Al comienzo de las campañas de vacunación contra el Covid-19 los países ricos compraron todas las dosis que pudieron, por temor a quedarse cortos. Luego les han sobrado a millones. En un reportaje publicado en Le Monde, Olamikan Gbemiga explica este gran despilfarro.
Desde el comienzo de la campaña de vacunación, más de 240 millones de dosis de vacunas han quedado obsoletas por sobrepasar su fecha de expiración. Y esto solo en los stocks nacionales de los países ricos. A falta de datos sobre los países pobres, este primer inventario estaría muy subestimado, según la sociedad de análisis de datos sanitarios Airfinity. Las dosis caducadas en los países pobres superan el balance ya excesivo de los países ricos.
Estos últimos se deshicieron masivamente de sus dosis excedentarias desde octubre de 2021, a veces muy poco antes de que caducaran, por acuerdos bilaterales con otros países o por medio de Covax, el programa internacional dedicado a proporcionar vacunas a los países en desarrollo. Pero estas dosis de última hora creaban un estrés considerable en sistemas de salud que tenían que aprovecharlas en poco tiempo. Solo en el mes de diciembre de 2021, más de 100 millones de vacunas donadas a través de Covax fueron rechazadas por los beneficiarios por la corta duración de vida que les quedaba.
Un ejemplo. En octubre de 2021, Nigeria acepta varias donaciones de 2,6 millones de vacunas de AstraZeneca, a las que les quedaban de cuatro a siete semanas de duración. Solo hubo tiempo de inyectar 1,53 millones de vacunas. El resto fueron destruidas con un bulldozer en un vertedero a cielo abierto en Gosa.
Nigeria no es un caso aislado. Después de haber comprado lo esencial de la producción mundial al comienzo de la pandemia, los países ricos se han encontrado con excedentes de vacunas sin haber previsto los obstáculos jurídicos y logísticos asociados a las donaciones y a las reventas.
Las condiciones de los fabricantes hacen prácticamente imposible una respuesta rápida ante las peticiones de ayuda internacional. Entre las condiciones está la obligación contractual de los Estados miembros de obtener por escrito el consentimiento de los fabricantes. Otro obstáculo suplementario es la corta duración de estas vacunas, que oscila entre seis y veinticuatro meses, contra más de tres años en general para las demás vacunas.
La Agencia Europea del Medicamento (EMA) pidió a los fabricantes que solicitaran la prolongación de la duración de vida de sus vacunas. AstraZeneca fue el único que no siguió esta recomendación, de modo que su vacuna se mantuvo en los seis meses iniciales; mientras que los otros han podido agregar dos meses (Moderna), tres (Pfizer-Biotech) e incluso siete meses suplementarios (Janssen).
Por otra parte, en el marco de un acuerdo con AstraZeneca, el Serum Institute of India produce en sus fábricas una vacuna equivalente a la de AstraZeneca, con una duración de vida de nueve meses. El fabricante sueco-británico alega que una modificación del plazo de duración es un proceso complejo que implica la recolección de datos de veinte partners, para asegurar que todas las extensiones de modificación de la duración de las vacunas responden a las normas de calidad más elevadas. Para Enrica Altieri, especialista de la EMA, “debemos preguntarnos hasta qué punto las duraciones de conservación indicadas en la etiqueta de estos productos son reales”. “Las empresas tratan generalmente de obtener la fecha de caducidad más corta posible por dos razones principales. La primera es que los estudios llevan tiempo; y la segunda es que cuando un medicamento caduca, lo tiramos y compramos otro”.