Uno de los objetivos de desarrollo establecidos por las Naciones Unidas para un futuro próximo es el de atajar la pobreza energética, garantizando el acceso a una energía sostenible, limpia y eficiente. Y aunque en los últimos años se están haciendo avances al respecto, todavía queda un largo recorrido en la aplicación de medidas sociales, políticas y económicas.
En este contexto, la ONU ha ido definiendo la pobreza energética según algunos parámetros. Entre ellos están la falta de conexión a la red eléctrica, la carencia de condiciones adecuadas para mantener una temperatura idónea en las viviendas sin tener que recurrir a combustibles o equipamientos ineficientes y contaminantes, o la falta de capacidad económica para acceder a un suministro de energía con los estándares de calidad exigidos.
En los países llamados del Tercer Mundo, la solución frente a la pobreza energética empieza por la electrificación en zonas rurales o desconectadas de la red de transporte eléctrico. En países como Honduras, Guatemala o Nicaragua, menos del 50% de la población tiene acceso a una energía que no dependa de fuentes de generación individual, altamente contaminantes, como la quema de biomasa, leña o carbón vegetal, por la ausencia de conexión una red de distribución de energía. Aunque todavía queda mucho por hacer, esta electrificación es ya un hecho en algunas zonas, gracias a la implantación –con ayuda de países desarrollados– de proyectos de producción eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cada vez más eficientes, que además aprovechan los recursos naturales de cada geografía; así como a la instalación de fuentes de generación cercanas, lo que permite crear redes locales, más económicas, de distribución y acceso a la energía. Con la ejecución de estos proyectos, mientras los “pobres” progresan en su calidad de vida, los países “ricos” cumplen los objetivos establecidos en las distintas cumbres sobre medio ambiente y cambio climático.
Pobres de países ricos
Por su parte, en los países desarrollados, con una red eléctrica extensa e interconectada y un mercado eléctrico de libre competencia, la pobreza energética se centra fundamentalmente en la imposibilidad económica para afrontar el suministro de electricidad y calor. Lo que provoca en muchas ocasiones cortes del suministro por impago o la generación de deudas por retrasos en el pago de las facturas.
La primera definición de pobreza energética, no oficial, utilizada en el Reino Unido, se centraba en aquella situación en la que el consumidor debía gastar más del 10% de sus ingresos en mantener la vivienda en condiciones adecuadas de calor.
En la UE, el 6,8% de los hogares no pueden pagar la factura de electricidad, y el 7,3% de la población no puede mantener la casa a la temperatura adecuada
La Unión Europea fija como causas del problema el elevado precio de la energía, los bajos ingresos familiares, y la falta de aislamiento adecuado en los hogares. En los países de nuestro entorno, y en particular en España, la situación de vulnerabilidad energética se identifica de facto por algunos aspectos tales como el elevado porcentaje de renta disponible dedicada al suministro eléctrico o los atrasos en el pago de las facturas de los servicios con el consecuente corte de suministro.
Se considera necesario, sin embargo, que se adopte una definición específica del concepto de pobreza energética en el continente, con parámetros evaluables, que ayude a fijar las inversiones y reformas político-económicas adecuadas.
Los que no pueden pagar la factura de la luz
No obstante, se han dado los primeros pasos. En 2019, el Comité Europeo de las Regiones aprobó el documento “Gobernanza multinivel y cooperación intersectorial para combatir la pobreza energética”, que incluye algunas propuestas de inversión en eficiencia energética en edificios, así como supervisión de un mercado eléctrico que –aunque competitivo– ofrezca protección a los consumidores más vulnerables, mediante el establecimiento de precios y descuentos adecuados, y amparo mediante regulación específica.
Asimismo, la Comisión Europea ha aprobado recientemente una Recomendación en la que indica que, ante la falta de una definición normalizada de pobreza energética, “son los Estados miembros quienes deben desarrollar sus propios criterios en función de su contexto nacional”.
Según el citado documento, en 2019, el 6,8% de consumidores domésticos en Europa (alrededor de 30 millones de consumidores) no podían afrontar la factura eléctrica, con el consecuente riesgo de corte de suministro. Además, el 7,3% de la población europea (alrededor de 37 millones de personas) no podían mantener una temperatura adecuada en el interior de sus hogares. Los países donde la proporción es mayor son Bulgaria (30,1% de los hogares), Lituania (26%), Chipre (21%), Portugal y Grecia (18%), e Italia (11%).
Por su parte, el Observatorio para la Pobreza Energética de la Unión Europea ha publicado un informe que refleja las diferencias entre los países, teniendo en cuenta los distintos mercados energéticos y las medidas llevadas a cabo en cada región. Así, se observa que en algunos países como Alemania (17%) o Malta (20%), los consumidores domésticos dedican gran parte de sus ingresos al suministro eléctrico, mientras en otros, como Luxemburgo (11%), la proporción es inferior a la media europea (que se sitúa en un 16%).
En España, entre 3,5 y 8 millones de consumidores sufren de una u otra forma la pobreza energética. El 14% de los consumidores emplean un alto porcentaje de su renta en el suministro energético, por debajo de la media de la UE. Sin embargo, en 2018 el 9,1% de los hogares no pudieron mantener los estándares adecuados de calor (frente a un 7,3% del conjunto de países de la UE), siendo también significativo que un 7,2% de los consumidores domésticos ha tenido atrasos en los pagos de suministros.
Identificar a los hogares vulnerables
En ese sentido, se hace imprescindible, en primer lugar, determinar a nivel local o regional, el número de hogares en esta situación. Sobre este particular, el contexto actual de pandemia, que ha llevado en muchos sectores a una reducción drástica de la renta familiar disponible para los suministros esenciales, se precisa realizar una nueva evaluación de los criterios económicos y sociales para considerar a los consumidores vulnerables, o en riesgo de exclusión social, objeto de las ayudas necesarias para hacer frente a dichos suministros. Además, convendrá determinar aspectos tales como cuándo los servicios sociales locales o estatales deben asumir íntegramente el gasto del suministro energético en circunstancias particulares, como familias con menores a cargo, o necesidades médicas especiales, o si los descuentos aplicados en la facturación eléctrica logran reducir suficientemente la renta destinada a este fin.
Las organizaciones privadas son las que más fácilmente pueden identificar a los hogares con pobreza energética y facilitarles el acceso a las ayudas
Es interesante destacar (y así lo hace la Comisión Europea en el citado informe) la importancia de la colaboración entre organizaciones públicas y privadas, puesto que son estas las que en muchas ocasiones pueden identificar la existencia de pobreza energética en los sectores sociales en los que trabajan. Además, las entidades públicas deben informar de las medidas legislativas y económicas adoptadas en situaciones de vulnerabilidad a las organizaciones privadas, para que estas ayuden en los trámites necesarios para acceder a las ayudas.
No menos importante en el camino para reducir la pobreza energética es la educación del consumidor para la utilización de la energía de una forma más eficiente, sin que esto disminuya su calidad de vida. Por ejemplo, si a la subvención directa para la mejora de aislamiento en los edificios, se suma una campaña que informe sobre acciones del consumidor para aprovechar bien dichas mejoras (como la utilización correcta de los aparatos de calefacción, el aprovechamiento de la luz solar, etc.), el beneficio económico será mayor que si únicamente se prevén medidas económicas.
Finalmente, el consumidor energético vulnerable debe ser capaz, en la medida de sus capacidades socioculturales, de crear hábitos de consumo energético que repercutan en la disminución de la factura. Aprender sobre la utilización eficiente de los electrodomésticos, conocer formas de ahorro de energía habituales (tales como mantener desenchufados o completamente apagados los aparatos que no se estén utilizando), o diferenciar los aparatos de mayor consumo para sustituirlos por productos similares más eficientes, puede suponer un ahorro considerable.
En definitiva, la pobreza energética, concepto amplio en términos y muy distinto según las distintas regiones, debe abordarse a todos los niveles, si bien son las políticas económicas y sociales a nivel local el primer paso, esencial y efectivo, en el camino hacia su erradicación.