En el estado de Washington, 138.000 ciudadanos han firmado una petición para someter a votación popular en las elecciones locales del próximo noviembre una iniciativa para proteger el matrimonio entre hombre y mujer, y rechazar la ley estatal que reconoce las parejas del mismo sexo. Es una práctica común que con ocasión de las elecciones se decidan también asuntos discutidos como éste. Pero la iniciativa ha sentado muy mal al lobby gay, que, para asustar a sus promotores, exigió que sus nombres se hicieran públicos.
Un tribunal de segunda instancia sentenció que debería hacerse pública la lista con los nombres y domicilios de los firmantes. Sin embargo, el juez Anthony Kennedy, Juez de la Corte Suprema norteamericana, ha echado abajo la decisión del tribunal inferior, para defender la libertad de expresión de los firmantes que podían verse intimidados por presiones.
Había motivos para no correr este riesgo. Basta ver la reacción del lobby gay contra personas e instituciones que apoyaron en California la llamada Proposición 8, por la que en noviembre de 2008 se adoptó una enmienda a la Constitución del estado reservando el matrimonio para las parejas de hombre y mujer (cfr. Aceprensa 19-11-2008 y 19-01-2009).
“Los norteamericanos dicen abogar por el debate honrado y abierto, pero al llegar a la cuestión del matrimonio homosexual, parece que algunos partidarios más bien prefieren intimidar a los críticos”, se lee en el artículo del Wall Street Journal (20-10-2009) que informa sobre esta cuestión. En concreto, cuenta los casos de varios donantes californianos, que contribuyeron a sufragar la exitosa campaña de la Proposición 8.
Algunos de esos donantes, como Richard Raddon, director del Festival de Cine de Los Ángeles, de titularidad estatal, fue forzado a dimitir; Scott Eckern, director artístico del California Musical Theater, fue obligado, por presión del lobby homosexual, a renunciar a realizar la donación que ya había comprometido. En otros casos hubo llamadas a boicotear empresas o a manifestarse contra instituciones. El peligro de intimidación o acoso es real, y así lo ha considerado el juez Kennedy.
Bruce Chapman, ex director de la Oficina del Censo, ha dicho que la publicación de los nombres podría entorpecer la democracia: “No revelamos a quién vota cada elector, ni el voto de los jurados y los datos del Censo se conservan como datos privados durante 70 años”, y lo mismo hay que hacer con las peticiones de iniciativas populares.
Crímenes violentos por motivos de orientación sexual
En otro aspecto, en cambio, la agenda gay ha dado un paso adelante. Obama ha ratificado la ley que equipara los crímenes violentos por motivos de género, preferencia sexual o discapacidad con aquellos motivados por razón de raza, etnia o religión. Es decir, los crímenes provocados expresamente por la orientación sexual pasan a ser penados por la histórica ley federal de crímenes por odio de 1969. La ley se refiere solo a “actos violentos” motivados por las características de la víctima, pero no incluye lo que se refiera a cuestiones relacionadas con el discurso. Lo cierto es que ya existían ese tipo de leyes en más de la mitad de los estados de EE.UU.
Con esta medida Obama contenta a las organizaciones gays que se están quejando de que el nuevo presidente no se ha apresurado a cambiar la legislación que ellos rechazan. En concreto, piden que se cambie en el Ejército la regla “no preguntar, no decir”, que impide admitir en las Fuerzas Armadas a los que manifiestan abiertamente su homosexualidad, y que se reconozca el matrimonio homosexual, actualmente prohibido en la gran mayoría de los estados.