desde allí). Ese número sextuplica el de los que habían llegado al archipiélago a estas alturas del año pasado.
El caso de España, sin embargo, es el más conocido, no el más grave en términos relativos, como quiso subrayar en Rabat el ministro maltés de Asuntos Exteriores. En Malta entraron el año pasado casi dos mil inmigrantes ilegales, que no son pocos para un pequeño país (316 km2) de 400.000 habitantes (las islas Canarias tienen dos millones y una superficie total 23 veces mayor). Los 6.000 inmigrantes llegados a Malta desde 2002 suponen un flujo equivalente, en proporción, a un millón en Alemania. La mayoría proceden de Somalia, Etiopía, Eritrea o Sudán y se hicieron a la mar en Libia con intención de llegar hasta Italia. Cerca de 1.500 de ellos permanecen en centros de detención malteses, sin que se los pueda deportar.
Pero «este no es un problema de las islas Canarias o de Malta -dijo en Rabat el comisario de Justicia e Interior de la UE, Franco Frattini-. Sabemos que miles y miles de personas se preparan para ir al norte». Ya antes de esta conferencia ministerial, los Estados que forman la frontera meridional de la UE habían trabajado por ganarse la solidaridad de los otros miembros del club, adonde no llegan las pateras. Pero eso es solo una parte del imprescindible esfuerzo de cooperación. Las naciones europeas necesitan además la ayuda de las africanas para manejar el problema de la inmigración. Según Frattini, en Rabat se ha comprobado que «afortunadamente, por primera vez hay consenso» en este punto.
La ayuda que los gobiernos europeos esperaban ante todo de los africanos era para el control de los flujos. Y la han conseguido, al menos en teoría. En la declaración final de Rabat, los países africanos aceptan la repatriación rápida de sus nacionales que entren ilegalmente en Europa. Esto requerirá colaborar para identificarlos, pues muchos llegan indocumentados y las autoridades europeas no pueden expulsarlos porque no logran averiguar el país de origen.
En Rabat, los europeos también han obtenido de los gobiernos africanos la promesa de colaborar en la vigilancia de las fronteras y de las rutas que siguen los emigrantes clandestinos. España ya ha conseguido que Mauritania acepte formar patrullas conjuntas para vigilar las costas de este país.
Pero no todo en los acuerdos de Rabat se reduce a represión de la inmigración clandestina. Los europeos se comprometieron a facilitar la entrada legal de africanos. Darán más visados para trabajadores temporales y estudiantes universitarios. También harán más fáciles y baratos los envíos de dinero de inmigrantes a sus países de origen. Y para aliviar la necesidad de emigrar, ofrecerán créditos a pymes africanas, para que puedan ampliar su actividad y crear empleos.
El documento final no especifica asignaciones presupuestarias de los países europeos para llevar a cabo estos planes.
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