Texas puede quedarse próximamente sin el fármaco que utiliza para aplicar la pena de muerte, pues los laboratorios farmacéuticos que lo fabrican han objetado a que sea usado con este fin. Este resultado permite situar en un contexto nuevo y esclarecedor la objeción de conciencia, que algunos quieren limitar en otros asuntos controvertidos. Así lo hace ver Sean Murphy en este artículo publicado originalmente en Protection of Conscience Project (Canadá).
A finales de 2010, en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) se presentó un informe de su Comisión de Asuntos Sociales, Salud y Familia en el que expresaba su profunda preocupación por el problema de la “objeción de conciencia no regulada” en Europa. El Comité propuso que los Estados adoptaran “una regulación integral y clara” para hacer frente a este problema.
Quejas contra la objeción de conciencia
Al final el Consejo adoptó una resolución (1) que contradecía casi por completo las premisas del informe, y que defiende explícitamente el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios (cfr. Aceprensa, 9-10-2010). Pero en 2011 el tema fue resucitado por el Dr. Leslie Cannold, un especialista en ética de Australia. El Dr. Cannold advirtió que “en el mejor de los casos, la objeción de conciencia no regulada es un accidente a punto de ocurrir”, y en el peor, “una espada empuñada por el creyente contra los vulnerables, con resultados catastróficos”. Era, escribió, “un problema acuciante que, en conciencia, ya no podemos ignorar”.
También el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se quejó el año siguiente de “la objeción de conciencia no regulada”, exigiendo que se cambiaran “las leyes y políticas que permiten la objeción de conciencia” (2). Mientras tanto, los profesores de las Universidades de Monash y Oxford Anne O’Rourke, Lachlan De Crespigny y Amanda Pyman publicaron un artículo atacando “el uso no regulado de la objeción de conciencia”.
Un artículo que apareció en abril de 2013 en el American Journal of Public Health abogó por la necesidad de cuestionar “la práctica no regulada de la objeción de conciencia”. Dos meses más tarde, el Centro de Derechos Reproductivos (CRR) y grupos que impulsaban la Iniciativa de los Derechos Sexuales hicieron exactamente lo mismo, quejándose al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la “objeción de conciencia no regulada” en los Estados Unidos.
A partir del informe del comité de PACE, uno de los temas recurrentes en estas quejas es que “la objeción de conciencia no regulada” es ilegítima y/o contraria a la ética, pues dificulta el acceso a fármacos, procedimientos o servicios legales (3).
En los casos de aborto y eutanasia hay grupos que piden la regulación de la objeción de conciencia para limitarla
Texas se queda sin droga para ejecuciones
La revista Time (4) ha proporcionado ahora un ejemplo actual de este problema.
En septiembre, Texas se quedará sin el único fármaco que utiliza en inyecciones letales para ejecutar la pena de muerte. Esto es fruto, en parte, de campañas que han convencido a una compañía farmacéutica europea –la danesa Lundbeck– para que deje de suministrar el fármaco usado para ejecuciones en EE.UU.
La decisión de la compañía fue el resultado de una persistente campaña de Amnistía Internacional y Reprieve, dos organizaciones que se oponen a la pena capital. Reprieve ha sido especialmente exitosa para convencer a las compañías farmacéuticas de que dejen de proporcionar sus productos para su uso en ejecuciones.
Algunas de ellas han firmado el Juramento Hipocrático Farmacéutico propuesto por Reprieve, que dice así:
“Nuestro trabajo se dedica al desarrollo y distribución de productos farmacéuticos al servicio de la humanidad; practicaremos nuestra profesión con conciencia y dignidad; nuestra primera consideración será el derecho a la salud del paciente: condenamos el uso de cualquiera de nuestros productos farmacéuticos para la ejecución de seres humanos”.
Reprieve considera el tradicional juramento hipocrático como la “piedra angular de la medicina occidental” que debería aplicarse a los fabricantes de medicamentos, así como a los médicos. Maya Foa, especialista del equipo de Reprieve sobre la pena de muerte, dijo a Time que su organización no está tratando de abolir la pena capital en los Estados Unidos, sino de convencer a las compañías farmacéuticas para que respeten el Juramento Hipocrático de “no hacer daño”.
Grupos de derechos humanos han presionando a compañías farmacéuticas para que dejen de suministrar fármacos utilizados para inyecciones letales
Las razones éticas de los laboratorios
Algunas empresas que han respondido positivamente a la presión de Reprieve pueden haberlo hecho por preocupaciones legales, y otras por el temor a que una publicidad negativa podría reducir sus beneficios. Sin embargo, al menos algunas –incluida la que suministraba a Texas– han alegado razones éticas para negarse a suministrar fármacos para las inyecciones letales:
Lundbeck: “El uso de nuestros productos para acabar con vidas humanas contradice la razón de ser de nuestro negocio: proporcionar terapias que ayuden a mejorar la vida de las personas”.
Kayem: “Voluntariamente declaramos que, como empresa india de productos farmacéuticos que aprecia el ethos del hinduismo, no vendemos esta droga cuando la finalidad es solo para inyecciones letales”.
Ganpati Exem: “Somos radicalmente contrarios al uso de medicamentos para ejecutar presos y no queremos contribuir a facilitar la pena de muerte en los Estados Unidos o en otro lugar”.
La libertad de conciencia corporativa
Estas declaraciones son claramente análogas a las posiciones éticas adoptadas por los médicos y otros agentes sanitarios –especialmente los farmacéuticos– que, por razones de conciencia, se niegan a participar en procedimientos como el aborto, el suicidio asistido o la eutanasia. De hecho, la Coalición para la Prevención de la Eutanasia suscribe sin reservas el juramento hipocrático farmacéutico y ha pedido a Maya Foa que el Stop Lethal Injection Proyect (SLIP) se extienda también al uso de pentobarbital en la eutanasia y el suicidio asistido.
Aquí nos encontramos con un obstáculo creado por los que se quejan de la objeción de conciencia no regulada. Afirman que las instituciones o empresas no tienen derecho a ejercer la libertad de conciencia, ya que –dicen– solo las personas tienen conciencia, por lo que solo las personas pueden hacer valer este derecho. El Gobierno irlandés ha adoptado recientemente este punto de vista con respecto a los hospitales católicos, y un editorial (5) del New York Times (2-08-2013) se ha basado en el mismo razonamiento para criticar las demandas civiles por motivos de conciencia presentadas por empresas: “Las empresas con fines de lucro no son seres humanos capaces de tener un compromiso religioso”.
Ciertamente, el New York Times podría argumentar que las empresas o instituciones que firman el Juramento Hipocrático Farmacéutico no ejercen “realmente” la objeción de conciencia o no están adoptando “realmente” una posición moral o ética, a pesar de las apariencias. Podría describir la decisión de Lundbeck únicamente en términos de autonomía corporativa ajena a la moral, o como un puro ejercicio del interés corporativo. Podría, si quisiera, incluso sostener que es legítimo negarse a suministrar productos lícitos para fines lícitos, si la decisión se basa en razones de rentabilidad, pero no si se basa en convicciones morales. Por supuesto, todo esto requeriría que el New York Times siguiera haciendo lo que hizo en su editorial: adoptar y poner en práctica las convicciones morales o éticas corporativas, que, según su editorial, una empresa no puede tener.
En cualquier caso, hay un punto más allá del cual la deconstrucción se convierte en mentira. No es razonable afirmar que los que se adhieren al Juramento Hipocrático Farmacéutico lo hacen solo por razones que tienen que ver con los beneficios empresariales y el éxito, y que no pretenden expresar convicciones morales o éticas sobre las ejecuciones por inyección letal. Por otra parte, el tono y el contenido del artículo de Time sugiere que las empresas firmantes del Juramento no están haciendo nada inusual o inapropiado al basar su actuación en convicciones de conciencia acerca de la ejecución por inyección letal.
Por el contrario, el lector se queda con la impresión de que el reconocimiento de las obligaciones morales de las empresas es algo totalmente natural y esperado. Los que son citados en el artículo creen que las compañías farmacéuticas están éticamente obligadas a evitar que sus productos se utilicen para las ejecuciones, y que incurrirían en una negligencia culpable si no lo hicieran. Por ejemplo, Time cita una carta abierta dirigida por el Dr. David Nicholl y otros 60 médicos y académicos al director general de Lundbeck, en la que dicen que están “consternados ante la inacción de Lundbeck para impedir que el fármaco Nembutal [pentobarbital] sea suministrado para su utilización en las ejecuciones en los Estados Unidos”..
¿Remitir a otros?
Esto contrasta con el enfoque del Dr. Cannold sobre la objeción de conciencia. Según él, los objetores pueden “hacerse a un lado para no participar en una actividad a la que objetan, pero no pueden obstaculizar el camino” para impedir que las personas tengan acceso a servicios lícitos. Desde este punto de vista, incluso si las empresas tuvieran derecho a ejercer la libertad de conciencia (y el New York Times, el Dr. Cannold y otros piensan que no), no tendrían derecho a impedir activamente el acceso al pentobarbital.
Por el contrario, el Dr. Cannold y sus colegas exigen que los objetores faciliten el acceso a los procedimientos moralmente controvertidos, derivando al paciente a otro médico o por otros medios, para que nadie se vea privado del acceso a un servicio lícito. Esto se presenta como un “equilibrio” entre derechos en conflicto, o como una solución de compromiso. Pero de acuerdo con este tipo de solución, Lundbeck debería ayudar al estado de Texas a encontrar suministros alternativos de pentobarbital u otros fármacos que puedan utilizarse para aplicar la inyección letal.
Esto sería claramente inaceptable para Reprieve y los signatarios del Juramento Hipocrático Farmacéutico. Después de todo, ninguna de las empresas ha participado directamente en la realización de inyecciones letales. Sin embargo, la presión ejercida sobre ellas fue efectiva debido a una convicción general de que incluso la distribución de pentobarbital a través de intermediarios era suficiente para que fueran moralmente cómplices de las ejecuciones por inyección letal, ya que era posible organizar la distribución de modo que se impidiera que los verdugos obtuvieran el fármaco. Sería ridículo sugerir que Reprieve o los signatarios del juramento deberían facilitar deliberadamente las ejecuciones remitiendo a los verdugos a otros suministradores de pentobarbital, sin que esto implicara un grado significativo de complicidad moral.
Las normas éticas aprobadas por la Asociación Médica Americana y la Asociación Médica Mundial son aplicables aquí. Ambas asociaciones consideran que no es ético que los médicos participen en la aplicación de la pena de muerte, y ambas incluyen en la participación la facilitación indirecta de alguna manera (6). En 2012, la AMM reafirmó esta posición y expresamente declaró que los médicos no deben “facilitar la importación o la prescripción de medicamentos para ejecuciones”.
Controversia con los hospitales católicos
Lundbeck vendió la patente de pentobarbital a una empresa de Estados Unidos en 2011, pero la venta estaba condicionada a que la nueva empresa suscribiera las mismas restricciones sobre la distribución del fármaco. El acuerdo impone efectivamente que la empresa americana respete la misma ética corporativa de Lundbeck en el tema de la ejecución por inyección letal, al parecer para siempre, y no parece que la condición haya sido impugnada o cuestionada. Time informó del acuerdo sin comentarios y sin buscar comentarios de terceros, lo que sugiere que tanto el reportero como los editores consideran que la restricción sobre la distribución está dentro de los parámetros de los acuerdos comerciales corrientes y aceptables.
Compárese esto con la controversia que a menudo estalla cuando los hospitales católicos tratan de que se respeten los principios de la doctrina católica como un requisito cuando se fusionan con otros hospitales. Tales restricciones provocan fuertes protestas por parte de grupos como MergerWatch y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). Tres semanas antes de que se publicara el artículo de Time, el Seattle Times elogió al gobernador del estado de Washington por revisar las normas que rigen las fusiones y acuerdos entre hospitales. El gobernador respondía así a la presión ejercida por la ACLU y otros, que se quejaron de que las instituciones católicas tienden a insistir en las restricciones de tipo Lundbeck contra el aborto y el suicidio asistido.
Time no se ocupó de esto, porque la revista no hizo ninguna conexión entre la negativa de Lundbeck a suministrar pentobarbital para la pena de muerte y la controversia actual sobre la libertad de conciencia en el sistema sanitario. La historia de Lundbeck y el Juramento Hipocrático Farmacéutico no se refiere solo a la oposición a la pena capital, sino también “al problema de la objeción de conciencia no regulada”, presentado en un contexto nuevo y esclarecedor.
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Notas
(1) PACE Resolution 1763 (2010): “The right to conscientious objection in lawful medical care” (7 Octubre 2010).
(2) Human Rights Council, Twentieth session, Agenda items 2 and 3: “Annual Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Technical guidance on the application of a human rights-based approach to the implementation of policies and programmes to reduce preventable maternal morbidity and mortality” (2 julio 2012) par. 61, 30.
(3) El Dr. Cannold se refiere específicamente al “aborto legal” y afirma que los trabajadores sanitarios no deben bloquear el acceso a “servicios legales” a los que las personas tienen derecho. O’Rourke, De Crespigny y Pyman argumentan que “el uso no regulado de la objeción de conciencia obstaculiza los derechos de las mujeres para acceder a procedimientos médicos seguros y lícitos”. El Centro para los Derechos Reproductivos critica que la objeción de conciencia no regulada permite a los trabajadores sanitarios “negar a las mujeres el acceso a servicios lícitos de salud reproductiva invocando objeciones morales o religiosas”.
(4) Sandburn, Josh, “The Hidden Hand Squeezing Texas’ Supply of Execution Drugs”, Time (7 agosto 2013).
(5) Editorial: “Contraception and Corporations”, New York Times (2 agosto 2013).
(6) Resolución de la AMM sobre la Participación del Médico en la Pena de Muerte. Adoptada por la 34ª Asamblea Médica Mundial, (Lisboa, septiembre/octubre de 1981) y enmendada por la 52ª Asamblea General de la AMM (Edimburgo, Octubre 2000) y la 59ª Asamblea General de la AMM, (Seúl, octubre de 2008). Política de American Medical Association E-2.06: Pena de Muerte.