Si prospera la propuesta de la Comisión Europea, la UE pondrá en marcha una “tarjeta azul” para los trabajadores extranjeros mejor preparados, que actualmente prefieren otros destinos. Con esta medida, la UE pretende incorporar al mercado laboral europeo a cerca de 20 millones de inmigrantes en las próximas décadas. Para Franco Frattini, comisario de Justicia e Interior, el futuro económico de UE depende de su capacidad para atraer a profesionales con talento, ya que, como es conocido, la población activa europea está abocada a un descenso preocupante, pues, si se mantiene la tendencia presente, casi la cuarta parte de la población superará los 65 años hacia 2030 (ver Aceprensa 116/05).
Hasta ahora los emigrantes cualificados han preferido ir a países como EE.UU., Canadá o Australia. La UE atrae al 85% de los emigrantes sin preparación y a sólo el 5% de los cualificados, que en su mayoría (55%) optan por Estados Unidos. Para la Comisión Europea, se requiere la presencia de personas con un alto grado de preparación para solventar las deficiencias del mercado de trabajo en sectores claves en los que Europa se está quedando a la zaga de otros países desarrollados (en especial, tecnologías de la información, aeronáutica, medicina y otras profesiones sanitarias).
La “tarjeta azul” dará permiso de residencia y empleo por dos años renovables, con derecho moverse libremente por la UE, así como a entrar y salir de ella. Además, se ofrecerá la posibilidad de lograr la residencia permanente tras cinco años de trabajo consecutivos. La familia directa del trabajador contratado tendrá también las mismas ventajas. La idea es que estos inmigrantes gocen de los mismos derechos laborales, educativos y sociales que los ciudadanos de la UE.
Los candidatos deberán tener un diploma reconocido y al menos tres años de experiencia profesional. Necesitarán una oferta formal de empleo en uno de los 27 países miembros; el sueldo ofrecido habrá de ser por lo menos el triple del salario medio en el país de origen. En cualquier caso, los trabajadores de la UE tendrán prioridad en las vacantes que se adecuen a su perfil.
Para evitar farragosos trámites burocráticos se ha considerado oportuno establecer un procedimiento por vía rápida: los trabajadores lograrán el permiso en 30 días o 60 como máximo. Asimismo se está estudiando la posibilidad de centralizar los trámites en un solo organismo encargado de las correspondientes gestiones.
Posible fuga de cerebros
Para su entrada en vigor el proyecto tiene que recibir el beneplácito de los países miembros y se prevé que este trámite se alargue. Las primeras críticas a la “tarjeta azul” han procedido de los gobiernos nacionales, que llevan años enfrentándose por diferentes vías al problema de la inmigración, sin encontrar salida clara. Los Estados miembros se han mostrado siempre recelosos ante cualquier injerencia en esta materia por parte de Bruselas, y será difícil vencer las reticencias. La principal oposición puede venir de Alemania, que a los problemas de integración de los inmigrantes suma una alta tasa de desempleo.
Por otro lado, para algunos el plan puede aumentar la fuga de cerebros que sufren los países en desarrollo (ver Aceprensa 79/07). Entre otras cosas, según un estudio de la Organización Internacional de Migraciones, el 35% de los que emigran desde esos países no vuelven.
Philip Emeagwali, un científico de prestigio que reside en Estados Unidos pero es natural de Nigeria, propone establecer una especie de “impuesto a la emigración”, de forma que estos países reciban alguna compensación. La directiva ha reconocido la existencia de la “fuga de cerebros”, pero no se enfrenta a ella de forma expresa. Tan sólo recomienda que no se contrate en sectores en los que los países de procedencia encuentran más necesidades. Para Gonzalo Fanjul, de Intermón Oxfam, esto no es más que una declaración de intenciones, sin contenido práctico. Los más optimistas creen que, incluso si deciden no volver, los inmigrantes desempeñan un papel importante en sus países porque ayudan económicamente a sus familiares: según el FMI, los inmigrantes repartidos por el mundo enviaron a casa 88.300 millones de euros en 2004.