Contrapunto
Los inmigrantes están mal vistos. La policía ha empezado a realizar redadas para identificar y expulsar a los inmigrantes clandestinos. Hay manifestaciones para pedir que no se dé trabajo a los extranjeros mientras no haya vivienda y empleo para todos los nacionales. Los inmigrantes sufren amenazas xenófobas y cada vez son más los que optan por abandonar apresuradamente el país. El escenario no es París, ni Berlín ni Milán. Es un asunto entre africanos. Las noticias provienen de Gabón, el «emirato negro», y de la nueva Sudáfrica que preside Nelson Mandela.
Ambos países se caracterizan por ser más ricos que sus vecinos o, si se prefiere, menos pobres que ellos. Gabón, con un PNB de 3.780 dólares per cápita, atrae a inmigrantes de Ghana, Malí, Benin, Guinea, Senegal…, países que en el mejor de los casos no superan los 700 dólares. De modo que, junto a los 1,3 millones de gaboneses, se estima que hay unos 150.000 inmigrantes, una proporción de población extranjera superior a la de cualquier país europeo. Y ahora que Gabón debe afrontar un período de dificultades económicas, se soporta mal la presencia de los inmigrantes.
El gobierno les dio de plazo hasta el 31 de enero para regularizar su situación. Los que aspiran a quedarse tienen que pagar el permiso de residencia, una multa por entrada clandestina en el país y dejar una fianza equivalente al precio de un billete de avión hacia su país de origen. Unos 35.000 habían abandonado ya Gabón cuando iba a cumplirse el plazo.
También Sudáfrica ha atraído siempre a inmigrantes negros de los países vecinos que, incluso en tiempos del apartheid, veían más posibilidades de prosperar allí. Actualmente se estima que hay unos 2 millones de inmigrantes ilegales, provenientes sobre todo de Mozambique, Zimbabue y Lesotho. Y, según demuestra una encuesta reciente, la mayoría de los simpatizantes del Congreso Nacional Africano (CNA) creen que los extranjeros contribuyen al alto porcentaje de desempleo de la población negra.
El gobierno de Nelson Mandela se encuentra en una alternativa embarazosa: no puede ignorar el malestar de sus bases, pero tampoco quiere malquistarse con unos países que fueron el santuario para los líderes del CNA durante la lucha contra el apartheid. Por ahora no se ha decidido a proceder a expulsiones masivas. Pero ha reforzado la vigilancia en las fronteras y los controles de identificación en las barriadas de Johannesburgo, y ha amenazado con multar a los que den empleo a los ilegales.
Al margen del color de la piel, destaca la similitud de los motivos o prejuicios que se invocan contra los inmigrantes. Quitan trabajo a los nacionales, porque están dispuestos a realizarlo por un salario menor. Con menos inmigración disminuirá la criminalidad y el paro. También hay ultras africanos, a juzgar por las bravatas de una «asociación de jóvenes parados de Libreville», que en un pasquín amenaza con que «todo extranjero en situación irregular residente en nuestros barrios será matado y quemado».
Nada de esto justifica la intolerancia frente al inmigrante en Europa. Pero hace ver que el problema no puede despacharse con una simple calificación de racismo. En Europa y en África los gobiernos de los países de inmigración deben afrontar problemas del mismo estilo. Y si hay algo que esté bien repartido son los prejuicios xenófobos.
Ignacio Aréchaga