El escándalo de los abusos sexuales y otras conductas impropias por parte de trabajadores de Oxfam en varios países en desarrollo, ha ensombrecido el buen nombre de esta ONG, hasta ahora una de las más apreciadas por el público. El caso, junto con algunos similares conocidos recientemente, revela que también en las organizaciones humanitarias puede darse la falta de respuesta rápida y de transparencia que se ha visto en otros ámbitos con respecto los abusos, desde Hollywood a la Iglesia.
El pasado 15 de febrero, dos directivos de Oxfam Intermón, la filial española de la ONG, comparecieron ante los medios para abordar la crisis actual, sobrevenida a raíz de publicarse en medios británicos detalles de la participación de miembros de Oxfam Reino Unido en orgías sexuales en Haití en 2011, precedidas de otras experiencias en Chad, en 2006. Algunos que habían cometido abusos en el país africano volvieron a cometerlos en Haití años más tarde, pues la organización, que ya conocía el caso, no impidió que volvieran a alistarse en otra misión.
Para evitar situaciones de abuso sexual, algunos han pedido a la Iglesia eliminar el celibato, un “factor de riesgo” que, de seguro, no tienen en muchas de las ONG ahora implicadas
Los representantes nacionales de Oxfam han salido al paso con prontitud. La directora de la filial australiana ha dicho que los involucrados son “un grupo de hombres privilegiados” que han traicionado la confianza depositada en ellos y que no representan los valores de la organización. En Madrid, idéntico mensaje: un puñado de infractores no es toda la institución, y “no hubo inacción” frente a ellos. Según el director general de la filial española, José María Vera, “el caso de Oxfam GB ni se dejó pasar ni se ocultó. Se investigó, se sancionó y se comunicó”.
Sin embargo, el asunto ha permanecido oculto hasta ahora. Aunque la organización señala que desde 2012 se han reforzado los protocolos de actuación para gestionar eficazmente casos de este tipo, únicamente a raíz de la crisis de Oxfam GB se han conocido estos sucesos.
Por “protección de datos”
No solo a la filial británica le han salido “ranas” algunos de sus empleados. Oxfam Intermón informó de cuatro casos que implican a españoles, ocurridos en América Latina y África. La organización no especifica siquiera el país, ni cuántos sucedieron en un continente o en otro, por las exigencias –dice– de la Ley de Protección de Datos.
Lo que hemos sabido es esto: los dos primeros casos consistieron en comentarios de connotación sexual de dos trabajadores hacia sus compañeras –los infractores fueron amonestados, lo que se reflejó en sus expedientes laborales–, el tercero fue uno de acoso e intimidación de un empleado a una colega, cuya denuncia se conoció cuando aquel ya había abandonado la ONG –también se hizo constar en su expediente–, y en el cuarto, un trabajador pagó los “servicios sexuales” de una persona adulta, por lo que fue despedido. Hechas las revelaciones, la entidad quiere dejar en negro sobre blanco la irrelevancia estadística del asunto: “Somos un total de 3.100 personas íntegras, con los valores y las prácticas que Oxfam Intermón necesita”.
De 10 grandes ONG a las que Reuters pidió información sobre sus casos de abuso sexual, solo seis accedieron a darla
Además, según explican los directivos españoles, no se informa motu proprio sobre los infractores a otras organizaciones humanitarias donde puedan recalar. También lo impide, dicen, la Ley de Protección de Datos, por lo que, solamente cuando otra ONG les pide referencias, enuncian un “nosotros no lo volveríamos a contratar” –algo que quizás sirva lo mismo para el que robó un pedazo de queso de la cocina que para quien pagó a prostitutas en un país en ruinas–. A la vista de lo que ha ocurrido, empieza a plantearse la cuestión de si no se podría advertir siquiera a las más conocidas –Save the Children, Cruz Roja, Médicos sin Fronteras, etc.– acerca de la no idoneidad de una persona.
A fin de cuentas el público, que con buena voluntad hace su aporte a las causas humanitarias, está acostumbrado a que se aireen en público los casos de corrupción de los políticos o los abusos protagonizados por algunos sacerdotes, y pudiera tener interés en los detalles.
Confianza ciega
Las últimas revelaciones han ido en menoscabo de la confianza del público en las ONG humanitarias, que era alta en general. Un sondeo efectuado en EE.UU. en 2010, y citado por The Economist, revelaba que el 70% de los norteamericanos confiaban más en esas instituciones que en el gobierno cuando el asunto era lidiar con “los más acuciantes problemas de nuestro tiempo”.
No pocas ONG se mueven en la opacidad –según un estudio de la consultora Dalberg, muchas no contaban con directores independientes que controlaran su gestión– en una asumida percepción de que la gente y las autoridades dan por descontado que su dinero está en buenas manos y que no se necesita fiscalizarlo, pues no se utilizará un céntimo en pagar “servicios sexuales” –que un trabajador de Oxfam lo haga con su propio dinero vendría a ser lo mismo: su sueldo lo pagan los donantes–.
Paulatinamente, sin embargo, esa confianza ciega parece estar dando paso a otra actitud: la del escrutinio. Según el semanario británico, la BBC tocó a las puertas de 20 organizaciones para interesarse por cuánto pagaban a sus captadores –los jóvenes que se acercan a los transeúntes para intentar convencerlos de que colaboren con su ONG– por cada nuevo donante. Solo dos de esas entidades dieron la información requerida.
Oxfam no informa “motu proprio” sobre los infractores a otras organizaciones humanitarias donde estos puedan recalar
Pero no solo de dinero va el asunto. Ahora mismo, con los escándalos sexuales en la parrilla, Reuters ofrecía el 13 de febrero la noticia de que, de 10 grandes ONG a las que había solicitado datos sobre sus casos de abuso, solo dos –Save the Children y Oxfam– habían respondido de inmediato; otras cuatro –Médicos sin Fronteras, Norwegian Refugee Council, World Vision y los Mercy Corps– lo habían hecho días después, y las últimas cuatro no habían cooperado. Lo más que dijo el Comité Internacional de la Cruz Roja fue que estaba en la tarea de construir una base de datos sobre el tema, y otra, como CARE International, señaló que no publica ese tipo de información.
La cerrazón en este sentido puede derivar en que el público, una vez estallen escándalos como los de ahora, tome distancias. En el caso español, Oxfam Intermón informaba el 15 de febrero que, desde que salieron a la luz los casos de abuso, se habían dado de baja unos 1.200 socios. Su par holandés, Oxfam Novib, declaraba que, hasta el 12 de febrero, habían perdido 700 donantes, y Oxfam Reino Unido reportaba 1.270 bajas hasta el día 13. Personalidades como el arzobispo sudafricano y Premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu, el cantante español Miguel Bosé y la actriz británica Minie Driver han cortado su vínculo de cooperación con la ONG.
¿Y los “célibes” de Oxfam?
Aunque bien puede haber “unas pocas patatas podridas” que escapan a la vigilancia de los responsables de la organización, en el caso de Oxfam es relevante al respecto el testimonio de Helen Evans, quien fue responsable de seguridad de la organización y denunció en varios momentos ante sus superiores incidencias como las que ahora han salido a la luz, tanto en países donde tiene presencia la ONG como en el Reino Unido. Evans les advirtió de la existencia de toda una “cultura de abusos sexuales”, pero sus interlocutores no le prestaron atención.
En vista de ello, Evans presentó en 2015 sus denuncias ante el organismo supervisor del gobierno británico, en un momento en que se suponía que ya Oxfam contaba con un mecanismo “reforzado” para gestionar las denuncias, proteger a las víctimas, poner fuera de juego a los autores… Según parece, era muy poco lo que se había cambiado y reforzado.
A la vez, sigue siendo verdad que los culpables de abusos son una pequeña minoría del personal de Oxfam y otras ONG, al igual que entre profesores, sacerdotes, médicos y entrenadores deportivos, y cascos azules. Precisamente porque casos similares se dan en muy diversos ámbitos, difícilmente se sostienen las teorías que, para uno de ellos, los atribuyen a un problema específico, concretamente en la Iglesia católica.
Es lo que hizo el Comité de la ONU para los Derechos del Niño, que en 2014, desoyendo toda la evidencia presentada por la Santa Sede sobre su labor para proteger a los menores, llegó a pedirle que cambiara su doctrina sobre homosexualidad y aborto, y que superara “todas las barreras y tabúes sobre la sexualidad adolescente, que dificultan su acceso a la información sexual y reproductiva”.
Algunos que habían cometido abusos en Chad volvieron a cometerlos en Haití años más tarde, pues Oxfam no les impidió alistarse en esa misión
Otra instancia que recientemente procedió de modo parecido fue la Comisión Real creada en Australia para investigar los casos de abusos contra menores ocurridos allí, y que tuvo en las instituciones católicas su blanco predilecto. En su informe, el grupo de trabajo llegó a pedir la eliminación del celibato obligatorio, pues vendría a ser un “factor de riesgo” que da pie a disfunciones psicosexuales de los miembros del clero, quienes pueden terminar dañando a los menores.
A la luz de las últimas noticias, cabe preguntarse cuántos miembros de Oxfam, la Cruz Roja, Save the Children, etc., denunciados por mala conducta sexual, guardaban voto de celibato, y uno presumiblemente tan férreo que les incitó a organizar “orgías dignas de Calígula”. O si, por el contrario, la ONU o alguna comisión dictarán que estar casado o divorciado son factores de riesgo que pueden empujar al individuo a aprovecharse de mujeres que, para llevar el sustento a sus chabolas en el país más atrasado de América, no tienen otra que acceder a los bajos instintos del trabajador “humanitario”.